Impugnaron a dos candidatos para dirigir el organismo antilavado y ahora el presidente decide si los nombra

Diputados de la Coalición Cívica que lidera Elisa Carrió impugnaron hoy los candidatos del Gobierno para conducir la estratégica Unidad de Información Financiera (UIF), Carlos Cruz como presidente y Mariana Quevedo como vicepresidenta. Juan López y Mónica Frade explicaron por qué, a su criterio, los postulantes no podrían asumir en esos cargos. Lo hicieron durante una audiencia que finalizó pasado el mediodía de hoy en el microcine del Ministerio de Economía.

Hubo 2 oradores que impugnaron y 17 a favor  durante más de cuatro horas se escucharon las objeciones y defensas a la postulación de Cruz y Quevedo al frente del organismo que debe combatir el lavado de dinero, como uno de los objetivos primordiales. A favor, en un ambiente de militancia K, fueron el senador K Mario País, otros dos senadores y el ex titular de la UIF, José Sbatella, procesado en una causa y aplaudido en la audiencia. 

Ahora el presidente Alberto Fernández deberá decidir si los acepta y firmar un decreto. Los diputados de Carrió adelantaron que si son nombrados «evaluaremos si denunciamos al presidente por incumplimiento de los deberes de funcionario público porque estos candidatos no son idóneos y violan la ley de creación de la UIF». En fuentes oficiales, se descuenta que el jefe de Estado los designará.

Durante la audiencia el diputado de Carrió le preguntó si defendió a algún cliente investigado por lavado y lo negó. Luego lo interrogó si alguna de las empresas que asesora Edificar Seguros del gremio de los porteros había donado 500 mil pesos a la campaña de Alberto Fernández-Cristina Kirchner y respondió que «no conozco que aportes electorales hacen mis clientes».

Frade​ le preguntó a Quevedo si había dado charlas en el Instituto Patria, que dirige Cristina Kirchner, y confirmó que «di un curso en el 2016». Para Frade ese y otros datos confirman su cercanía con la ex presidenta. Otros diputados de la oposición como Graciela Ocaña presentaron sus impugnaciones por escrito.

López y Frade fundaron su pedido “esencialmente, en la falta de idoneidad manifiesta del señor Cruz puesto que carece de los antecedentes técnicos y profesionales en la materia que exige el artículo 11 inciso 2) de la Ley 25.246; y en la inhabilidad moral de la señora Quevedo, en los términos del artículo 9 bis del mismo cuerpo normativo”. Además, fue un estrecho asesor del titular del PJ porteño y secretario general del sindicato de los porteros, Víctor Santa María, quien tiene una denuncia de la UIF por supuesto lavado de dinero a través de una cuenta no declarada en Suiza.

La impugnación está firmada además por los diputados del bloque de la CC, Maxi Ferraro, Mariana Zuvic, Marcela Campagnoli y Mariana Stilman.

Actualmente y hasta marzo, la UIF está dirigida por Mariano Federici y María Eugenia Talerico, quienes tuvieron un papel clave en causas por corrupción K y narcotráfico. Además, Federici preside el Grupo Egmont, que coordina el intercambio de información de inteligencia de todos los organismos antilavado del mundo.

En la nota, los diputados resaltaron que “Cruz, si bien posee cierto conocimiento académico en relación los delitos económicos, carece del más mínimo conocimiento técnico para ejercer la Presidencia de la UIF, de acuerdo con las misiones y funciones asignadas por ley al organismo en cuestión”. De la simple lectura de sus antecedentes curriculares se “revela su falta de experiencia en materia regulatoria (incluyendo la supervisión y sanción en prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo), su falta de conocimientos en el campo de la inteligencia financiera y en la sensible misión de cooperación internacional que reviste la UIF, y su falta de práctica profesional penal vinculada estrictamente con la temática compleja del lavado de activos y la financiación del terrorismo”.

Además, Cruz ha hecho críticas públicas al Grupo de Acción Financiera (GAFI), y a otros organismos internacionales, por “su supuesta injerencia en la elaboración de políticas legislativas en materia penal referidas a los delitos económicos, sin advertir que Argentina es miembro pleno del GAFI y ha asumido voluntariamente su compromiso de cumplir con los estándares globales que dicha organización fija en materia de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo”. El GAFI tiene programada una evaluación de la lucha contra el lavado para la República Argentina para fines del 2020.

En cuanto a Quevedo, los diputados de la CC puntualizaron que ya se desempeñó como directora de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Unidad de Información Financiera desde el año 2010 al 2016, cuando dicho organismo era presidido por Sbatella, es decir, “durante la gestión más desprestigiada en la vida de la institución, que culminó con los resultados de cumplimiento más bajos en toda la historia de un miembro del GAFI (solo 2 de los 49 estándares evaluados resultaron cumplidos), la consecuente inclusión del país en la ya citada lista gris de dicho grupo internacional, y un trabajo posterior altamente deficiente que llevo a la Argentina a ser el país del GAFI que más años tardara en superar dicha situación (4 años en la lista gris)”.

Los defensores de Cruz contaron su currículum e informaron que se desempeñó como asesor de legisladores del Partido Socialista en las Comisiones de Derecho Penal y Justicia, de la Cámara de Diputados de la Nación.

Cruz asesora desde hace tres décadas en temas penales sobre fraude, lealtad comercial y defensa de la competencia a empresas y cámaras aseguradoras de nuestro país y del Mercosur, y desde hace 35 años es profesor de grado y posgrado de la materia Delitos Económicos en la UBA.

Fue secretario académico del Centro de Investigaciones Político Sociales (Cips), que se dedicó a estudiar y difundir ante la opinión pública el proceso de desnacionalización de la economía argentina generado durante la dictadura cívico-militar de los años 1966/1973

Durante la presidencia de Raúl Alfonsín trabajó con David Baigún en los cursos y el diseño de los planes de estudio e investigación del Centro de Asuntos y Estudios Penales del Banco Central, destinados a capacitar a funcionarios de la autoridad monetaria.

Esta fue la primera iniciativa de construcción de una política pública orientada a perseguir el delito financiero en la República Argentina, y que dio lugar «al impulso de más de 300 querellas penales».

Por su parte, Mariana Quevedo, quien ya se desempeñó en la UIF como directora del Asuntos Jurídicos en el período 2010/2016, es abogada egresada de la Universidad Nacional de La Plata con una Maestría en Derecho Penal (Universidad Austral) y Especialista en Derecho Tributario (UBA).

Quevedo se desempeñó también como evaluadora GAFI/ GAFILAT para la Cuarta ronda de Evaluaciones Mutuas realizada en el 2014.