Ahora Elisa Carrió le mandó una carta a Guillermo Nielsen por YPF y alerta por el rol de Carlos Zannini

Días antes de abandonar su banca como diputada nacional, Elisa Carrió decidió dejar constancia de sus advertencias al Gobierno de Alberto Fernández. Por escrito. Tras enviarle una carta al ministro de Economía, Martín Guzmán, horas antes de que expusiera en el Congreso sobre la deuda externa, ahora la líder de la Coalición Cívica le envió una misiva al titular de YPF, Guillermo Nielsen. Y hace un alerta con nombre y apellido: la preocupa el rol del procurador del Tesoro, el cristinista Carlos Zannini.

En la carta, firmada por el bloque de la Coalición Cívica ARI que conduce Maximiliano Ferraro, recuerdan las denuncias que hizo este espacio en 2006, cuando la petrolera era controlada por la española Repsol, por presunto contrabando de hidrocarburos, evasión fiscal y fraude; las sospechas por las ventas de una parte del paquete accionario al Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, que piden seguir investigando.

Pero, en particular, Carrió y sus diputados advierten por el juicio que el fondo Burford lleva a cabo contra la Argentina, por ahora en tribunales extranjeros, y donde reclama una indemnización millonaria por la nacionalización de la empresa. Burford le compró los derechos del juicio al Grupo Petersen, pero en la Coalición Cívica advierten que esta empresa podría seguir detrás del reclamo -algo que desde el Grupo negaron insistentemente- y recuerdan la relación de Zannini con los Eskenazi: trabajó en el Banco de Santa Cruz, perteneciente a estos empresarios.

Como procurador, Zannini es quien debe llevar la defensa del país, que viene reclamando que el juicio se traslade a los tribunales argentinos. 

La carta completa

Señor presidente de YPF

Dr. Guillermo Nielsen 

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a usted con la finalidad de ponerlo en conocimiento de ciertos hechos y causas judiciales de suma relevancia vinculadas a la empresa que usted preside a fin de que, teniendo en cuenta esta información, pueda adoptar las medidas adecuadas que sean respetuosas de las necesidades de la empresa a su cargo y del Estado Argentino en su conjunto.

En primer lugar, deviene indispensable comunicarle que en el año 2006 quien suscribe la presente nota junto a otros diputados nacionales realizó una denuncia penal contra la empresa Repsol YPF ante los tribunales federales —que dio origen al inicio de la causa N° 3518/2006, en trámite por ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4, Secretaría N° 7— para que se investigara si la compañía petrolera había cometido los delitos de contrabando de hidrocarburos, evasión fiscal y fraude, entre otros, además de solicitar que se investigara la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, ante la ausencia del Estado en su ejercicio de poder de policía. Cabe recordar que dicha causa fue ampliada en varias oportunidades a fin de poner en conocimiento de la justicia toda la información, documentación y pruebas de la que fuimos tomando conocimiento, sobre todo teniendo en cuenta la posterior expropiación de la compañía y la determinación del valor de la indemnización a pagarle a la empresa Repsol.

En la mencionada presentación judicial sostuvimos que en nuestro país, anualmente, se perdían importantes volúmenes de gas y petróleo sin que eso llamara la atención de la Secretaría de Energía ni de la Aduana y que esta circunstancia ponía de manifiesto la total ausencia del Estado en el control de toda la cadena hidrocarburifera.

Luego de hacer un recorrido cronológico de los disímiles valores de las reservas de petróleo y gas natural señalamos que existía un claro indicio de la existencia de manipulación de datos en la producción estadística concerniente a las reservas certificadas de hidrocarburos, en particular, por la evidente caída sin causas racionales de tales reservas.

Posteriormente, frente a la venta de acciones de Repsol YPF al Grupo Petersen observamos que la forma en que se realizó la operatoria de venta era sumamente llamativa y demostraba la flexibilidad de la parte vendedora en las condiciones de la operación, altamente beneficiosas para el comprador, Enrique Eskenazi.

Asimismo, advertimos sobre la inacción y silencio del Estado, con participación en el Directorio de YPF, respecto de la operación de venta de la petrolera cuya negociación se sustentó en un ‘pacto de confidencialidad’ que interfirió e impidió el conocimiento de las empresas interesadas; señalando que, de ese modo, desde el gobierno se avaló esta forma de operatoria en un campo tan sensible como el energético, poniendo en juego los propios intereses del Estado argentino, facilitando el ocultamiento de la procedencia y antecedentes de aquellos capitales que hubieran querido integrar la Compañía, así como los planes de financiación e inversiones que proponían los interesados en la operación.

Por ello, lo que desde el gobierno argentino de aquellos años se presentó como ‘un paso hacia la nacionalización’ del petróleo, no fue otra cosa que una ayuda a la salida de Repsol- YPF de un escenario altamente desfavorable, que se remontaba desde hace años atrás con el proceso de desinversión del grupo español en Argentina junto con los altos niveles de retención a la exportación del crudo y precios máximos en la venta de combustibles al mercado interno, donde Repsol-YPF era el líder.

