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El gobierno trabaja en una segunda emisión del bono de 10 mil pesos del IFE (ingreso familiar de emergencia) para monotributistas de las dos primeras categorías y trabajadores informales, pero aún no se definió el momento de su lanzamiento. El primero, que sumó casi 8 millones de inscriptos aprobados, comenzó a cobrarse el 27 de abril y se extenderá el pago hasta el 1 de julio, según el cronograma previsto y de acuerdo a la opción de cobro y la fecha en que se ejerció esta opción. Para la segunda tanda, se estima que podrían inscribirse un millón de beneficiarios más. También se trabaja en una segunda etapa del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción, por el cual el Estado se hace cargo de una parte de los sueldos, teniendo en cuenta que la cuarentena se extendió hasta el 10 de mayo y es probable que también continúe después de esa fecha.
El IFE enfrentó la ineludible dificultad, en su primera emisión, de que salvo en el caso de las personas ya empadronadas en algún plan social o registradas en las primeras dos categorías de monotributistas, la población objetivo no estaba identificada en su totalidad. De hecho, se estimó inicialmente que se trataría de algo menos de 4 millones las personas (una por grupo familiar) que estarían habilitadas a recibirlo, pero en su inscripción por internet en Anses hasta el 2 de abril, superó las 11 millones de personas. Luego, fueron aprobadas algo menos de 8 millones, pero en cualquier caso por encima del doble de lo previsto.
La segunda etapa, no menos engorrosa, consistió en que los beneficiarios eligieran el modo de cobro entre las cinco opciones que se le presentaban (dos por acreditación en cuenta propia, dos por retiro de cajero automático, o el cobro en efectivo en el Correo Argentino). Tan engorrosa que hasta hace una semana, todavía quedaban más de dos millones y medio de inscriptos aprobados sin haber hecho la opción, a los que se les otorgó un nuevo plazo para hacerlo hasta este viernes 1. Para quienes cobran en el Correo, las fechas de pago se extienden hasta el 1 de julio inclusive.
Tras esta experiencia, la implementación del segundo pago del IFE que estudia el gobierno se podría resolver en forma más sencilla ya resueltas las cuestiones más complejas de logística. Se estima que el monto volverá a ser de 10 mil pesos por beneficiario. Pero, esta vez, incluso el listado podría ampliarse en hasta un millón de personas, considerando a los que por distintos motivos, de documentación principalmente, no pudieron acceder a la primera etapa. Entre estos beneficiarios, se encuentran muchas personas con ocupaciones de frecuencia irregular y sin experiencia en támites bancarios o de inscripción vía internet. A todos ellos, la mayoría de condiciones de vida precaria, se pretende llegar en esta oportunidad.
La extensión de la cuarentena obligará al gobierno nacional a estirar la atención a otros sectores, incluyendo empresas que quedaron paralizadas por las normas del aislamiento obligatorio y, por lo tanto, sin ingresos. Para el pago de los sueldos de marzo, el gobierno dispuso un programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) por el cual las empresas inscriptas podían recibir la ayuda o subsidio oficial de hasta dos salarios mínimos por empleado para el pago de los salarios. Se estima que entre el fin de semana y el inicio de la próxima, se dé a conocer la aplicación del programa de asistencia también a los sueldos de abril.
Las empresas inscriptas en abril en la Afip para solicitar la ayuda correspondiente a marzo fueron 420 mil. No en todos los casos recibieron la asistencia, ya que principalmente las empresas con más empleados siguen a estudio. En esta segunda etapa, además, quedarían excluidos algunos sectores a los que se habilitó a volver a la actividad y las ubicadas en regiones donde también reanudaron las tareas una parte o todos los rubros antes afectados por la cuarentena.
Estas cuestiones fueron analizadas durante un encuentro del gabinete económico el día jueves, encabezado por Santiago Cafiero, jefe de Gabinete, y durante el fin de semana se extenderá el estudio de las cifras que requerirá la asistencia a trabajadores formales e informales. La instrucción que recibieron los ministros y funcionarios de las distintas áreas involucradas es que, dada la prioridad absoluta del cuidado de la salud por sobre otra consideración, la economía debe adaptarse a las restricciones que la situación presenta. Y la principal herramienta para esta adaptación es poner los recursos del Estado a disposición para asegurar un mínimo de ingresos a todas las personas que no puedan obtenerlos por su actiidad habitual.
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