Pese a la pelea por la coparticipación, el Gobierno y la Ciudad avanzan en la entrega de la Tarjeta Alimentar

Es la «zona de exclusión» que ambos distritos se jactan de respetar y que ponen como ejemplo al exponer que pese a la puja por la coparticipación no abandonan la intención de dialogar «por la gente». En paralelo a las negociaciones por la quita que Alberto Fernández ya anunció que intentará hacer por «consenso» con Horacio Rodríguez Larreta, el Gobierno y la Ciudad avanzarán esta semana en la implementación de la Tarjeta Alimentar en territorio porteño.

Con el aval del Presidente, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, se reunirá esta semana con su par porteña, María Migliore, para firmar el Convenio de Adhesión al Plan Argentina contra el Hambre, requisito necesario para poner en marcha el programa. 

Así lo confirmaron a Clarín desde ambos distritos, justo en la previa a una semana en la que el Gobierno nacional pule la propuesta que le hará a la Ciudad por la coparticipación. «Va por dos caminos distintos. La discusión política por la copa no impide que desatendamos a los porteños», repiten en Nación. 

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A los porteños, según estiman en Nación en base a datos de la ANSeS, les corresponden unas 40 mil tarjetas. El objetivo, aseguran, es que la primera semana de marzo ya comiencen a repartirse.

Una madre con un hijo de hasta seis años, que recibe la Asignación Universal por Hijo, tendrá una tarjeta para compra de alimentos por 4 mil pesos, mientras que aquellas con más de dos niños tendrán 6 mil pesos a disposición. 

La semana pasada, Arroyo les adelantó el acuerdo a senadores y diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires y legisladores porteños del Frente de Todos, que aprovecharon la ocasión para mostrarse como los gestores del desembarco de la tarjeta y, al mismo tiempo, para reclamar a la administración de Larreta más inversión en materia social y refuerzo en el programa «Ciudadanía Porteña».

De todos modos, el vínculo entre Arroyo y Migliore es «muy bueno», según coinciden de ambos lados. «Es un área en el que hay diálogo permanente», exponen. Tanto que no se cortó ni siquiera a mediados de enero, cuando desde Ciudad acusaron recibo de la embestida de Nación. 

Sin embargo, la entrega de la tarjeta en el ámbito porteño, en un escenario en el que la Casa Rosada trazó como prioridad atender la situación de los distritos más afectados por la crisis; quedó para la segunda etapa del programa, que prevé la entrega de 1,4 millones de tarjetas, con una inversión anual de 70 mil millones de pesos.

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Hasta el viernes pasado, se habían entregado 583.087 tarjetas en todo el país. A la provincia de Buenos Aires llegaron 403.299, repartidas en 31 municipios, en su mayoría oficialistas, pero también gobernados por «opositores» como Tres de Febrero (Diego Valenzuela), San Miguel (Jaime Méndez), Lanús (Néstor Grindetti), San Isidro (Gustavo Posse) y Vicente López (Jorge Macri).

«Las necesidades de la gente no pueden quedar en el medio de discusiones políticas. La orden del Presidente es intensificar el trabajo para atender a los más vulnerables, sin distinguir los colores partidarios», repiten como un mantra en la Casa Rosada, donde el estilo albertista que pretende cuidar las formas se impone por sobre los sectores más extremos del Frente de Todos que propician el regreso del látigo ó billetera.

En ese sentido, la intención de Alberto F. es llegar a un acuerdo con Larreta por la coparticipación. A pesar de estar convencido de que durante la gestión de Cambiemos la Nación incrementó de forma injustificada los fondos a la Ciudad; el jefe de Estado agotará las instancias para no ejecutar la quita a través de un DNU -el mecanismo que utilizó Mauricio Macri para subirla de 1,4 a 3,5%- y que haya una foto «feliz» con Larreta.

Por eso, el ministro del Interior, Eduardo «Wado» de Pedro, bajó la orden de no hablar más de los 127 mil millones de pesos que, según sostenían en su equipo, había recibido de más la Ciudad por el traspaso de la Policía Federal. Tiene su lógica: se trata de una cifra que el Gobierno agitó para dejar en claro que el bastión del PRO había sido beneficiado por sobre el resto de las provincias, pero que al mismo tiempo mantenía a las partes muy lejos de un acuerdo.