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La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner salió este sábado a impulsar la denuncia por presiones que realizó la juez de la Cámara Federal de Casación Penal Ana María Figueroa contra un funcionario del Ministerio de Justicia durante el gobierno de Cambiemos.
«Acabo de escuchar a la jueza Ana María Figueroa de la Cámara Federal de Casación Penal, contando cómo fue presionada por Juan Bautista Mahíques, exconsejero de la Magistratura por el Ejecutivo en el gobierno de Mauricio Macri, en el marco de la causa memorándum de Irán», manifestó Cristina Kirchner a través de su cuenta de Twitter.
La titular del Senado hizo referencia a una entrevista que Figueroa concedió al programa Toma y Daca, de A750, en la que recuerda que en 2015 un funcionario del ministerio que por aquel entonces conducía Germán Garavano ingresó a su despacho para preguntarle «cuánto iba a demorar en sacar un fallo».
La integrante de la Cámara de Casación Penal consideró que aquel episodio fue una de las «muchísimas presiones» que recibió por parte del Gobierno nacional durante la gestión de Mauricio Macri. Sin embargo, la magistrada aclaró que no hizo una denuncia formal sobre aquel acontecimiento y evitó precisar el nombre de la persona que, aseguró, irrumpió en su oficina.
De cualquier manera, Cristina Kirchner más tarde redactó una serie de mensajes en su cuenta de Twitter para alertar sobre lo expuesto por Figueroa. Afirmó que la persona en cuestión que habría presionado a la magistrada es «Juan Bautista Mahíques» y apuntó contra el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.
«¿Qué imagen… Qué pensamientos atravesarán la cabeza de Horacio Rodríguez Larreta enterándose que Juan Bautista Mahíques, a quien propuso y designó como Fiscal General del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, aprieta a jueces y juezas para obtener fallos a la carta?», indagó la Vicepresidenta.
Durante la entrevista radial, Figueroa se limitó a mencionar ese episodio como un ejemplo de las presiones que, aseguró, recibió durante la gestión de Cambiemos en el Gobierno nacional.
“Hemos transitado una etapa donde todos conocemos, previa a este Gobierno, donde hubo grandes presiones. Yo he sido una de las víctimas de las grandes presiones y me las aguanté los cuatro años como corresponde a alguien que tiene que ejercer una función como es la de administrar justicia”, dijo.
Al respecto, remarcó que las «presiones» fueron «muchísimas», pero aclaró que ella las contuvo desde el inicio: «Yo desde entrada, desde diciembre de 2015, cuando me vinieron a preguntar cuánto iba a demorar en sacar un fallo, etc, cosa que no me había pasado nunca en el tiempo que estoy en el ejercicio de la jurisdicción, les dije que el Poder Judicial era independiente y que no entraran a mi despacho a hacerme ese tipo de preguntas».
A partir de allí, ante una serie de preguntas de los conductores del programa para tratar de reconstruir aquel episodio, la magistrada puntualizó que fue «un miembro del Ministerio de Justicia, quien estaba por debajo del ministro Garavano» el que se presentó en sus oficinas para hacerle ese planteo.
![La jueza Ana María Figueroa (Pedro Lázaro Fernández)](https://images.clarin.com/2016/10/18/la-jueza-ana-maria-figueroa___rJl9y1u0Qe_720x0.jpg)
![La jueza Ana María Figueroa (Pedro Lázaro Fernández)](https://images.clarin.com/2016/10/18/la-jueza-ana-maria-figueroa___rJl9y1u0Qe_720x0.jpg)
La jueza Ana María Figueroa (Pedro Lázaro Fernández)
«Le dije que de ninguna manera lo iba a permitir y lo invité a que se retirara», insistió y aclaró que desde aquel momento no trataron de presionarla «personalmente a través del poder político, pero sí lo hacían con títulos de diario».
Aunque no realizó una denuncia formal, Figueroa dijo que la situación fue de público conocimiento y que por ello la incluyeron en una lista de jueces que fueron presionados y que se elevó a la Comisión Interamericana.
Y tras las insistentes preguntas para tratar de que identifique quién fue el funcionario que la presionó, la jueza subrayó: «Prefiero no hacerlo, porque ya eso conforma parte del pasado. Es muy incómodo el trabajo de los jueces, uno tiene un Poder Ejecutivo que se cree que tiene atribuciones para poder direccionar qué sentencias tienen que darse, con qué sentido o con qué dosificación de penas. Eso es públicamente conocido».
“Me parece que fue por la inconstitucionalidad del memorándum con Irán. Lo que ocurre es que la Cámara Federal de Casación Penal, muchísimos de los temas que tenemos son temas que involucran a miembros del poder público o ex miembros del poder públicos o a grupos de poder con más poder que a veces el poder público. No es una materia donde tratemos con temas insignificantes. Son tema con mucha complejidad y con mucho impacto social”, se limitó a indicar.
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