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El ex juez español Baltasar Garzón salió a aclarar que no integra el tribunal ético contra el lawfare (TAC, por sus siglas en inglés) que revisará el trabajo de jueces, fiscales y periodistas de la Argentina, Brasil, Ecuador y Paraguay, entre otros países, que investigaron casos de corrupción gubernamental. Así se desmintió un anuncio que había hecho el viernes pasado el abogado de Hebe Bonafini, Eduardo Barcesat, al informar sobre la composición del TAC y adelantar que enjuiciará al juez Claudio Bonadio y a los periodistas Jorge Lanata, Luis Majul y Daniel Santoro, entre otros.
En un comunicado publicado el lunes en su blog, después de reunirse con el presidente Alberto Fernández en la Casa Rosada, se recordó que durante la rueda de prensa de presentación del Tribunal de Acción Común (TAC), celebrada en Madrid en noviembre de 2019, “Garzón acompañó a los miembros del CAT, sin que ello signifique su pertenencia al mismo”. “Con motivo de una serie de inexactitudes publicadas recientemente y para que no queden dudas en cuanto a la composición del tribunal, aclaramos de manera expresa que el Sr. Baltasar Garzón no forma parte del mismo”, señala el comunicado.
El TAC, un tribunal internacional ético sin precedentes por los objetivos que se autoimpuso y la autoelección de sus miembros, investigará casos de lawfare (“guerra judicial organizada por EE.UU con apoyo de jueces y medios de comunicación hegemónicos”) contra los ex presidentes de la Argentina Cristina Kirchner, de Brasil Lula Da Silva, de Ecuador Rafael Correa y posiblemente también de Paraguay, Fernando Lugo, así como los juicios contra el ex ministro de Planificación, Julio De Vido. La idea es dictar una sentencia ética contra los acusados en noviembre en Madrid.
Entonces, tras la aclaración de Baltasar Garzón, el tribunal quedó integrado por Barcesat (abogado de Bonafini y del empresario K Gerardo Ferreyra procesado en la causa de los cuadernos de las coimas); Renata Ávila, (abogada del periodista australiano Julian Assange del caso Wikileaks); Valeska Teixeira (la abogada del ex presidente de Brasil Lula da Silva) ; William Buordon (abogado francés especialista en víctimas de crímenes de lesa humanidad); Gabriel Chamorro (abogado de la fundación kirchnerista CEPES); Herta Däubler-Gmelin (ex ministra de Justicia alemana) y la abogada nigeriana Ayo Obe (vicepresidenta del International Crisis Group). El CEPES, que recibió donaciones del gobierno K, organizó un congreso de Filosofía y Geopolítica que bautizó «Néstor Kirchner».
Al anunciarse la creación del CAT en Madrid se puso énfasis en que su misión es poner “atención especial a tres polos de poder que operan con impunidad a escala global: la industrial-militar, los acuerdos internacionales de libre comercio que benefician a grandes corporaciones, y el sistema de banca offshore”.
En una conferencia realizada en noviembre del año pasado, Avila informó al diario digital Público de España que tratarán los “casos de Lula, Assange, Khashoggy”. “No integran una lista exhaustiva, pero sí son ilustrativos de qué cuestiones abordará el TAC”, agregó. Y los temas contados, en aquella oportunidad, por Garzón fueron: “El tribunal ético contra Monsanto, el de las violaciones del Estado guatemalteco, Tokio, Ruanda, la ex Yugoslavia…” y, añadió Ávila, “actuales tribunales éticos feministas que buscan la tipificación de la violación como delito de guerra, o los tribunales contra el fracking…”.
El impulsor de revistar el rol de jueces, fiscales y periodistas argentinos que investigaron la corrupción argentina fue Barcesat, quien pasó de haber participado de la Liga por los Derechos Humanos en los setenta a conjuez propuesto por Cristina Kirchner y “Consultor Jurídico y Procurador Letrado” de la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner.
