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En octubre de 2018, Lázaro Báez se sentó en el banquillo de los acusados. El juicio en su contra por lavado de dinero en la Ruta del Dinero K, a cargo del Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4), se encuentra en etapa de alegatos de las partes: son en total 27 los imputados. Finalizada esta etapa, se escuchará el veredicto: eso no ocurrirá hasta la primera quincena de febrero, según confirmaron a Clarín. El caso sostiene que el empresario K y ex socio comercial de Cristina Kirchner encabezó una estructura que entre 2010 y 2013 logró lavar 60 millones de dólares.
El delito atribuido a Lázaro Báez y a los demás imputados refiere a un «procesamiento conglobante» -ya que se resolvió en tres etapas-, y fue por «integrar una banda dedicada a lavar dinero entre 2010 y 2013, agravado por la habitualidad». Se tuvo también, en cuenta el «atesoramiento de fondos en Suiza», además de la exteriorización de dinero y su reingreso al país.
La Ruta del Dinero K quedó vinculada con la causa de la presunta defraudación al Estado por la asignación irregular de obra pública a Báez durante el gobierno kirchnerista (51 contratos por 46.000 millones de pesos). En este expediente, a cargo del TOF 2, se está juzgando a Cristina Kirchner y el dueño del Grupo Austral por asociación ilícita. En este juicio, las irregularidades con esas obras se consideraron como delito precedente de las operaciones de lavado de dinero: sin ese manejo de fondos, el empresario K no podría organizado el posterior blanqueo dinero.
Cuando concluyeron los alegatos de las partes acusadoras iniciaron los correspondientes a los imputados, de los cuales quedan cinco por oír. Pero a diferencia de los últimos meses, en noviembre el TOF 4 tendrá sólo una audiencia por semana, ya que una de las integrantes, Gabriela López Íñiguez, informó que tiene un extenso listado de juicios con otros tribunales.
Con este escenario, el TOF 4 estará recién en condiciones de dictar su veredicto durante la primera quincena de febrero del próximo año, según confiaron fuentes judiciales a Clarín.
En tanto, Lázaro Báez cumple prisión preventiva pero bajo la modalidad de arresto domiciliario hace casi dos meses, monitoreado por una tobillera electrónica. No recuperará aún su libertad, salvo que pague la fianza impuesta por el TOF 4 de 367 millones de pesos.
En la Ruta del Dinero K, las principales acusaciones recaen sobre Báez. El fiscal ante el Tribunal, Abel Córdoba, pidió una condena de 12 años para Lázaro Báez y otras penas para sus cuatro hijos. En su exposición sostuvo que el dinero que se volcó a operaciones de blanqueo provino en parte de la defraudación en la obra pública, donde la principal acusada es la vicepresidenta. Dijo que el Grupo Austral «recibió obras direccionadas, plagadas de irregularidades, con sobreprecios promedio del 65% o más», recordó.
Por su lado, las querellas de la Unidad de Información Financiera (UIF), la AFIP y la Oficina Anticorrupción (OA) pidieron condenas para el empresario: nueve años, ocho y ochos años y medio, respectivamente. Todos sostuvieron que parte del dinero que Báez recibía por la obra pública se volcó a las operaciones de lavado de dinero. La pena máxima hasta el momento, es la requerida por el fiscal.
Para Córdoba hubo al menos seis instancias en las que se movió dinero «de origen ilícito» y se incorporó «a una compleja estructura, a la organización delictiva», con el fin de lavar fondos. Para que esto ocurriera, «hubo no sólo dinero líquido que provenía de Austral Construcciones, sino también «altos niveles de secretismo».
En base a estos planteos, el fiscal que la organización con despliegue transnacional «tuvo a la cabeza a Lázaro Báez, quien detentó el poder total de Austral como de la organización de lavado, contó con toda la estructura de relevancia con una colaboración incondicional de los socios formales, de sus directivos, de sus subordinados e incluso familiares».
Esta causa puso el foco también en la fortuna de Lázaro Báez. Durante el período investigado, según el fiscal Guillermo Marijuan, el patrimonio del empresario K se incrementó sustancialmente: hoy suma más de 1.420 propiedades: estancias, casas, departamentos, locales comerciales, vehículos, terrenos, hoteles, empresas, aviones. El Tribunal de Tasación de la Nación (TTN) le asignó a todos esos bienes un valor de 205 millones de dólares.
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