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El defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, presentó una demanda colectiva ante la justicia para que se declare inconstitucional el aumento jubilatorio que regirá a partir de marzo. Con
la firma de unos 7 mil jubilados de todo el país, la demanda fue presentada ante el Juzgado
Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social Nº 9, a cargo de la jueza subrogante Silvia Saino. Pidió que todos los haberes tengan una suba del 11,56 por ciento, que es el porcentaje que se debería haber aplicado con la ley de movilidad suspendida por el Congreso en diciembre del año pasado.
La acción de amparo colectivo fue presentada por Semino y está patrocinada por el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez. Consideran que la suspensión de la movilidad «vulnera derechos adquiridos» y apelan al principio de igualdad ante la ley y la irretroactividad de las leyes. El 11,56 por ciento que se debería haber aplicado por la fórmula suspendida surge de la inflación y la suba de salarios correspondiente al tercer trimestre del año pasado.
El Gobierno dispuso por decreto que la suba para los jubilados será de 2,3 por ciento y a eso se le sumará un componente de suma fija de 1500 pesos. En la práctica, esto significa que los haberes mínimos registrarán un aumento del 13 por ciento, mayor al que hubiese correspondido con la ley de movilidad. En cambio, las jubilaciones superiores a 16.200 pesos tendrán subas menores.
«Lo que se apunta es tratar de evitar que el Estado termine generando una enorme industria del juicio, como en el caso Badaro, en el que la larga espera hasta que sale el fallo judicial ha visto morir a millones de jubilados sin que puedan gozar de su derecho», aseguró Semino en declaraciones radiales. En diálogo con PáginaI12, el abogado Juan Pablo Chiesa consideró que la demanda no va a prosperar dado que el Congreso le dio las facultades al ejecutivo en el marco de la emergencia social. «La Corte lo va a rechazar», anticipó.
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