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Diciembre 2024: El Salario Mínimo Vital y Móvil sigue sin cubrir la Canasta Básica Alimentaria

En el último mes de 2024, el poder adquisitivo del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) en la provincia de Córdoba experimentó un preocupante deterioro. Según datos de la Defensoría del Pueblo de la Provincia, el SMVM, fijado en $279.718, cubrió únicamente el 65,63% de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y el 28,79% de la Canasta Básica Total (CBT), indicadores fundamentales para medir las necesidades económicas de un hogar tipo.

Brecha creciente entre ingresos y necesidades básicas
El informe destaca que una familia necesita $426.173 para no caer en la indigencia, cifra que excede por amplio margen al SMVM actual. La situación es más alarmante si se considera el costo de la Canasta Básica Total, que alcanzó los $971.674, más de tres veces el salario mínimo.

La evolución de los últimos cinco años ilustra la magnitud de este desfasaje. En diciembre de 2019, el SMVM cubría el 118,21% de la CBA, pero en diciembre de 2024 solo alcanza el 65,63%. Respecto a la CBT, la caída es igualmente pronunciada: de un 47,47% en 2019 al 28,79% actual.

Impacto de la inflación y la insuficiencia salarial
Carlos Galoppo, Defensor Adjunto del organismo, advirtió que “la escalada en los precios de los bienes y servicios básicos continúa superando ampliamente los incrementos salariales, generando un impacto directo en el nivel de consumo y las condiciones de vida de las familias”.

Entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024, la CBA registró un incremento del 100,98%, mientras que la CBT subió un 117,17%. En contraste, el SMVM solo creció un 79,31% en el mismo período, lo que evidencia una pérdida sostenida del poder adquisitivo frente a la inflación.

Un análisis a largo plazo
El informe también detalla el crecimiento acumulado desde diciembre de 2019: la CBA aumentó un 2.885,24%, la CBT un 2.633,47%, y el SMVM solo un 1.557,59%. Este desfasaje ilustra la profundización de la brecha entre los ingresos mínimos y los costos básicos necesarios para una vida digna.

La situación plantea interrogantes urgentes sobre las políticas económicas y sociales necesarias para revertir esta tendencia y proteger el bienestar de las familias más vulnerables.

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