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La Cámara Federal de Rosario ordenó la prisión preventiva del ex jefe de la Aduana de San Nicolás, Ademar Alberto Gutiérrez, a quien además le confirmó el procesamiento por enriquecimiento ilícito, falseamiento de declaraciones juradas y lavado de activos agravado en carácter de autor.
Se trata de un cuarto ex jefe de la Aduana imputado en causa de corrupción vinculadas eventualmente con el contrabando. En noviembre pasado, el juez en lo penal económico porteño Marcelo Aguinsky procesó al ex director de la Aduana de Buenos Aires, Daniel Santanna por considerarlo prima facie coautor penalmente responsable del delito de asociación ilícita y contrabando en la causa por la importación ilegal de textiles desde China. También procesó a los dos subdirectores de la época K, Eduardo Bernardi y Edgardo Paolucci. En cambio, le dio la falta de mérito a los ex directores de la Aduana de esa época, Guillermo Mitchel y Carlos Alberto Sánchez, quienes dependían del ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray. Unos días antes, Paolucci fue condenado a 8 años de prisión en la causa de la mafia de los contenedores.
En la misma resolución de esta semana el tribunal confirmó los procesamientos de la esposa y del hijo del funcionario como supuestos testaferros del principal imputado.
La resolución judicial confirmó así la investigación que se encuentra delegada en la Fiscalía Federal de San Nicolás, a cargo de Matías Di Lello y una apelación del fiscal ad hoc Wenceslao Insua porque el juez federal nicoleño Carlos Villafuerte Russo había negado el pedido de prisión preventiva para el funcionario aduanero.
La investigación judicial sobre Gutiérrez se inició en 2016, luego de que la propia Administración Federal de Ingresos Públicos – Dirección General de Aduanas (AFIP-DGA) realizara,cuando la comandaba Juan José Gómez Centurión, una auditoría interna para determinar inconsistencias en las declaraciones juradas del funcionario en relación con su patrimonio y del contraste de aquellas declaraciones con las presentadas ante la Oficina Anticorrupción (OA). Gómez Centurión también abrió las causas de la Mafia de la Aduana y la Mafia de los Contenedores en Buenos Aires.
«Se puede concluir la autoría de Ademar Alberto Gutiérrez en la comisión del delito de enriquecimiento ilícito de funcionario público» porque su incremento patrimonial «excede reciamente las posibilidades económicas emergentes de los ingresos normales que percibe como funcionario del ente recaudador Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP-DGA)», sostuvieron los camaristas rosarinos José Guillermo Toledo (cuyo voto lideró el acuerdo) y Aníbal Pineda.
En un allanamiento a la oficina del imputado los investigadores habían encontrado en el 2016 un informe sobre el estado de una cuenta bancaria en el Safra National Bank of New York, con más de 650 mil dólares.
En esa línea, los jueces de la Cámara señalaron que el hijo y esposa del principal imputado, fueron «personas interpuestas para hacer posible el incremento patrimonial delictivo». Indicaron que «la responsabilidad de estos participes sería simular el enriquecimiento patrimonial injustificado, lo cual se explica en la colaboración prestada para ‘disimular’ el incremento patrimonial del funcionario público Gutiérrez».
El caso se inició cuando la Subdirección de Auditoría Interna de la AFIP puso en conocimiento el resultado de informes que daban cuenta de la posible comisión del delito de enriquecimiento ilícito por parte de Gutiérrez.
La auditoría se realizó a partir de que se detectó que Gutiérrez había comprado, en calidad de gestor de su madre, en 2005, un establecimiento en Marcos Paz por alrededor de 500 mil dólares, y que había hecho un pago en efectivo por 350 mil dólares. Según la Unidad de Auditoria Interna de la AFIP, a la fecha de compra del establecimiento, los recursos del imputado eran insuficientes para abonar aquel valor.
Además, la auditoria del organismo recaudatorio observó que la propiedad objeto de la denuncia no aparece en ninguna de las declaraciones juradas patrimoniales integrales presentadas por el imputado ante la OA y surgió de las pesquisas efectuadas que su madre tampoco tenía capacidad económica suficiente para la operación.
El día del allanamiento a las cajas de seguridad del Banco Nación, el imputado fue demorado cuando intentaba retirarse de la entidad: portaba una mochila con más de 36 mil dólares.
En efecto, tras la denuncia judicial y la investigación delegada en el MPF, se le imputó a Ademar haber registrado un apreciable e indebido incremento patrimonial desde su ingreso a la AFIP-DGA (en 1980), puesto que se determinó que su patrimonio estaba compuesto por un galpón y anexo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como también un departamento en el barrio de Belgrano; el campo en Marcos Paz; una casa, un terreno, una casa quinta y un departamento en San Nicolás.
Según informó el sitio fiscales.gob.ar, el patrimonio del imputado también incluída «un departamento en Mar del Plata; un terreno y casa en construcción en Alta Gracia, Córdoba; un vehículo Volkswagen Surán (2011); un Peugeot 308 (2012); un Peugeot 408 (2014); dos camionetas Toyota Hilux (2015 y 2018); una embarcación deportiva; un cuatriciclo; una cuenta en el Safra National Bank of New York con más de 650 mil dólares; y la tenencia de plazos fijos en pesos y depósitos muy superiores a los ingresos registrados; y tenencia de alhajas y relojes de valor.
En relación a sus declaraciones juradas, reseñó el tribunal de alzada en la confirmación del procesamiento, se constató el falseamiento de datos y la omisión de la declaración de bienes. Entre 2010 y 2014 las declaraciones juradas presentadas en la OA fueron inferiores a las presentadas ante la AFIP, con el siguiente contraste: En 2010, a la AFIP declaró 237 mil pesos, mientras que a la AFIP poco más de 1 millón.
En 2011, 563 mil y 1,4 millones. En 2012, 1,2 millones y 2,9 millones En 2013, 1,2 millones y 3,9 millones En 2014, 900 mil y 4,2 millones.
Entre otras cosas, durante la investigación se determinó que el imputado desarrollaría actividades por las recibiría rentas que no ha declarado, como el alquiler de un galpón para una firma que se dedica a la fabricación de placas de hormigón en Marcos Paz, la propiedad de un criadero de cerdos, nutrias y lombrices, y de una fábrica de baldosas.
Además, la Cámara Federal puso de relieve las declaraciones juradas correspondientes al Impuesto a las Ganancias y los ingresos netos del imputado por su trabajo en relación de dependencia, pues de acuerdo a la investigación sus ingresos anuales «son superiores a los ingresos percibidos como funcionario de Aduana, aunque no se declaró ingresos por otras actividades».
El tribunal asimismo destacó que en el Sistema Informativo de Transacciones Económicas Relevantes (SITTER) hay registro de que el imputado tuvo acreditaciones anuales destacadas en diversas cuentas bancarias: en 2015, 2,6 millones de pesos; en 2016, más de 10 millones; en 2017, más de 14 millones; y en 2018, más de 5 millones.
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