¿Quiénes deben pagar por el «riesgo moral» de la de…

Bancos y fondos de inversión internacionales prestaron miles de millones de dólares al gobierno nacional y a una decena de provincias en apenas dos años. Lo hicieron, desde abril de 2016 (16,5 mil millones para pagar a fondos buitre) a enero de 2018 (9 mil millones, la última emisión en Wall Street), cobrando una tasa del 7 al 10 por ciento anual, cuando el promedio era la mitad en otros países de la región y del 2 por ciento anual en los desarrollados. Fue tan irresponsable el acreedor, entregando dólares esperando cobrar una renta enorme, como el deudor, recibiendo esos billetes comprometiéndose a pagar una tasa elevadísima con una economía con crecimiento cero o en recesión.

¿A quiénes se les debería aplicar el moral hazard (riesgo moral) del más descabellado ciclo de endeudamiento externo argentino, por magnitud e intensidad en el breve lapso de dos años?

El default virtual de la deuda que dejó el macrismo exige un debate más amplio que reflexionar acerca de cómo administrar la pesada herencia, otra más de un proyecto neoliberal que debe reparar un gobierno de signo opuesto. Las cifras son contundentes del desastre realizado en la administración de las finanzas públicas.

Hubo un aumento desproporcionado de la deuda en términos absolutos y relativos. Los dólares ingresados no fueron destinados a financiar el desarrollo económico, impulsar inversiones productivas o proyectos de infraestructura. Sólo sirvieron para facilitar la fuga de capitales y la especulación financiera. También para tratar de controlar, sin éxito, el mercado cambiario y para pagar vencimientos de deuda.

El debate debería incluir si existe una sanción social a la impunidad y desvergüenza de quienes lideraron ese endeudamiento, como la del ex ministro Nicolás Dujovne que estando al frente de Hacienda no se inhibía de informar que gran parte de su patrimonio lo tenía depositado en el exterior y ahora veranea, según reveló el bisemanario Perfil, en los Alpes franceses. El debate tiene que extenderse hacia quienes deben asumir ahora el mayor costo de semejante incendio financiero.

Valorización financiera

Existen responsabilidades políticas indudables del endeudamiento macrista. Hubo un ingreso masivo de capitales externos vía deuda y fondos especulativos incentivados a aprovechar negocios por una política económica (monetaria y cambiaria) de apertura y desregulación absoluta.

Esos dólares alimentaron el esquema de valorización financiera, basado en elevadísimas tasas de interés locales, hasta que se agotó, para precipitar una veloz fuga de capitales, dejando de ese modo tierra arrasada.

No ingresaron esos dólares para financiar una política de inversiones, industrialización y desarrollo de las fuerzas productivas nacionales. El saldo fue el previsible, teniendo en cuenta la experiencia anterior inaugurada en 1976, luego desplegada en los ’90 y con la explosión final en el 2001: fulminante crisis del sector externo por la imposibilidad de pagar la deuda debido, en gran medida, a la impresionante fuga de capitales.

La valorización financiera pone de relieve la centralidad de la especulación sobre la inversión productiva. Es un proceso básico de ese modo de acumulación de capital que termina en fuga por su propia naturaleza, porque lo que domina es lo financiero y no lo productivo. 

Después de quince años en que el proceso económico reconoció a la economía real como su columna vertebral dejando atrás a la valorización financiera, el gobierno que asumió en diciembre de 2015 volvió a basarse en el endeudamiento externo como la variable clave que le permitió reeditar la valorización financiera, con una fase de valorización interna del capital a través de la tasa de interés fijada por el Banco Central y otra fase, necesariamente asociada, de fuga de capitales.

Desde mediados de la década del ’70, la deuda dejó de ser un mecanismo para financiar una economía con una estructura productiva desequilibrada, durante la segunda etapa de sustitución de importaciones, para convertirse, a partir de la última dictadura militar, en un vehículo de dominación del capital financiero.

Restricciones

La deuda actúa como un instrumento de sometimiento limitando la capacidad de funcionamiento del Estado. Se requiere cada vez más deuda, a tasas cada vez más elevadas, para conseguir refinanciar los vencimientos, acentuando los condicionamientos externos e internos. Los sectores que financian ese endeudamiento adquieren de ese modo más poder.

La restricción a las funciones básicas del Estado por los fondos girados a pagar los intereses de la deuda queda en evidencia con los datos fiscales 2019. El 20 por ciento de los ingresos en el año estuvieron destinados a cancelar intereses. Fueron 724.285 millones de pesos, un 86,2 por ciento más que el año anterior. Este ahogo financiero limitó la posibilidad de orientar recursos al resto de las áreas del sector público, deteriorando toda la estructura estatal.

