La Unicameral aprobó este miércoles el proyecto que autoriza al gobierno provincial para comprar vacunas contra el coronavirus.
Los contratos que firmó el gobierno nacional con laboratorios privados fueron materia de discusión esta semana en la Cámara de Diputados. Allí el representante de Pfizer negó que la falta de acuerdo para la llegada de dosis estuviera relacionado con pedidos de coimas o de poner como garantía los glaciares.
Las trabas que adujo la empresa norteamericana estuvieron relacionados con el concepto de «negligencia» y con los criterios de «contragarantía de ejecución en el exterior» incorporados en la Ley 27563 de vacunas.
El viernes pasado el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció la firma de un acuerdo para comprar 10 millones de la vacuna Covaxin. De esta manera se convirtió en el primer distrito argentino en suscribir un contrato para la adquisición de dosis.
En diferentes oportunidades el ministro de Salud de Córdoba, Diego Cardozo, comentó que el gobierno local mantenía negociaciones con diferentes laboratorios. Entre ellos nombró a las empresas Johnson & Johnson y Moderna.
En tanto que desde el gobierno nacional advirtieron que las dosis que consigan las provincias serán descontadas de las que se les distribuye desde la administración central con el fin de evitar inequidades con respecto al resto.
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