Arrancó la paritaria nacional docente y el gobierno busca terminar con las cláusulas gatillo

El Gobierno se llevó este jueves la foto buscada junto a los gremios docentes y las provincias al reanudar la paritaria nacional educativa. La reunión -que fue la primera del año- pasó a un cuarto intermedio y sirvió para escenificar un clima de armonía en medio de la negociación con los acreedores externos, pero también fue un preámbulo de la estrategia oficial que por estas horas se propone atar la discusión a la recaudación y eliminar las cláusulas gatillo como parte de su plan para desacelerar la inflación.

«Nuestro objetivo es que los salarios le ganen a la inflación en 2020 mediante una estrategia de negociación trimestral», adelantó a Clarín el ministro de Educación, Nicolás Trotta, al ser consultado en el Palacio Pizzurno donde encabezó la conferencia de prensa junto al ministro de Trabajo, Claudio Moroni; el comité ejecutivo del consejo federal integrado por los ministros de Educación de Mendoza, Chaco, Neuquén, Tucumán y Buenos Aires, y los titulares de los cinco sindicatos nacionales (Ctera, Uda, Sadop, Amet y CEA).

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La idea del Ejecutivo es generar una instancia de negociación «permanente» mediante la paritaria nacional, una instancia que había sido suspendida por las autoridades en 2018 y que fue repuesta por la gestión de Alberto Fernández. Pero a la vez se busca reemplazar los mecanismos de actualización automática que todavía persisten en siete provincias, incluida la de Buenos Aires, bajo la premisa de que esa modalidad de incrementos agrava el déficit fiscal en períodos recesivos al estar atada unicamente a la evolución de los precios.

En esa línea, los gobiernos de Santa Fe, Mendoza y Tucumán suspendieron la cláusula gatillo en las últimas semanas en el sector público, medidas que desataron conflictos en algunos de los distritos, aunque el más complicado sigue siendo el de Chubut, en donde todavía no se terminaron de pagar los sueldos de diciembre. Un escenario que sobrevoló en la reunión, cuando los funcionarios aludieron a la situación de «emergencia» y las dificultades económicas.

Los sindicatos, en tanto, celebraron la restauración de la paritaria nacional, pero también pidieron aumentar el piso salarial de $20.250, por encima de la línea de pobreza, un ingreso que perciben 250.000 maestros de un total de 1 millón. «Ningún docente puede quedar por debajo de la pobreza», deslizó el titular de la UDA, Sergio Romero, durante la reunión. El planteo no es menor: elevar el salario inicial a $38.900, el valor de la canasta básica de diciembre pasado, equivale a una suba del 92% y un costo fiscal de $4.600 millones.

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Pero los recursos que aporta la Nación son los del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), que desde 2016 quedó congelado en $1.210. Ese es otro de los reclamos que llevaron los gremios. Según un cálculo realizado por Sadop, el fondo cayó un 32,4% en términos reales entre 2015 y 2019, por lo que para recuperar el poder adquisitivo de hace cinco años atrás serían necesarios $12.655 millones adicionales sobre el presupuesto asignado. El otro aporte del Ejecutivo es el Fondo Compensador, destinado a asistir solo a las provincias más pobres.

Ese esquema determina que la decisión del Gobierno nacional repercuta en forma directa sobre las provincias, buena parte de las cuales en 2018 acompañaron la decisión de suspender la paritaria nacional. Allí, los gobernadores aguardan la definición del ámbito nacional para avanzar en sus distritos. Pero los gremios anticiparon que «van a ir con los tapones de punta» cuando se retome la discusión en dos semanas. En la Ciudad, el titular de UTE, Eduardo López, y secretario gremial de CTERA adelantó que como mínimo va a pedir la cláusula gatillo y advirtió que el inicio de clases «no está garantizado».