Con esa desarticulación generalizada y desfinanciada se están encontrando los equipos del gobierno de Fernández en cada espacio del Estado donde desembarcaron.

Moral

Las declaraciones de Joseph Stiglitz acerca de que los acreedores deberán prepararse a quitas significativas fueron las que concentraron la atención de analistas y financistas. Pero el premio Nobel de Economía y mentor del ministro Martín Guzmán señaló también por qué debe haber recortes. Dijo que los inversores deberían haber sabido en qué se estaban metiendo cuando compraron bonos argentinos y que recibieron tasas muy elevadas.

«Los prestamistas deberían haber conocido el riesgo; es por eso que cobraron una tasa alta», señaló Stiglitz, para indicar que los acreedores no deberían «estar sorprendidos; probablemente no hicieron su tarea, pero sabían que existía un riesgo».

Aquí aparece un aspecto que no se limita a cuestiones financieras sobre quitas de capital, reducción de la tasa de interés o la extensión de los plazos. Se trata de definir qué grado de responsabilidad y cuál es el costo que deberían asumir los protagonistas de este brutal ciclo de endeudamiento. Es lo que se conoce en el mercado financiero como «riesgo moral».

Este término se utiliza con frecuencia al analizar los efectos negativos en el mercado de los seguros. Se refiere a que cuando una persona contrata un seguro aumentan las posibilidades de que ocurra un siniestro por el cual se compró la protección porque el asegurado se siente menos incentivado a adoptar medidas preventivas.

En el negocio financiero, el riesgo moral es tanto del acreedor, por la disposición de entregar préstamos sin considerar con rigurosidad la capacidad de repago, como del deudor, por la ligereza en la administración de esos recursos recibidos. Ambos comportamientos se verificaron en el descabellado ciclo de endeudamiento macrista.

¿Cuál debería ser ahora el castigo para uno y otro?

Para la economía endeudada, la condena es la crisis con acelerado deterioro de la calidad de vida de la mayoría de la población, y acumular un pasivo público que es una pesadísima carga para cumplir con las funciones básicas del Estado. Queda por determinar qué hacer con funcionarios que se lanzaron a un endeudamiento salvaje que perdurará por años. 

La traumática historia argentina con la deuda permite abrir la posibilidad de avanzar con leyes o incluso una disposición constitucional para precisar responsabilidades políticas y personales y límites en la emisión de deuda.

Para los acreedores, les correspondería registrar una pérdida, o sea una quita del capital o una fuerte reducción de la tasa de interés, que implicaría una poda del valor presente de esa inversión.

Bombero

Otro aspecto a considerar es si bancos y fondos de inversión internacionales han prestado con imprudencia porque confiaban en que ante una eventual crisis externa, el FMI aparecería como bombero para apagar el incendio.

Y eso ocurrió con la deuda argentina emitida por el gobierno de Macri y suscripta con lujuria financiera por los principales protagonistas de Wall Street.

Después de las debacles económicas de mercados emergentes a partir de la mitad de la década del ’90, que tuvo el gran estallido en el 2001 con la convertibilidad en Argentina, el Fondo Monetario quedó en el ojo de la tormenta como responsable de haber financiado el derrumbe de esas economía, a la vez que salvaba a bancos y fondos que prestaron alegremente a esas economías.

La entonces subdirectora gerente del FMI Anne Krueger, la figura fuerte del organismo por ser la representante de Estados Unidos, afirmó, en noviembre de 2001, en un discurso ante el National Economists’ Club, del American Enterprise Institute, de Washington, que “el riesgo moral sigue siendo motivo de preocupación. Puede que las instituciones privadas se sientan alentadas a prestar e invertir despreocupadamente, o al menos más de lo que deberían, si piensan que el Fondo garantizará el reembolso de sus deudas”.

Esa inquietud no avanzó en modificaciones del comportamiento del FMI y quedó en discursos o en documentos internos, como el elaborado por los economistas del organismo Timothy Lane y Steven Phillips, en 2002, «Riesgo moral: ¿alienta el financiamiento del FMI la imprudencia de prestatarios y prestamistas?».

En la práctica, ya sea por razones geopolíticas o para salvar a los acreedores privados de un nuevo default argentino, la controversia acerca del «riesgo moral» no la tuvo en cuenta el FMI de Christine Lagarde y entregó el préstamo más grande de su historia al gobierno de Macri.

El argumento del Fondo para acorralar el postulado del «riesgo moral», como el que destaca Stiglitz, es que el objetivo principal de sus programas es limitar el costo económico total de las crisis financieras.

Buenos Aires

La situación de la deuda bonaerense incrementada durante la gestión de María Eugenia Vidal encaja en el «riesgo moral» al cual hizo referencia Stiglitz.

