El domingo se batió un récord: el 23 por ciento de la electricidad que se consumió ese día provino de fuentes de energía renovable. Sin embargo, ese dato feliz no hizo ingresar a la Argentina en algún paraíso ecologista. Ocurrió porque, como las empresas que producen energía con molinos, paneles solares o en usinas hidráulicas no tienen modo de almacenar lo que generan, tienen prioridad para vender todo lo que producen al sistema antes que las generadoras que usan combustibles no renovables. Esa prioridad, combinada con un momento en el que la demanda eléctrica de las industrias y empresas está en el piso, hizo que su participación en el parque energético pegara ese salto. Fue un registro, entonces, de la inmersión en la precariedad antes que de un viaje hacia la modernidad.
Fue también una foto que ilustra el estado de la economía argentina, con una actividad privada en derrumbe según muestran decenas de indicadores. El problema, se sabe, tiene consecuencias fiscales, y más precisamente, tiene un efecto agravado para las provincias que para solventar los gastos de funcionamiento de sus aparatos estatales dependen de su propia recaudación -atada básicamente, a la buena salud de las empresas radicadas en esos distritos- más que de las transferencias del gobierno central.
Para peor, la única actividad que experimentó una verdadera revolución en este año, la compra de dólares, está alcanzada por un impuesto del 30% que tiene un nombre muy cantarino -Impuesto para una Argentina Solidaria- pero que va directo al tesoro nacional sin dejar en su camino una sola moneda que pueda rodar hacia las provincias.
Ese el campo en el que se desarrolla la pelea entre la Nación, la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires por los fondos coparticipables.
Este jueves se cumple una semana exacta de la quita de 1.18 puntos de coparticipación a la Ciudad. En un desconocido alarde de velocidad de la burocracia, el retiro de los fondos comenzó el mismo jueves 10, cuando se publicó el decreto presidencial, e implica unos 150 millones de pesos de promedio diario de pérdida para el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.
Alberto Fernández, Martín Guzmán y Cristina Kirchner, en la Casa Rosada el 31 de agosto. Reuters
Las cuentas de la Ciudad, sin embargo, ya venían a los tumbos desde antes de esa decisión del presidente Alberto Fernández, que Máximo Kirchner convirtió en el atajo para salir de la encerrona que había generado la inorgánica protesta de la Policía Bonaerense. Los cálculos del ministro de Hacienda y Finanzas de la Ciudad, Martín Mura, indican que el estado porteño venía recaudando 76.000 millones de pesos menos de lo que tenía proyectado y pagando gastos que, por la pandemia, habían crecido en 20.000 millones de pesos por encima de lo previsto.
En la Ciudad, la combinación entre el coronavirus y la cuarentena generó una situación nunca vista en la historia. En los meses corridos desde marzo, la mitad de las familias dejó de pagar la tasa de Alumbrado, Barrido y Limpieza. Seis de cada diez porteños que tienen coche ya no pagan las patentes. La recaudación de Ingresos Brutos cayó un 13% en términos reales.
Rodríguez Larreta cortó todas las obras públicas menos dos: la obra del nuevo Tiro Federal para liberar el predio que ocupará el Parque de la Innovación en Nuñez y la construcción de una cárcel en Marcos Paz para mudar el penal de Devoto.
Visto desde la sede del Gobierno porteño, el futuro no se ve mucho mejor. En menos de 15 días, el 1 de octubre, Rodríguez Larreta tendrá que dejar por escrito con qué cuentas públicas afrontará el año electoral. En el Presupuesto que presentará ante la Legislatura tendrá que decir, por ejemplo, si sigue contemplando como ingreso para 2021 los fondos 53.000 millones de pesos anuales que acaba de quitarle la Nación y que ingresarán en una disputa judicial con la presentación de la Procuración de la Ciudad ante la Corte Suprema.
Tendrá que decir también cómo pagará los vencimientos de las deudas, aunque en ese caso contará con una ventaja: miembros de su equipo aseguran que la Ciudad tomó la previsión de comprar los dólares necesarios para afrontar todos los compromisos del próximo ejercicio.
Rodríguez Larreta tenía previsto presentar el recurso ante la Corte este jueves, pero el proyecto de ley con el que el Gobierno buscará recortar el dinero que le gira a la Ciudad lo hizo cambiar de planes. En su gabinete aseguraron que la presentación se hará antes del fin de semana.
Con esa presentación, el jefe de Gobierno buscará al menos que la Corte obligue a la Nación a sentarse a negociar con la Ciudad por los fondos. La jugada fue acordada con sus socios en Juntos por el Cambio. La semana pasada habló con Elisa Carrió, Martín Lousteau y Mauricio Macri. Todos concluyeron en que la queja judicial se imponía. Con Macri -que la semana próxima tendrá menos actividad pública incluso que la mantiene hasta ahora porque debe someterse a una intervención quirúrgica leve- volvió a hablar el fin de semana. Esas conversaciones no lo alejaron de su intención de seguir parado en el centro del espacio político y esperar a que sus rivales vayan posicionándose a su izquierda y a su derecha.
