Bajo supervisión del Estado | Temas de debate: Polí…

Producción: Javier Lewkowicz

Pobreza y pobreza crónica

Por José Florito  (*)

En los últimos 30 años, la pobreza siempre afectó a 25 por ciento o más de la población del país. La pobreza deriva en múltiples vulneraciones de derechos de las personas que la padecen y además impide un desarrollo social y económico sustentable del país en su conjunto. En consecuencia, se trata de uno de los principales desafíos del país. A menudo se piensa en la pobreza como una situación homogénea, que afecta a quienes se encuentran en ella de igual modo. Sin embargo, hay múltiples formas de vivir esta situación en la Argentina. Atender a esa diversidad es fundamental para diseñar e implementar políticas públicas específicas para cada escenario.

Hay una dimensión temporal que es preciso tener en cuenta. Alrededor del 28 por ciento de las personas en situación de pobreza la empezaron a experimentar en los últimos dos años, como consecuencia de la recesión económica, la espiral inflacionaria, la destrucción de puestos de trabajo y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios. En el caso de estos “nuevos pobres”, la respuesta del Estado debe estar orientada a la promoción de medidas económicas y laborales que permitan generar puestos de trabajo decente y cubrir así sus necesidades de consumo. Aquí, el crecimiento económico juega un rol fundamental, dado que viene acompañado de oportunidades de empleo para esta clase media empobrecida.

No obstante, existe otro grupo de personas que padece la pobreza de forma crónica. Es el 10 por ciento de la población con menores probabilidades de salir de esta situación de vulnerabilidad, incluso en períodos de alto crecimiento económico. Las respuestas de política pública son diferentes en este caso. Primero, porque según un estudio de CIPPEC, PNUD y CEDLAS, esta población está inserta en el mercado laboral. Sin embargo, ocupan puestos de trabajo de baja calidad, informales, con remuneraciones esporádicas y sin acceso a la protección social. Las intervenciones públicas deben, entonces, estar orientadas a la mejora de la calidad de esos empleos, mediante políticas de fiscalización y formalización laboral. Segundo, porque las brechas de género en la participación laboral se amplían respecto de la población no pobre. Esto es producto de las mayores responsabilidades de cuidado y la ausencia de servicios de crianza, enseñanza y cuidado para los niños más pequeños. 

El rol del Estado es el de generar espacios en donde los niños puedan estimularse y vincularlos con ofertas de finalización de la educación obligatoria y formación laboral para sus padres y madres. Finalmente, las políticas deben tener en cuenta la sobrerrepresentación de niños y adolescentes entre las personas que padecen pobreza crónica: son más de la mitad de ese grupo. Las medidas públicas deben contemplar la garantía de ingresos adecuados a las familias con niños, mediante el fortalecimiento de las asignaciones familiares, sobre todo la Asignación Universal por Hijo (AUH). A la vez, es preciso avanzar en una estrategia contra la malnutrición infantil, que incluye la desnutrición pero también el sobrepeso y la obesidad. En consecuencia, es fundamental que el Plan de Lucha contra el Hambre que lanzó el gobierno se convierta, paulatinamente, en una política de garantía alimentaria que contemple lineamientos nutricionales adecuados.

Otra dimensión fundamental a considerar en una estrategia integral contra la pobreza es la territorial. La experiencia del vivir en la pobreza no es la misma en cualquier lugar, dado que cada jurisdicción tiene una estructura de población y de oportunidades económicas diferente. El éxito de las políticas mencionadas antes depende, en buena medida, de cómo se implementen en los territorios. Para ello, es clave contar con un mapeo preciso de la incidencia de la pobreza (y más aún, de los diferentes tipos de pobreza) en cada provincia y departamento, para así poder tomar decisiones informadas sobre qué áreas priorizar y con qué batería de medidas.

En resumen, solamente una estrategia bien informada, correctamente diferenciada según las características de la pobreza, y adecuadamente implementada en el territorio podrá perforar el piso del 25 por ciento sobre el que se erige la pobreza en la Argentina hace 30 años.

* Coordinador del programa de Protección Social de CIPPEC.

Precios, monopolios y logística

Por Pedro Peretti (**)

El Hambre nunca tiene que ver con la producción de alimentos, siempre con la distribución de la riqueza. Monseñor Helder Cámara (1909-1999), en un viejo libro se preguntaba: ¿de qué sirve la carne colgada en el gancho de la carnicería sino tengo plata para comprarla? El caso Argentino es el más paradigmático de todos en este sentido.