Un grupo de bancos y fondos de inversión financiaron hasta un límite insostenible a una provincia que no emite moneda ni consigue dólares de exportación, ambas facultadas monopolizadas por la Nación. Fue una irresponsabilidad emitir deuda en dólares, como lo hicieron también otras diez provincias, como la de suscribir esos bonos por parte de grandes inversores.

Si es grande o pequeño el vencimiento de una porción del capital de un bono que la gobernación de Axel Kicillof propuso postergar a mayo próximo no es lo más relevante. La cuestión principal es que la deuda bonaerense, por volumen y plazos de vencimientos, es impagable, y la responsabilidad política no es de Kicillof, sino de Vidal y su ministro de Economía Hernán Lacunza. Y la responsabilidad financiera es de quienes prestaron dólares a una provincia. Aquí aparece el «riesgo moral» de esta operación.

Se trata de una situación estructural, no coyuntural de un vencimiento. La deuda bonaerense es impagable. Más que una estrategia voluntaria, audaz o agresiva de Kicillof, es el reconocimiento de una realidad. Es impagable la deuda que dejó María Eugenia Vidal, como lo es también la que dejó Mauricio Macri.

Es impagable por la concentración de vencimientos en estos próximos cuatro años, por el incremento de la deuda en dólares sobre el total, por la suba de la tasa de interés, por la mayor carga del pago de intereses sobre los recursos totales del fisco provincial, y por el mayor peso de la deuda sobre la generación de riqueza provincial en un año, lo que se conoce como el Producto Bruto Geográfico (PBG).

Los datos oficiales son contundentes del desastre financiero de Vidal:

* La deuda de la provincia subió de 9362 millones de dólares en diciembre de 2015 a 11.263 millones en 2019.

* La deuda en moneda extranjera creció del 57 al 82 por ciento del total. Medida en pesos, el stock global se multiplicó por cinco.

* La deuda en relación al PBG aumentó del 6 a casi el 10 por ciento. También creció la relación entre deuda y recursos totales, al pasar de 44 a 80 por ciento.

* La porción del presupuesto provincial destinado a pagar los intereses subió de 8 a poco más de 15 por ciento.

* Los vencimientos se concentran en los cuatro años del mandato de Kicillof. Cuando asumió Vidal tenía que afrontar vencimientos por 5400 millones de dólares durante todo su mandato, mientras que en el período 2019-2023 suman 8800 millones.

* Los plazos de la deuda se acortaron: en 2015, el promedio era de 5,5 años, mientras que ahora bajó a solo 3,5.

La política de endeudamiento de Vidal-Lacunza se resume del siguiente modo: mucha más deuda, más cara, en dólares y vencimientos más cortos que recaen en la actual gestión.

Estructural

Como se mencionó, el problema de la deuda es estructural, no coyuntural de un vencimiento. No se soluciona con que la Nación disponga de un salvataje de Buenos Aires por un vencimiento, puesto que existen otras diez provincias que también tienen un elevado endeudamiento en dólares. Los financistas siempre han especulado con que la Nación actuaría con los estados subnacionales como el FMI con el país, salvando el «riesgo moral» de operaciones financieras ruinosas.

Sería una medida que debilitaría la posición del gobierno de Alberto Fernández en la negociación con los acreedores privados. Si la Nación tiene dólares para auxiliar a una provincia significaría que tiene recursos disponibles y, por lo tanto, perdería fuerza la estrategia de renegociar las condiciones de la deuda con una quita.

Para defender la gestión bonaerense de Vidal, Lacunza utilizó su cuenta de Twitter escribiendo que la provincia había recuperado el crédito a fin de 2015 y que se terminó perdiendo después de las elecciones PASO. Eso no es así. A mediados de 2018, cuando el macrismo parecía que era imbatible en elecciones, ya había perdido el crédito internacional. Por ese motivo apareció el FMI.

Lacunza no tiene pudor de reescribir la historia de su fracaso, que tuvo como hito defaultear la deuda nacional en peso. Después de semejante desatino se recomendaría un poco de prudencia pero, se sabe, que la grey de economistas del establishment esta bañada de impunidad.

La realidad es que se está blanqueando el default virtual, que irrumpió cuando el gobierno de Macri corrió desesperado a los brazos del FMI para conseguir un préstamo récord para pagar las deudas.

La deuda, incluso con una refinanciación exitosa, será un potente condicionante, más aún cuando los inmensos compromisos con el FMI se extenderán por varios años. Los gobiernos de Alberto Fernández y Axel Kicillof tendrán que lidiar con esa carga y, a la vez, conseguir acomodar la economía en un sendero de crecimiento sostenido. No será una tarea sencilla. 

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