Así, sostuvimos que la venta del 25% de las acciones de YPF, puso al descubierto —palmariamente— que se trató de la ejecución de una nueva matriz de saqueo y vaciamiento. En efecto, el Estado abandonó su rol tradicional de garante de igualdad de oportunidades, como de generador del crecimiento y del desarrollo del país, para pasar a ser garantía de un proceso de concentración donde se beneficiaron algunas empresas ‘amigas’ e íntimamente relacionadas con el gobierno.

En suma, relatamos que fue una puesta en escena para ocultar una gran estafa. Los accionistas de YPF endeudaron a la empresa, mientras las reservas y la producción cayeron en un pozo sin fondo. En cuatro años los Eskenazi recibieron cerca de US$ 1.000 millones y con eso repagaron gran parte de los US$ 2.235 millones que Repsol y un consorcio de bancos europeos les prestaron para financiar el 25% de la petrolera.

En sintonía con lo hasta aquí expuesto, consideramos de gran importancia poner también en su conocimiento que, dado la magnitud y trascendencia institucional de la mencionada causa judicial, en el año 2018 la Oficina Anticorrupción e YPF se constituyeron como querellantes en dicha causa. Consecuentemente, la empresa que usted preside, al haber adoptado el rol procesal de querellante, se comprometió a aportar todos los elementos probatorios pertinentes para contribuir a la investigación judicial y a informar acerca de las investigaciones internas y denuncias que se encuentren en curso relacionadas con la causa mencionada, iniciadas como resultado de la implementación de programas de integridad.

Como puede apreciarse de lo hasta aquí narrado, esta causa judicial —que, como hemos dicho, se encuentra radicada en el juzgado a cargo del juez Lijo— es muy importante para el Estado Argentino puesto que en ella se está investigando un posible perjuicio patrimonial de magnitudes incalculables al erario público llevado a cabo por YPF; claro está, con la participación y connivencia de las máximas autoridades del Poder Ejecutivo de aquel entonces.

Insistimos: prueba de la importancia de la causa en cuestión es que tanto la Oficina Anticorrupción como YPF hayan tomado la decisión de constituirse como querellantes.

Es por ello que consideramos de suma importancia que usted, que recientemente asumió la presidencia de YPF —la cual, como sabemos, es una empresa estratégica para el futuro de nuestra nación—, tome debido conocimiento de la causa que hemos descripto a fin de que adopte las decisiones adecuadas que contribuyan al esclarecimiento de los hechos investigados y, consecuentemente, se pueda avanzar con la recuperación del dinero proveniente de los hechos de corrupción que afectaron y saquearon a nuestro país durante tantos años; de los cuales YPF, lamentablemente, fue parte.

En segundo lugar, queremos expresarle nuestra inquietud por la causa judicial en la que el fondo ‘Burford’ —que compró los derechos de las empresas Petersen Energía y Petersen Energía Inversora, de propiedad de Eskenazi— le reclama al Estado Argentino una multimillonaria indemnización por la estatización de YPF. Entendemos que es fundamental para la Argentina ejercer una defensa adecuada en dicha causa puesto que, de lo contrario, nuestro Estado será condenado a pagar una enorme suma de dinero, en claro perjuicio de la sociedad argentina que, una vez más, se verá perjudicada por la mala administración y la corrupción de algunos funcionarios públicos y empresarios.

En tal sentido, no podemos dejar de manifestarle nuestra preocupación por el hecho de que quien esté a cargo de la defensa del Estado sea Carlos Zannini —en su carácter de Procurador del Tesoro de la Nación— toda vez que, como es de público conocimiento, Zannini fue director del Banco de Santa Cruz, el cual es de propiedad de la familia Eskenazi quienes, precisamente, vendieron sus derechos al fondo ‘Burford’, que actualmente demanda a nuestro país.

Sobre este punto cabe aclarar que ‘Burford’ se habría comprometido a retribuir a la familia Eskenazi con el 30% de lo ganado en el juicio, razón por la cual hay severas y fundadas sospechas que detrás del fondo ‘Burford’ estarían los Eskenazi. Consecuentemente, el conflicto de intereses resulta manifiesto: el funcionario a cargo de la defensa del Estado argentino mantiene una estrecha relación con quienes vendieron sus derechos a los actuales demandantes del Estado argentino y que, reiteramos, estarían detrás de ellos.

A nuestro entender, la situación descripta precedentemente atenta contra el ejercicio de una buena defensa por parte de nuestro país e, insistimos, podría acarrear una condena multimillonaria. Es nuestro deseo que el Estado argentino esté bien representado en ese juicio puesto que está en juego el presupuesto público; es decir, dinero que le pertenece a todos los habitantes.

Por todo lo expuesto, le manifestamos que seguiremos con atención y preocupación la estrategia que YPF vaya a ejercer en la causa N° 3518/2006 —de la que es querellante, junto a la Oficina Anticorrupción— y de la defensa que nuestro país lleve a cabo en el juicio que el fondo “Burford” inició contra la Argentina por la estatización de dicha compañía.

Sin más, saludamos a usted atentamente».