El CAT es un proyecto de la ONG Common Action Forum (CAF), creada en el 2015 y radicada en Madrid, que integra también Barcesat. El CAF está presidido por Wadah Khanfar ex director de la cadena de noticias árabe Al Jazzera y tiene como director ejecutivo al sociólogo brasileño, Rafael Heiber, que es un defensor de Lula; el ex canciller del gobierno del PT de Brasil, Celso Amorín y el ex ministro español del gobierno del PSOE Javier Solana, entre otros.
En la página del CAT dice cómo se financia. Afirma que tiene como socio oficial a la aerolínea Iberia y como socios cooperantes al Instituto de Lenguas y Culturas de Medio Oriente y Oriente Próximo del Ministerio de Ciencias, Innovación y Universidades del gobierno de España, Universidad Carlos III de Madrid, la Escuela de Activismo Trasnacional (apoyada por la Unión Europea), el Lawfare Institute de Brasil (creado por los abogados de Lula), la Fundación Reinventando a México (FraM) y “Sustainable Development Goals” (que lo presentan como relacionado una supuesta oficina de la ONU).
La creación del TAC ya tuvo muchas críticas. La ex miembro de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) Graciela Fernández Meijide afirmó que el TAC es parte de la estrategia del kirchnerismo para desprestigiar a quienes investigaron a la ex presidenta y conseguir “la impunidad para Cristina y sus hijos”. En el programa de TV Joaquín Morales Solá «Desde el llano», la activista de los derechos humanos afirmó que el TAC es “una presión del sector duro del kirchnerismo” sobre la Justicia y el presidente Alberto Fernández. Sobre Barcesat dijo, con dolor, “no importa de donde venís, sino que terminás representando”. Además, el constitucionalista Daniel Sabsay dijo que el TAC “es una farsa dentro del nuevo relato del kirchnerismo”. Por su parte, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) expresó su «absoluto rechazo» al «tribunal de ética» ya que a juicio de la organización incluirá el «cuestionamiento» de la labor de periodistas «por parte de sectores vinculados a la defensa de políticos y funcionarios» en casos de corrupción.
En su columna del domingo en La Nación, Morales Solá preguntó al Presidente Alberto Fernández si apoyaba al tribunal de Barcesat y contestó: «Es obvio que no comparto nada de eso». Voceros de la Casa Rosada agregaron: «El Presidente está en desacuerdo con decisiones puntuales de la Justicia y hasta cree necesaria una reforma judicial, pero para él todo debe hacerse dentro de las instituciones de la Constitución. No puede estar de acuerdo con tribunales especiales, ni aquí ni en ninguna parte«.
El TAC “se compone de tres entidades: la Presidencia (con un presidente y dos vicepresidentes), la Secretaría General y un Cuerpo de Jueces de carácter permanente. Este estará conformado por doce juristas que trabajarán manera pro-bono –sin remuneración-, a los que se les asignarán casos de acuerdo a sus áreas de experiencia. Se trabajará con grupos/jurados de de siete miembros: cuatro juristas (dos pertenecientes al Cuerpo de Jueces), y tres expertos en el tema del caso”. Las resoluciones serán “por mayoría, en caso de empate, el voto del Presidente será el determinante. Todas las resoluciones serán definitivas y se prevé establecer responsabilidad individual para ciertos crímenes y usar la denominación “crímenes de estado” cuando el responsable sea un agente estatal y la de “crímenes corporativos” para los cometidos por entidades o compañías”, dice el reglamento del TAC.
Entonces, Barcesat por su condición de presidente tendrá un peso decisivo a la hora de las votaciones. En el 2018, este ex director de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo participó con el camarista Juan Ramos Padilla -padre del juez federal de Dolores, Alejo- del Foro por la Libertad de los Presos Políticos en América Latina en una mesa sobre “El Estado de derecho en la Argentina”.
El juez de Dolores convocó a la Comisión Provincial de la Memoria para que informe si los más de 20 periodistas que tenían a Marcelo D’Alessio como fuente, entre ellos Santoro, participaron de “operaciones de acción psicológica” contra ex funcionarios y empresarios K investigados en casos de corrupción. La medida estaba en sintonía con la “la Conadep del periodismo” que lanzó el actor cómico Dady Brieva durante la campaña electoral del año pasado.
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