Mercado laboral: tierra fértil para el coronavirus …

Producción: Javier Lewkowicz

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Doble desafío

Por Matías Maito *

Dice el refrán que el hilo se corta por lo más delgado, pero el problema es que la parte más delgada de nuestro mercado laboral es demasiado extensa. Por eso el daño que le ocasionó la pandemia tuvo una dimensión muy significativa. Digámoslo de otro modo: el daño fue directamente proporcional a la situación de extrema vulnerabilidad que caracterizaba al empleo en nuestro país antes de la irrupción del coronavirus. Y claramente fue amortiguado por las políticas públicas que fueron eficaces en proteger al sector formal de la economía.

Entre los meses de abril y junio de 2020 tuvo lugar una acelerada destrucción de puestos de trabajo. En relación a un año atrás, se contabilizaron 3,7 millones de personas ocupadas menos en todo el país. Los principales afectados por la destrucción de empleo fueron quienes estaban insertos en las modalidades ocupacionales más precarias e inestables.

El 86 por ciento de la caída del número de ocupados se explica por los asalariados informales y los trabajadores por cuenta propia: el número de trabajadores no registrados se redujo un 43 por ciento (2,1 millones menos) y el de cuentapropistas, 27 por ciento (1,1 millones menos). Esta realidad contrastó fuertemente con la situación de los trabajadores formales en relación de dependencia: la reducción de la cantidad de personas que estaban insertas en esa modalidad ocupacional fue del 3 por ciento (258 mil menos).

La elevada vulnerabilidad de los mercados laborales más precarizados queda en evidencia al contrastar el impacto que tuvo la pandemia en los países latinoamericanos en relación a lo ocurrido en Europa. Entre los segundos trimestres de 2019 y 2020, la cantidad de personas ocupadas cayó 49 por ciento en Perú, 22 en Colombia, 21 en nuestro país y 20 por ciento en Chile.

En Europa, las caídas fueron significativamente más moderadas: 6 por ciento en España, 4 en Italia, 2 en Francia y 1 por ciento en Noruega, entre otros casos. Los valores dan cuenta que las caídas más relevantes se dieron en donde el trabajo informal y por cuenta propia está más extendido. Por oposición, la situación fue contenida de manera más eficaz en los países desarrollados debido a la mayor proliferación de empleo formal en sus estructuras ocupacionales.

Un segundo elemento que explica ese impacto diferencial se relaciona con las capacidades que tienen los Estados para sostener el empleo a través de políticas públicas, que son más acotadas en Latinoamérica. Asimismo, este factor explicaría lo ocurrido en Estados Unidos, donde la debilidad de las herramientas para preservar los puestos de trabajo en situaciones de crisis contribuyó a que la pérdida de empleo fuera más marcada que en los países de Europa (aunque menor a la de Latinoamérica).

En Argentina, las políticas de sostenimiento del empleo implementadas por el Estado Nacional lograron mitigar el impacto de la crisis. La prohibición de los despidos, el programa ATP (que consiste en el pago de salarios a los trabajadores de las empresas más afectadas y la reducción de contribuciones patronales) y el mecanismo ágil de validación de suspensiones con pago del 75 por ciento del salario fueron eficaces. Su implementación permitió que el empleo formal en relación de dependencia no fuera impactado del mismo modo que las inserciones ocupacionales más precarias e inestables (que fueron destinatarias del Ingreso Familiar de Emergencia, tendiente a compensar la caída de sus ingresos). Pero la alta proliferación de esas modalidades de menor calidad determinó que las políticas tuvieran un alcance acotado (al sector formal) y que el impacto de la crisis terminara siendo profundo.

Por eso el desafío que supone la pandemia para el mercado laboral en nuestro país es doble. Se trata, por un lado, de subsanar el profundo daño que esta situación ha causado. Pero también de comenzar a revertir esa situación de vulnerabilidad estructural por medio de la reconstrucción de una estructura ocupacional centrada en las inserciones ocupacionales más estables y protegidas.

* Director del CETyD (IDEAS-UNSAM)

