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El secretario de Estado de EEUU Mike Pompeo empieza el comunicado en primera persona: “En el día de hoy, a pedido mío, el Departamento de Transporte (DOT)suspendió todos los vuelos chárter públicos entre Estados Unidos y destinos cubanos distintos del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana…” La nota es del 10 de enero y aclara que concederá un período de sesenta días para que las compañías aéreas discontinúen sus vuelos hacia Cuba.
La medida le hace un torniquete más a la economía de la isla para secarla de recursos, el objetivo que se planteó Donald Trump desde que llegó a la casa Blanca. Si a escala planetaria se consolida la mano dura del gendarme mundial – como quedó demostrado con Irán-, su vecino integra el ranking de países sancionables, aunque por ahora en un nivel punitivo distinto al de Teherán. Sin drones, sin bombas, sin asesinatos selectivos. Sí con la asfixia a su comercio, al acceso de divisas restringidas hace décadas y ahora al turismo receptivo cubano en sus diferentes ciudades con excepción de la capital.
Nueve aeropuertos en Cuba ya no recibirán vuelos ni viajeros desde Estados Unidos en un par de meses. Pompeo, una especie de ejecutor imperial, lo dejó muy claro en su mensaje para la prensa publicado en todas las cuentas del Departamento de Estado: “La medida impedirá que el régimen cubano se beneficie con la ampliación del servicio de vuelos chárter tras la medida del 25 de octubre de 2019 que suspendió los servicios aéreos comerciales programados hacia aeropuertos de Cuba distintos al de La Habana. La medida de hoy contribuirá a limitar la posibilidad del régimen de obtener beneficios económicos, que emplea para financiar la represión constante contra el pueblo cubano y su apoyo inadmisible al dictador Nicolás Maduro en Venezuela”.
Más adelante el texto señala, en un tono monótono y repetitivo – cinco veces señala la palabra medida – que se busca “obstaculizar” el acceso del gobierno de Miguel Díaz Canel “a moneda fuerte a través de los viajeros estadounidenses”. Nada dice de la violación de los derechos a viajar libremente de esos potenciales visitantes, ni de los problemas económicos y de demoras que les ocasionará la política de acentuamiento del bloqueo. Para ir hacia Santiago de Cuba, en el Oriente, tendrán que pasar antes por La Habana, por citar un solo ejemplo. Las compañías estadounidenses que se verán afectadas en su negocio son American Airlines y JetBlue que viajan a Camagüey, Holguín y Villa Clara entre otros destinos.
Pero además, el comunicado de Pompeo señala que “a solicitud mía, el DOT establecerá un tope máximo adecuado a la cantidad de vuelos chárter máximos permitidos que tengan como destino el Aeropuerto Internacional José Martí”. O sea, habrá un número restringido de viajes de ese tipo que posibilitan a los turistas beneficios de proximidad con sus destinos y a veces en precios.
La medida que tomó el gobierno de Trump fue reproducida por el Washington Post y la agencia AP en EEUU y también en la isla por el sitio Cubadebate. Cuando se anunció la decisión de restringir los vuelos regulares de aerolíneas comerciales en octubre de 2019, la congresista estadounidense Bárbara Lee (demócrata por California) la cuestionó porque “destruye cualquier relación entre nuestros países”. Asimismo, dijo que “estas políticas aislacionistas y atrasadas dañarán a cubanos y estadounidenses por igual”. Otro demócrata, pero por Massachusetts, el diputado James McGovern había tildado a la restricción de “estúpido truco político”.
No solo desde el Parlamento provinieron las críticas. La institución Cooperación en Educación Médica con Cuba describió a la prohibición como “deplorable”. Se trata de una entidad fundada en 1997 y que está radicada en Oakland, California. MEDICC trabaja para promover la colaboración entre Estados Unidos y Cuba en el campo de la Salud.
Cuando Trump anunció el endurecimiento de sus políticas hacia Cuba en junio de 2017 lo hizo desde Miami, la ciudad santa de la diáspora, tan anticastrista como alineada con los halcones Marco Rubio, Ileana Ross Lehtinen y Bob Menéndez, entre otros congresistas del lobby anticubano. Esos dirigentes juegan de local ahí, en la principal ciudad de la Florida, donde a lo largo de la historia se han urdido todo tipo de conspiraciones para derribar a Fidel Castro primero y desestabilizar a su hermano Raúl después. Esa línea política continúa ahora contra Díaz Canel y le ha permitido al magnate devenido presidente de EEUU desmontar cada uno de los puntos de la política bilateral que fijaron a fines de 2014 Barack Obama y el menor de los Castro, quien dejó de ser jefe de Estado en abril de 2018.
Las sanciones aplicadas a Cuba por EEUU anunciadas por el Departamento de Estado mostraron una perlita el viernes pasado. La portavoz que depende de Pompeo, oficial activa de la Reserva Naval de Estados Unidos y colaboradora en temas de seguridad nacional de Fox News, Morgan Ortagus, dio uno de sus habituales mensajes, esta vez referido a Cuba. Lo hizo para hablar de la situación de José Daniel Ferrer García, un disidente y militante de los Derechos Humanos para EEUU; un contrarrevolucionario para la isla que fue detenido por secuestrar y golpear a otro ciudadano cubano el 1° de octubre.
Cuando Ortagus informó lo que pasaba con el presunto disidente, tras cumplirse 100 días de su detención, tuvo más de un fallido. Ella había dicho que es torturado en prisión y que se le prohíbe el contacto con la familia. Pero el gobierno lo filmó para refutar las acusaciones una por una. Se lo ve saludable y conversando amigablemente en el lugar de detención con su parentela, como publicaron Cubadebate y otros medios. La vocera del Departamento de Estado además se permitió mencionar a un ex presidente cubano como si aún siguiera en el ejercicio del cargo. Aludió varias veces al “régimen de Castro”, como si en Cuba todavía gobernaran Fidel o Raúl. Una producción de sentido en la que hizo “un llamado” para que liberen al acusado, una y otra vez. ¿A quién? “Al régimen de Castro”.
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