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A la preocupación por la propagación del coronavirus en los barrios populares en el conurbano bonaerense se agrega la inquietud por el acceso de la población a los alimentos, en distritos con altos porcentajes de pobreza y con dificultades potenciadas por la cuarentena.
El Gobierno aumentó la asistencia con bonos y la duplicación de la AUH -además de reforzar las partidas a los comedores-, medidas cuyo efecto a su vez depende en buena parte de la evolución de los precios. Axel Kicillof anunció que endurecerá el control a empresas y comercios, en coordinación con los intendentes que en el GBA ya venían aplicando sanciones.
Ante la recurrencia de casos de abusos y faltantes de productos, el mandatario creó por decreto el Sistema de Monitoreo de Abastecimiento y Precios de Productos Esenciales por la Emergencia Sanitaria (SIMAP), para fiscalizar que no superen los valores de referencia fijados por Nación a los niveles del 6 de marzo.
Provincia publicará en las próximas horas su propia lista aunque muy similar, con algunos artículos más. Para los jefes comunales, con ruidos en la relación con Kicillof en los últimos días, implicará mayores facultades para ajustar los controles. «A partir de esta resolución, que funciona como una descentralización, vamos a tener más peso y a ser más eficaces en la fiscalización«, avalaron en un municipio en poder del PRO.
«No se pueden permitir las avivadas o que el ingreso deteriorado de gran parte de las familias bonaerenses termine quedando en manos de los vivos», dijo Augusto Costa -ministro de Producción, a cargo del programa- en declaraciones a AM 710.
«Cuando se ve que suben los precios en una economía con capacidad ociosa de sus industrias, hay algunos que se están aprovechando y hay que ir con herramientas de sanción muy fuertes«, advirtió el funcionario, con una mirada en este contexto coincidente con referentes de Juntos por el Cambio.
«Los precios no pueden aumentar, a los empresarios que aumentan hay que meterlos presos y se acabó«, expresó enérgico uno de los gobernadores opositores que habló con Alberto Fernández y funcionarios nacionales en estos días.
Desde que se dispuso el aislamiento obligatorio, inspectores provinciales y municipales iniciaron relevamientos en los que detectaron irregularidades con los precios, acopio de productos en los depósitos que faltaban en las góndolas y otras prácticas especulativas -publicidad engañosa o diferencias entre carteles en exposición y lo que se cobra en la caja- que motivaron sanciones económicas y clausuras temporarias.
«Tratamos de que el cierre sea la última medida y que en todo caso sea momentáneo, para no reducir los comercios de cercanía en este momento. Necesitamos que sigan abiertos. Aplicamos una sanción económica y volvemos a los dos o tres días», contaron en La Plata.
De acuerdo con el decreto de Kicillof, mayoristas y minoristas no podrán aumentar por 90 días y los integrantes de las cadenas de producción, distribución y comercialización de los alimentos y bienes alcanzados tendrán que «mantener los niveles de producción y abastecimiento» hasta el máximo de la capacidad instalada y garantizar el transporte.
A su vez las empresas y los comercios tendrán que informar semanalmente al ministerio de Producción los precios de venta y niveles de aprovisionamiento. Las sanciones -multas, inhabilitaciones, decomiso de mercaderías y clausura- serán de acuerdo con la ley de Abastecimiento y los municipios quedan facultados para la fiscalización local, especialmente para los negocios de proximidad. También habrá un sitio de denuncias para consumidores.
Los intendentes ya venían mostrándose activos en el control de los precios. En Quilmes, Mayra Mendoza clausuró la empresa avícola Pluma Blanca y le impuso una multa de $100 mil en kilos de pollo. «Estamos pidiendo responsabilidad a todos los empresarios para que no especulen con la necesidad. No es momento para vivos, es momento para ser solidarios», aseguró la alcalde peronista.
En el escenario de emergencia ante el avance del coronavirus, y el panorama inquietante potenciado en el GBA por la situación y el contexto vulnerable de buena parte de la población, la movida cruzó las identidades partidarias. «Vamos a ser inflexibles en no permitir la especulación, no sólo porque estamos en una etapa de mucha urgencia y sensibilidad en cuanto a la salud pública, sino también en un momento de la economía con mucha dificultad», sostuvo Julio Garro, jefe comunal de La Plata, del PRO. En ese distrito encontraron irregularidades entre el 10% y el 15% de los comercios relevados, unos 380 en la semana que terminó.
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