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El exministro de Gobierno de Bolivia, Carlos Romero, fue detenido en la ciudad de La Paz, en la clínica donde permanecía internado por un grave cuadro de hipertensión. Bajo un fuerte operativo policial y tras ser dado de alta, Romero fue trasladado hasta la Fiscalía para prestar declaración por el denominado «Caso UELICN» (por la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico), una causa en la cual es acusado de corrupción. El presidente depuesto, Evo Morales, condenó a través de Twitter la «detención ilegal» del exfuncionario.
Romero debía prestar declaración el lunes, pero no pudo hacerlo debido a que permanecía internado por un cuadro de hipertensión, sumado a un fuerte dolor debido a una úlcera activada, trastornos de ansiedad y depresión. Se lo citó para comparecer ante la justicia debido a una denuncia por presunta corrupción en la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (UELICN).
«Habiendo sido valorado por el médico forense de turno del Instituto de Investigaciones Forenses, una vez dado de alta médica por el caso asignado será conducido (Carlos Romero) a dependencias de la Fiscalía especializada Anticorrupción y Legitimación de ganancias ilícitas Delitos Aduaneros y Tributarios», señalaron desde la Fiscalía luego de que Romero fuera revisado en la clínica de la Caja Petrolera de Salud, en La Paz.
El proceso abierto en su contra es por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias, ya que la mencionada UELICN dependía de su despacho. La causa fue iniciada por la diputada de la derechista Unidad Demócrata, Rose Marie Sandóval.
Además del exministro, la diputada Sandóval amplió la denuncia en contra del exviceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres García, la excoordinadora General de la UELICN, Cecilia Urquieta, la exjefa de la Unidad Financiera de la UELICN, Ximena Berdeja Montero y los tenientes Rubén Rodríguez Arzadum y Freddy Oscar Taborga Soliz.
Tras la asunción del gobierno de facto, Romero reapareció públicamente el nueve de enero y desde ese día se instaló una vigilia del grupo de jóvenes llamado Resistencia (que el lunes participó del acto de retiro de un busto de Evo Morales
) frente a su vivienda, en la zona de Auquisamaña. Un grupo de policías también se desplazó hasta el lugar, antes de que el exministro fuera trasladado hasta la clínica.
En una entrevista publicada el lunes por el diario La Razón, el exministro se refirió a la acusación en su contra. «Yo soy el acusador y no puede ser que al acusador lo quieran convertir en acusado; eso no existe en materia jurídica, no tiene sustento», dijo. «Más bien yo tomé todas las acciones necesarias: hice auditar los contratos en mi gestión, instauré sumarios e intervenimos administrativamente la entidad y me querellé penalmente contra funcionarios civiles y militares», explicó.
«Me han tenido secuestrado en mi propia casa. Soy en este momento un símbolo de la persecución política», afirmó el propio Romero ante la prensa y desde la clínica donde permanecía internado, visiblemente afectado y asistido por una sonda. «Yo soy un trofeo para ellos. Mi delito es haber defendido indígenas y ésta es su venganza», agregó.
El expresidente Evo Morales fue el primero en repudiar lo que considera un nuevo caso de persecución contra su gestión en Bolivia. En ese sentido, se preguntó: «¿Dónde está el Fiscal General (Juan Lanchipa) cuando se trata de los grupos paramilitares que queman casas, golpean indígenas, asedian a ciudadanos y ahora persiguen a Carlos Romero en un hospital?» Para Morales, ese fiscal «solo defiende los intereses del régimen de facto».
El expresidente, refugiado en Argentina y con una nutrida agenda de trabajo, usó su cuenta de Twitter para denunciar «ante la comunidad nacional e internacional la detención ilegal de Romero, en clara violación de garantías constitucionales y derechos humanos».
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