Reducción feroz de los gastos reservados, formación de espías y apertura de archivos de la AMIA

Alberto Ángel Fernández​ terminó de revisar su discurso este mismo domingo, a las 10 de la mañana. Lo hizo en la residencia presidencial de Olivos, en su computadora personal, y recién a esa hora, mandó a imprimir la versión final que leyó, con un par de anteojos diferentes a los del discurso inicial del 10 de diciembre.

Lo terminó escribiendo solo pero con la colaboración, principal, del secretario de Estado, Gustavo Béliz; del asesor presidencial (y antropólogo social) Alejandro Grimson; y todo, bajo la mirada legal -y de confianza- de la secretaria Legal y Técnica, Vilma Lidia Ibarra.

En Olivos, se subió al helicóptero y, junto a su pareja Fabiola Yañez, se subió al auto presidencial con el que fue hasta el Congreso de la Nación. Los ministros fueron aparte, en una combi, todos juntos.

Mirá también

Comenzó, puntual, su discurso a las 12 horas y habló durante 79 minutos. Comenzó hablando de la herencia y apuntó, fuerte, contra la administración que lo antecedió, la de Mauricio Macri, durante una carilla de su discurso. Anunció la legalización del aborto, una profunda reforma judicial y se refirió a la reestructuración de la Agencia Federal de Inteligencia.

En el tramo final de su alocución ante la Asamblea Legislativa dijo que modificará la Ley de Inteligencia, por decreto, para impedir que la Agencia Federal de Inteligencia realice «tareas represivas» y que posea «facultades compulsivas o funciones policiales», además de desactivar su participación en «tareas de investigación criminal como auxiliares de la Justicia».

Lo hizo al decir que tomó la «decisión irreversible de terminar para siempre con los sótanos de la democracia» y que ordenará a la AFI la desclasificación de los testimonios secretos brindados por agentes de inteligencia en los juicios en los que fue investigado el atentado a la AMIA de 1994 y la responsabilidad de los funcionarios del Estado en el encubrimiento del mismo.

«Esa calidad institucional que pregonamos, sólo se logrará si todos ayudamos a conocer la verdad; por eso, a 26 años del atentado a la AMIA, ordenaré a la AFI desclasificar los testimonios secretos brindados por agentes de inteligencia en los juicios en los que fuera investigado el hecho y la responsabilidad de funcionarios del Estado en el encubrimiento; lo mismo haremos con toda documentación reservada que exista en el organismo sobre el tema», prometió el jefe de Estado.

Estos párrafos fueron escritos tras acceder el Presidente al trabajo conjunto de su jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, con la interventora en la ex SIDE, la fiscal Cristina Caamaño. Los primeros aprestos de la interventora fueron los de achicar la planta de agentes, sacando del organismo a un team de designados por la gestión de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, que quiso dejar en la casa de los espías a cerca de 400 agentes. Por eso, de los 1.400 agentes que dejó el macrismo, hoy la AFI tiene a 1.200 en su nómina.

Por eso, el eje diferencial que consiguió la interventora Caamaño es la de haber reducido al máximo lo que son gastos reservados, algo a lo que el Presidente definió en su discurso como “sótano de la democracia”. Por ejemplo, en el pasado mes de enero, la intervención de la AFI habría reducido los gastos reservados en un 90%.

Algo de eso es lo que pretende el Presidente, quien se prepara para firmar en los próximos quince días un DNU que modifique la ley de Inteligencia para que impida a los miembros de los servicios de inteligencia realizar tareas represivas ni hacer investigaciones criminales, amén de no poder participar más de las escuchas telefónicas: quiere así, el jefe de Estado, cortar el vínculo entre el Poder Judicial y la secretaría de Inteligencia.

Resta además, saber qué determinará la parte administrativa sobre qué hace cada espía, algo para lo que la actual gestión mandó a los agentes a cursos en la Escuela Nacional de Inteligencia, salvo a los que están actualmente “en campo” con tareas en rubros como terrorismo y narcotráfico.

Mirá también

La intervención de Caamaño -que lleva 60 días de los 180 días determinados de accionar- determinó que, entre sueldos y gastos de capital (por ejemplo, arreglar un auto), se podía bajar un 90% los gastos reservados. ¿Esto significa un ahorro? en principio sí, pues de esta manera, la AFI le pide menos recursos al Tesoro. Pero sigue estando en un limbo -para la opinión pública- qué destino tendrán los 1.400 millones presupuestados para 2020 para la AFI. Hasta ahora, de la promesa presidencial de enviar parte de ese dinero al “Plan contra el Hambre”, nada se ha instrumentado.

Pero desde la administración central celebran que, en enero, se ahorró un 90% de los gastos reservados destinados: “Antes acá, todo era secretismo y no se sabía si el dinero se destinaba a algo de narcotráfico y terrorismo o para persecución política”, aseguran quienes participan de la diaria de la gestión de la actual AFI.

De todos modos, el Gobierno de Alberto no tiene resuelto su Presupuesto 2020 y por lo tanto, no se sabe qué queda, cuánto se redujo y qué harán con la secretaría de inteligencia y sus jabonosos agentes. Otra idea que defiende la actual gestión es que se acabaron los agentes “inorgánicos”, eso es, que todo aquel que acciona en nombre de la Agencia Federal de Inteligencia está registrado en su nómina de personal.

Por último, también en los próximos días, se procederá a abrir la información secreta del atentado a la AMIA, esto es que los archivos desclasificados se harán públicos. Todo ese material, hoy está guardado en un depósito de la AFI.