Preocupa el impacto económico y social | Analizan m…

El impacto económico de la cuarentena, o «aislamiento social preventivo obligatorio», como lo definió el decreto de necesidad y urgencia 297, es inevitable. Se resentirá la producción, el consumo, se postergarán inversiones y habrá áreas que se verán resentidas fuertemente por el tiempo que dure la restricción de circulación. Transporte, restaurantes, hoteles, lugares de esparcimiento, principalmente. Pero también muchos sectores proveedores de insumos o productos no ligados directamente a la alimentación, medicamentos y la higiene personal y limpieza, en general, que son los que concentrarán exclusivamente el movimiento económico en las próximas semanas. Para los primeros se prepara una batería de medidas de compensación, sabiendo además que hay una amplia franja de la población que no queda abarcada por el beneficio de recibir el sueldo aunque deba permanecer en sus casas. Más de un 40 por ciento de la población vive en la informalidad o de oficios o profesiones «independientes» que dependen de su trabajo diario: si hay quien demande sus servicios, cobran, y si no, no. Desde un carpintero a un psicólogo, del que hace changas en un mercado a un profesor particular de música, todos verán bloqueadas sus formas habituales de conseguirse el sustento. El gabinete económico y social, que se reunión ayer en la residencia de Olivos encabezado pro el presidente Alberto Fernández, trazó un cuadro de situación y evaluó las necesidades, aunque no hubo comunicación oficial ni resoluciones que se publicaran tras este encuentro.

La extrema reserva sobre lo conversado alcanzó, incluso, a los allegados a los ministros, que ayer carecían de precisiones sobre lo tratado en el encuentro. «Lo perdí en las fauces de Olivos y no lo vi más», fue la gráfica expresión de un vocero de una de las figuras que acompañan al Presidente y que ayer parece haber sido encomendado a tiempo completo a elaborar propuestas para resolver los conflictos que ayer se plantearon en el encuentro.  

En materia económica, el temor principal es en qué medida el aislamiento social puede prolongar una recesión que ya lleva dos años y qué ocurrirá con la amplia franja social que puede quedarse sin ingresos. Hay varias propuestas en danza, pero entre diversas opiniones de cada uno de los referentes económicos del gobierno, parece haber prevalecido el criterio de que las medidas que se resuelvan deberán ser «abarcativas de un conflicto que presenta muchas aristas, coordinadas entre las distintas áreas que participarán de la solución, capaces de garantizar la máxima contención de los sectores afectados y que, al mismo tiempo, resulten suficientemente flexibles para adecuarse a una situación que seguramente se presentará muy cambiante». Tal nivel de exigencias es lo que explicaría que no setomado resoluciones en la primera reunión desde que se implementó la cuarentena (no tenía aún 36 horas de vigencia al concretarse el encuentro), pese a las urgencias y demandas. 

Está claro que el seguimiento de los precios, la preocupación por ciertos abusos del comercio y hasta alguna inquietud por un correcto abastecimiento, fue tema de consideración, pero en ese plano la AFIP y la Secretaría de Comercio se vienen mostrando muy activos en los controles y hasta con las primeras sanciones (ver nota aparte, al respecto). 

El Banco Central adelantó el viernes que se prorrogaran hasta el 1º de abril todos los vencimientos de cuotas de préstamos y vencimientos de tarjetas de crédito que caigan antes de esa fecha. Esta medida responde, principalmente, a que las entidades no abrirán hasta esa fecha, más que a la incapacidad de pago de los deudores  Lo que se analiza es si esa prórroga se extenderá en la fecha y en sus alcances, pudiendo incluso abarcar vencimientos impositivos y de facturas de servicios públicos, que empieza a ser un reclamo extendido entre entidades de usuarios y cámaras empresarias.

Hubo también anuncios de créditos a baja tasa (en Argentina, el 24% anual aún lo es) para pymes y la extensión del Ahora 12 para las compras de bienes producidos localmente, pero son medidas que recién podrán tener impacto una vez que se levante el aislamiento social. Habrá más refuerzos a comedores y merenderos, en previsión que habrá más gente que se acerque. El gran desafío en este aspecto es cómo cambiar la lógica de contención social: hasta ahora consistia en atraer la mayor cantidad de gente para «socializarla» y generar un ambiente de solidaridad y resolución de otros conflictos, como la escolaridad o la atención de la salud. Ahora, la prioridad es evitar la aglomeración de personas: en vez de llevarlas a comer, se entregan viandas para llevar, o bolsas de alimentos para preparar en su propio domicilio.  

El problema aún no resuelto, reconoció ayer Daniel Arroyo en una entrevista previa al encuentro de ministros en Olivos, es el del sector informal y monotributistas, «aquellos que viven de la diaria, que no está asociada a los planes del Ministerio de Desarrollo Social porque no son personas en situación de pobreza, pero vive de su propio ingreso y en estas circunstancias no va a tener cómo moverse ni posibilidad de ser contratado pàra un servicio: me refiero al jardinero, el azulejista, el carpintero, el que vive de la changa que pueda conseguir cada día; ya planteó el Presidente este problema y vamos a dar una política específica para este sector de la sociedad, que realmente la tiene muy complicada en esta situación». Se trata, según estimó el propio ministro, de una franja que abarcaría no menos de un millón de trabajadores irregulares y sin capacidad económica para sostenerse sin ingresos en estas próximas semanas.