La elección del Procurador General: ¿Por qué es tan importante ahora?

El oficialismo comienza a tratar este lunes en las comisiones del Senado los proyectos para reformar la ley del Ministerio Público Fiscal que proponen ponerle un término al mandato del Procurador General de la Nación -que hoy es vitalicio- y rebajar la cantidad de votos necesarios para designarlo.

Hoy, el Procurador es designado por el Presidente con acuerdo de los dos tercios de los senadores, y los proyectos proponen bajar esa mayoría agravada a una mayoría absoluta, establecida en 37 senadores.

La paradoja es que esos proyectos habían sido presentados hace tiempo por dos senadores de Juntos por el Cambio -Martín Lousteau y Lucila Crexell- que cuando el kirchnerismo los tomó intentaron retirarlos. El viernes, la mayoría de senadores del Frente de Todos impidió que los retiren.

El Frente de Todos no cuenta con los 48 senadores de la mayoría agravada, pero sí supera con holgura los 37 votos de la mayoría absoluta, y por eso quiere modificar las mayorías para la designación que establece la ley.

El Presidente presentó como su candidato al juez federal Daniel Rafecas, pero como el Frente de Todos no lograba hacer un acuerdo con la oposición para conseguir los 48 votos para aprobarlo, su designación quedó empantanada.

La semana pasada, cuando comenzó a rodar la idea del kirchnerismo de cambiar la ley para poder designarlo con menos votos, Elisa Carrió advirtió que ese plan era una maniobra de Cristina Kirchner para nombrar un Procurador que le respondiera a ella y no fuera el que eligió el Presidente. ¿Por qué Carrió dijo eso? Porque Rafecas ya advirtió en varias ocasiones que él declinará su postulación si se modifican las mayorías necesarias para elegirlo.

Ahora bien: ¿Por qué es tan importante esa pelea por ver quién designa al Procurador?

A fines de 2018, el Congreso de la Nación votó la reforma del Código Procesal Penal que estableció un cronograma para implementar el sistema acusatorio en la justicia penal en todo el país.

A diferencia del sistema judicial que rige actualmente, en el que el juez lleva adelante la investigación de las causas y define sobre las medidas que se toman en el expediente, en el sistema acusatorio el impulso de la causa y todo el desarrollo de la investigación queda a cargo de los fiscales.

Los jueces, por el contrario, dejan de tener esas atribuciones y se convierten en guardianes que vigilan que en esas investigaciones se respeten las garantías constitucionales que protegen a los acusados.

En consecuencia, en el nuevo sistema cada una de las tres partes que intervienen en el proceso penal desempeñan tareas diferenciadas. Los abogados del acusado se dedican a defenderlo, el fiscal lleva adelante la acusación y la investigación para probar los delitos por los que se lo acusa y el juez queda encargado de observar de manera imparcial que las dos partes respeten las garantías del proceso.

El nuevo sistema acusatorio comenzó a aplicarse en Salta y Jujuy en junio de 2019, y la ley estableció un cronograma de diez etapas para que empiece a implementarse en todo el país. La segunda etapa era la de las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis.

Sin embargo, la propia ley también estableció que la definición de ese cronograma estará a cargo de la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal, que desde julio de este año está presidida por la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti, de la agrupación La Cámpora y una de las legisladoras más cercanas a Cristina Kirchner.

Ese punto, según dice la oposición de Juntos por el Cambio, es el que le da a la vicepresidenta todo el poder para decidir cuándo y en qué distritos comienza a aplicarse el sistema que le da más poder a los fiscales y, en consecuencia, convierte al Procurador -el jefe administrativo de todos los fiscales- en uno de los cargos con mayor poder en toda la Justicia.

Incluso con el sistema que todavía está en vigencia, en el que el Procurador no tiene tanto poder como el que tendrá cuando se implemente el nuevo Código Procesal Penal, el kirchnerismo ya tiene una larga historia de manejos con ese cargo.

En abril de 2012, el procurador Esteban Righi -amigo y mentor de Alberto Fernández– renunció a su cargo luego de que el vicepresidente Amado Boudou lo acusara en público de perjudicarlo en la causa Ciccone.

Cristina, entonces Presidenta, postuló para reemplazarlo a Daniel Reposo, un opaco funcionario que tuvo que declinar su candidatura cuando se descubrió que había falsificado datos en el currículum que presentó para ofrecer sus antecedentes para el puesto.

Caído Reposo, Cristina designó a una fiscal kirchnerista, Alejandra Gils Carbó, que tuvo que renunciar a su puesto en medio de las presiones que ejecutó el gobierno de Mauricio Macri tras su asunción. Tras la salida de Gils Carbó, asumió el procurador Adjunto, Ricardo Casal, y Macri nunca obtuvo la mayoría necesaria ni los acuerdos con el peronismo para nombrar a su candidata, Inés Weimberg de Roca.

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