La Justicia española ya interviene en una causa contra Cristina Kirchner por espionaje

La transcripción de una teleconferencia de Repsol a las 7.44 del 14 de abril de 2012, hallada en unas carpetas en la casa de Cristina Kirchner en su residencia de El Calafate, derivó en una investigación por presunto encubrimiento de espionaje ilegal.

De esa reunión participaron 15 personas entre ellos, Antonio Brufau entonces presidente de la compañía. El juez Marcelo Martínez De Giorgi envió un exhorto a España pidiendo que se tomen declaraciones testimoniales a quienes intervinieron en aquella reunión. La Justicia española comenzó a tomar los testimonios en base a ocho preguntas.

La reunión duró aproximadamente una hora y media. Fue encabezada por Antonio Brufau presidente de Repsol, participaron además la moderadora de la conferencia, el Director Económico y financiero, el analista de Holding, analistas de diversas bancas financieras españolas e internacionales. La transcripción integra de aquella teleconferencia estaba en una carpeta cuya carátula decía «Repsol» y se encontraba, junto a otras, en la casa de Cristina Kirchner, puntualmente en su residencia de El Calafate.

El secuestro de los documentos se produjo en el marco de la causa de los Cuadernos de las Coimas, por orden del juez Claudio Bonadio. Consideró que debía investigarse aparte la posición de aquellos papeles, informes, legajos, para ver si respondían a la comisión de un delito.

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Entre las carpetas que son objeto de esta investigación, sobresalían informes sobre grupos empresariales: una transcripción de escuchas telefónicas de la minera Barrick Gold -la más importante en la explotación de oro en el país- e informes sobre el escándalo de las coimas vinculadas a Petrobras, firma en la que buscó hacer pie Cristóbal López.

Además, se encontró con movimientos bancarios de varias empresas. Había “planillas donde se sospecha controlaban sus gastos y ganancias”, informaron fuentes judiciales a Clarín.

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Del ex jefe de los espías que Cristina Kirchner echó en diciembre de 2014, Antonio «Jaime» Stiuso, también había un informe. Y otro sobre Pedro Tomás Viale, el “Lauchón”, agente de contrainteligencia que murió asesinado y era hombre de extrema confianza de Stiuso.

A raíz del secuestro de dichos informes, Cristina Kirchner quedó imputada por encubrimiento agravado y realización de tareas de inteligencia ilegal. El juez Martínez De Giorgi, busca dilucidar si existió «actividad ilegal durante el gobierno de la ex Presidenta vinculada a la utilización de distintas oficinas del Estado para investigar a personas determinadas», sostiene la información judicial a la que accedió Clarín.

En este contexto, el juez envió un exhorto a España solicitando que se tomen declaraciones testimoniales vinculadas a la transcripción de la conferencia de abril de 2012. En el exhorto se realizan consultas sobre la teleconferencia donde «se advierte que uno de los interlocutores sería el señor Antonio Brufau, presidente de la empresa multinacional petrolera Repsol». Martínez De Giorgi quiere saber el origen de la desgrabación y la finalidad de la misma.

Son ocho las preguntas formuladas y que la Justicia española ya comenzó a realizar,.indicaron fuentes judiciales a Clarín. En primer término a los quince participantes de la reunión, se les consulta si reconocen haber celebrado la misma. Después, se conocer cómo se realizó aquel encuentro, «si se utilizó algún número de abonado telefónico», y de ser así que el mismo sea especificado.

A Brufau puntualmente, se le consulta sobre los 14 interlocutores de la reunión. Específicamente, el juez Martínez De Giorgi pidió que se pregunte si guardaba conocimiento respecto a la posibilidad de que la conversación haya podido ser «intervenida o si estaba siendo grabada».

«Se le preguntará si tuvo conocimiento con posterioridad y de ser así, cuándo», se planteó como quinto ítem en el cuestionario enviado vía exhorto. Vinculado a esto, se pidió que se consulte si la firma, departamento o sección donde ejercía sus funciones en 2012 «grababa las conversaciones».

Con la transcripción en mano del documento secuestrado de la casa de la vicepresidenta, la Justicia española también pidió que se aporte todo tipo de información «de utilidad para establecer el origen y las circunstancias de la transcripción exhibida «.

Previo a este envío de exhorto, hubo dos declaraciones que confirmaron la existencia de unas conversaciones cuyas desgrabaciones se encontraban en la residencia de Cristina Kirchner, aunque los testigos aseguraron ante el magistrado que aquellas charlas «nunca fueron grabadas».

Durante la instrucción, declaró un alto directivo de la General Motors por una desgrabación que había entre los papeles. Este representante de la compañía admitió la existencia de una conferencia con otros referentes, pero señaló que «nunca había sido grabada».

Respuesta similar obtuvo el juez cuando citó a declaración testimonial a Miguel Ángel Toma, ex secretario de Inteligencia del gobierno de Eduardo Duhalde, ya que había una desgrabación que lo implicaba. Admitió la existencia de esa conversación, pero señaló que nunca había sido grabada.

Asimismo, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), remitió al juzgado un informe donde se explicó que los documentos bajo investigación «no responden a ningún informe oficial del área de inteligencia».

El juzgado también tomó testimonio al personal que participó del operativo judicial en la casa de Cristina Kirchner, para descartar que se hayan «plantado pruebas falsas», y se dio por corroborado que «los documentos se encontraban con anterioridad al operativa en la residencia».