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La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) habilitará el régimen de reintegros para jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo y para los titulares de la Asignación Universal por Hijo y por embarazo. Será un reintegro del 15 por ciento en la compra de alimentos que se realice en cualquier comercio y con tarjeta de débito. Tendrá un tope de 700 pesos mensuales y estará vigente desde el primero de marzo. En la práctica, el impacto significará un aumento indirecto para 7,1 millones de personas: una suba del 22,5 por ciento para la AUH y del 4,5 por ciento para una jubilación mínima. “Esto va a generar un alivio en los estratos más bajos que están sobre endeudados, y a la vez tendrá efectos reactivantes en el consumo interno”, aseguró la titular de AFIP, Mercedes Marcó del Pont, quien se presentó este lunes en conferencia de prensa en la Casa Rosada.
El reintegro se dará en el consumo de alimentos que se realice en cualquier tipo de comercio, ya sea un supermercado o un almacén, siempre y cuando se utilice la misma tarjeta de débito donde se perciben las jubilaciones, pensiones y asignaciones. Una persona que realice una compra de 1000 pesos con tarjeta tendrá acreditado en su cuenta 150 pesos en 24 horas hábiles. Habrá un tope de 700 pesos mensuales, que surge de un estudio realizado por la AFIP que advierte que el estrato más bajo de ingresos paga 1500 pesos en IVA por mes en alimentos. “Lo que pensamos es que habiendo en un hogar dos titulares de pensión o jubilación, lo que hace el reintegro es devolver a las familias lo que pagan en concepto de IVA”, explicó Marcó del Pont.
La decisión fue tomada en línea con el aumento a las jubilaciones
, pensiones y asignaciones, que tuvo un incremento porcentual mayor en los sectores de menores ingresos. “Es cierto que hay un sector que está un poco más arriba de la mínima que por el momento no va a ser beneficiado, pero esta medida fue tomada en un contexto de una situación fiscal muy delicada, donde se priorizan los sectores más vulnerables, que más han sido castigados en Argentina”, indicó la titular de AFIP.
En caso de que los reintegros sean utilizados plenamente, la medida tendrá un costo fiscal de 5000 millones de pesos mensuales. En un principio podría ser menor, dado que el uso de la tarjeta en los beneficiarios es del 20 por ciento. Por eso buscarán, junto al Banco Central, al Pami y al Ministerio de Desarrollo Social, duplicar el uso de la tarjeta. Y además, que los comercios de proximidad se formalicen e incorporen medios de pago electrónicos, para que el consumo no se concentre solamente en hipermercados.
El financiamiento se llevará a cabo con partidas del Tesoro. No irá contra recursos coparticipables, tal como fue la quita de IVA en la canasta básica del gobierno macrista, que derivó en un fallo judicial a favor de las provincias
. Marcó del Pont consideró esa medida como un “fracaso”, dado que tuvo un costo fiscal de 3000 millones de pesos mensuales, es decir, más de 12 mil millones de pesos, dado que se extendió desde mediados de agoto y hasta el 31 de diciembre. “Duró lo que un suspiro el impacto en el precio de los alimentos, fue consumido por el proceso de aceleración inflacionaria”, remarcó la economista. Además, la calificó como regresiva dado que se aplicaba sobre todos los consumidores. “Nuestra propuesta busca financiar la demanda de menores ingresos, por lo que tiene impactos redistributivos muy relevantes”, remarcó.
La medida finaliza en agosto, aunque podría ser prorrogable, y aspiran a que en los próximos meses puedan sumarse los titulares de las tarjetas alimentar, del programa de Argentina contra el Hambre.
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