La causa madre de todas las inequidades alimentarias argentina es el modelo de producción agrícola que nos asignó la globalización y que definimos como: “monocultivo inducido, con concentración de tierras y rentas”. El principal rol de la agricultura en tiempos del neoliberalismo no es producir alimentos para la mesa familiar, sino excedentes exportables. Para eso el macrismo bajó salarios y jubilaciones. Menos consumo interno, más saldos exportables. Las tierras se reorientan casi exclusivamente a cultivos de exportación, como la soja, que se exporta el 97 por ciento de lo que se cosecha. Este modelo le arrebató a la ganadería alrededor de 10.000.000 de hectáreas en la pampa húmeda, y deforestó cerca de 7.000.000 de hectáreas de bosque en los últimos 20 años. Donde estaban las vacas se sembró y donde estaba el monte natural se trasladó la ganadería y soja. Esto significo el fin del consumo de cercanía, por lo que desaparecieron cerca de 200000 explotaciones. 

La chacra mixta y los cordones periurbanos que eran los históricos proveedores del consumo de cercanía, ya no existen. Ahora los alimentos viajan miles de km. Este modelo productivo produjo tres consecuencias graves a considerar que impactan de lleno en el costo de los alimentos y que la derecha inteligentemente invisibilizó en el debate político, y el campo nacional y popular por negligencia se lo permitió: 

a) La concentración de tierras y rentas. La plataforma donde se producen los alimentos es el suelo y si el suelo esta concentrado en pocas manos (latifundio) alguien paga demás por esa concentración, ¿más que obvio, no? 

b) Los monopolios alimentarios integrados verticalmente. Esto funciona así: el suelo, más la producción del suelo, más la elaboración de lo que produce el suelo, más el transporte, y la venta de todo “eso” se concentra en una misma y sola mano. Es lo que se llama integración vertical agroalimentaria, léase: Paladini, AGD, Los Grobo, etc. Un modo de producir letal, que hiere a la democracia y a los bolsillos populares por igual. 

c) La irracionalidad logística de la producción de alimentos es total e increíble, y formadora de precio. Todo el proceso antes descripto se hace en camión y con costos dolarizados. Veamos algunos ejemplos: la leche recorre 1000km promedio para llegar a la mesa de los argentinos, la carne alrededor de 500km; todo el pollo y el huevo que consume el NEA y el NOA se “fabrican” en Entre Ríos- Bs As-Sta. Fe, o sea que recorren 1000 km para llegar a los consumidores. 

El 95 por ciento de la cosecha se trasporta en camión, para lo cual necesitamos 5 millones de viajes, mas otro millón para trasladar la hacienda (bovina, porcina, lanar etc.).Todo va y viene por carreteras, miles de Km, todo a base de gas oíl e insumos dolarizados. Ni hablar de la polución que genera, ni de los accidentes viales que están directamente relacionados con esta superpoblación de vehículos. La Argentina tiene los costos de logística más altos de la región, un 33 por ciento de su PBI. El 35 por ciento promedio del precio de un producto es movimiento, y el 50 por ciento de esos costos están dolarizados. Si los alimentos recorren miles de Km para llegar a los consumidores y todo es de modo carretero y en dólares, y los salarios son en pesos; allí, sin duda hay un problema grave, que tiene que ver con la accesibilidad a los alimentos. ¿O no?

La lucha contra el hambre debe incluir necesariamente un cambio rotundo de la matriz productiva. No es solo poner dinero en una tarjeta para la compra de alimentos. Si nos quedamos ahí, corremos el riesgo de que en vez de solucionar el hambre que padecen millones de compatriotas, solo vamos a mejorar los balances de Coto, La Serenísima etc. Los monopolios son parte del problema en la lucha contra el hambre, no de la solución.

¿Que proponemos?: Volver al consumo de cercanía; ¿cómo?, fácil, pero difícil. Crear una secretaria de Estado que se ocupe de la promoción de la agroecología, que verifique e impulse la reconversión productivas de las franjas periurbanas prohibidas de fumigar. De allí debe volver a salir el abasto de las ciudades y pueblos. Reformar la carta orgánica del INTA y darle lugar a otros tipos y modos de producciones, ¿porque tiene que tener la M.E. el monopolio de la representación de los productores en el directorio del INTA? Nada de esto se hace de la noche a la mañana, todo lleva su tiempo, pero en algún momento hay que empezar antes de que sea demasiado tarde. El camino es el del Movimiento Arraigo y la experiencia de San Antonio de Areco durante la gestión de Paco Durañona. Es por allí no por otro lado.

** Ex director de Federación Agraria Argentina (FAA) .