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El laberinto sociolaboral

Por Agustín Zeidan El Khouri **

Los recientes números socio-económicos conocidos sobre la coyuntura actual comenzaron a mostrar el impacto categórico y crudo de la pandemia sobre una economía que ya venía golpeada a partir de la recesión del 2018-2019. El 23 de septiembre el Indec publicó los datos del mercado de trabajo (en base a los 31 aglomerados urbanos, que comprenden al 63 por ciento de la población nacional, un total de 28,6 millones de personas) para el segundo trimestre de este año, que contempla los meses más críticos de la pandemia en términos de actividad económica: abril, mayo y junio. El mes de abril, según todos los indicadores que se analicen, fue el peor mes de la historia económica moderna tanto a nivel nacional como global (excluyendo a China y algún país más). El deterioro del mercado de trabajo da cuenta de las consecuencias de la emergencia epidemiológica: en el segundo trimestre, la tasa de desocupación fue de 13,1 por ciento, mientras que en el mismo periodo del 2019 fue del 10,6 por ciento. Esto significa que en un año se pasó de 1,1 a 1,4 millones de personas sin trabajo, pero que lo buscan activamente. Si esto lo proyectamos al total de la población, habría un total de 2,2 millones de desocupados, mientras que en el mismo periodo del 2019 esto implicaría 1,8 millones (400.000 más). Pero los dos indicadores más relevantes en esta ocasión para comprender el impacto en materia laboral son, en primer lugar, la tasa de empleo, que pasó de 42,6 a 33,4 por ciento en un año y, en segundo lugar, la tasa de actividad disminuyó categóricamente de un 47,7 a un 38,4 por ciento también en el mismo periodo. Esto implica que la población económicamente activa (que comprende a las personas que tienen trabajo o que se encuentran desempleadas y lo buscan activamente) disminuyó 2,5 millones en un año, dado que en el segundo trimestre del 2019 era de 13,5 millones mientras que en 2020 fue de 11 millones. Nuevamente, si esta diferencia se proyecta a nivel total poblacional, implicaría que en el segundo trimestre hubo 4 millones menos de personas con empleo o en búsqueda activa del mismo que un año atrás.

Estos datos son históricos y muestran la peor cara de la crisis del coronavirus. Dado que el segundo trimestre representó a los meses de mayor restricción de movimiento producto del aislamiento social y obligatorio (ASPO) que rigió en el país, y, sobre todo, en AMBA, se puede observar que la correlación entre la caída pronunciada de la tasa de actividad y la de empleo (ambas caen cerca de 10 por ciento) puede explicarse en gran medida porque la mayor destrucción del empleo tuvo que ver con actividades informales, precarias o inestables, de gran peso en economías como la nuestra. Esto se condice con los datos del empleo formal reflejados en el SIPA (Situación y Evolución del Trabajo Registrado) que publica mensualmente el Misterio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social: entre marzo y junio hubo una caída del 2 por ciento en el empleo registrado total, lo que implica 231.000 empleos formales menos (universo que comprenden los asalariados privados, públicos y de casas particulares y los trabajadores autónomos, monotributistas y monotributistas sociales registrados en el sistema). Es decir, de las aproximadas 4 millones de personas que sufrieron la destrucción de empleo, la inmensa mayoría tuvo que ver con empleos informales, no registrados en el sistema (3,77 millones). Es por ello que medidas como el IFE alcanzaron a otorgarse a casi 9 millones de personas, cuando a fines de marzo el gobierno estimaba un alcance para 3,6 millones. Muchos empleos informales están relacionados con los rubros que sufrieron el mayor impacto de la pandemia (gastronomía, recreación y turismo). El empleo formal, por su parte, logró amortiguar el impacto de la pandemia gracias a medidas como el ATP (que llegó a cubrir 445 mil empresas en su primera ronda, cubriendo 2,3 millones de trabajadores del sector privado), la prohibición de despidos sin causa, suspensiones y los créditos blandos al 24% para pymes (se otorgaron más de 550 mil) y créditos a tasa cero para monotributistas.

Trazando perspectivas optimistas, se podría decir que estos datos reflejaron la peor etapa de la crisis por la pandemia, donde también se suman los recientes datos de pobreza e indigencia para el primer semestre del 2020: 40,9 y 10,5 por ciento respectivamente (de manera desagregada, el segundo trimestre arroja una pobreza del 47,2 por ciento). Los indicadores de la actividad económica, de la actividad industrial, de la construcción, de la evolución mensual del empleo, entre otros, vienen mostrando desde junio una paulatina mejoría, aunque con heterogeneidades y velocidades diversas. Por otra parte, el presupuesto 2021, como proyectó nuestro Observatorio, planea realizar la mayor inversión pública en más de 15 años, destinando el 83 por ciento de los recursos hacia inversión de carácter económica y social (donde entra desde obra pública de todo tipo hasta créditos y subsidios para el impulso de actividades productivas). Los recientes anuncios del gobierno, reduciendo derechos de exportación a la industria, agroindustria y parte de la agricultura, y promoviendo más créditos e incentivos impositivos a varias actividades con gran dinamismo para el mercado interno (como por ejemplo la construcción) también son parte de los lineamientos generales a seguir para la recuperación económica. Lo que todavía queda es superar el desafío más importante: la pandemia del Covid-19. El compromiso del gobierno nacional de reactivar la actividad productiva es evidente, de modo que en la medida que los efectos del flagelo del coronavirus vayan cediendo, la consolidación de la recuperación económica se acelerará.

**Economista UNdAv.