https://images.clarin.com/2020/02/17/alberto-fernandez-dias-atras-al___WldVdOyF_1200x630__1.jpg
La polémica por los «presos políticos», un debate que generó tensiones en el gobierno, volvió a escena a través de un video oficial en el que Alberto Fernández habla de «persecución y detención arbitraria de opositores» y menciona el concepto de «lawfare«.
Luego de las críticas de ex funcionarios como Julio De Vido y Luis D’Elía, el video aparece como un mensaje unificado y oficial: lo armó la Secretaría de Derechos Humanos, que está bajo la órbita del Ministerio de Justicia que comanda la albertista Marcela Losardo, y tuvo el OK final del Presidente y de su vice, Cristina Kirchner. El video se difundió desde la cuenta de Twitter de Alberto F.
En el clip se habla de que «Argentina sufrió graves violaciones a los derechos humanos» y que el «estado de derecho fue vulnerado sistemáticamente». Se refiere, específicamente, a lo que ocurrió durante el gobierno de Mauricio Macri.
«No hay grieta en ese tema: Alberto y Cristina piensan igual y el video refleja la posición oficial» explicaron a Clarín en Casa Rosada y se enfocaron en el punto de las «detenciones arbitrarias», palabras que usó el Presidente en su discurso de jura.
En tiempos de redes sociales, el mensaje político es -dicen en Rosada- que Alberto publicó el video y Cristina se lo retuiteó. Política en un click.
Lo de «lawfare», concepto que refiere a una campaña judicial con soporte político y mediático, figura en el video a partir de declaraciones que Fernández hizo en agosto de 2019 y fue muy usado por la ex presidenta.
Juegan, en el mismo tablero, otros factores. Uno remite a la demanda de la Casa Rosada sobre la «inacción» de la Corte Suprema respecto al desempeño de determinados sectores de la Justicia. «Todavía no opinó del tema», objetan en el Gobierno y lo vinculan, de manera lateral, con cierto malestar en la Justicia por la reforma Judicial que prepara el Gobierno.
En el video, Fernandez aparece con un mensaje en ese sentido. «Cuestioné la complacencia judicial y mediática con el poder político que posibilitó la persecución y detención arbitraria de opositores. Nunca más a una justicia que decide y persigue según los vientos políticos».
Desde la cima del Gobierno emiten, en paralelo, otra señal: que aunque pueda hacer criticas a lo que resuelva la Justicia, el Ejecutivo no se involucrará con las acciones. «No vamos a hacer lo que vinimos criticando: el AFI mezclado con Comodoro Py y la utilización del sistema de testigos protegidos», detalló una fuente oficial.
El video fue publicado este martes en el Twitter de la Secretaria de Derechos Humanos, que está a cargo de Horacio Pietragalla, y horas más tarde lo posteó Fernández desde su cuenta personal.
La edición aporta algunos detalles: además de Fernández, aparecen Cristina, el actual procurador del Tesoro y ex secretario de Legal y Técnica Carlos Zannini -que estuvo detenido-, el ex ministro Aníbal Fernández, el abogado de la ex presidenta Alberto Beraldi y, entre otros, Milagro Sala, de la organización Tupac Amaru, que permanece detenida en Jujuy por orden de la Justicia provincial.
Tras la difusión del video, el gobernador jujeño, el radical Gerardo Morales, dijo: «No es una presa política» sino «una «delincuente común» que «se enriqueció y le robó al pueblo«. El tema Sala es un capítulo sensible en el Gobierno: la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, fue la abogada defensora de la dirigente jujeña. La funcionaria, en referencia al tema Sala, usó la figura de «preso político».
No ocurre eso con D’Elía, De Vido o, por caso, el ex vicepresidente Amado Boudou. Fernández dice, al respecto, que «mucha de esa gente lleva años de encierro innecesariamente porque la ley procesal le permitiría soportar esos juicios en libertad».
Aparecen en el video, además, Macri -en blanco y negro, y el ex ministro de Justicia Germán Garavano (cuando se habla del «abuso de la figura del arrepentido»). Gustavo Arribas, ex jefe de la AFI, también figura cuando se denuncia que hubo, en la era Macri, «espionaje ilegal y extorsión contra empresarios y dirigentes opositores».
[ad_2]
Fuente