Alejandro Vandenbroele se bajó del programa de Protección de Testigos

El testigo arrepentido de la causa Ciccone, Alejandro Vandenbroele, se baja del programa de Protección de Testigos. Fue un día después de rechazar haber recibido plata para declarar contra Amado Boudou, quien está detenido en el marco de esa causa. Desde la defensa de Vandenbroele explicaron a Clarín se va a hacer una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Según confirmaron a Clarín fuentes del caso, Vandenbroele decidió salir del programa de testigos e imputados protegidos, tras la filtración de información de su legajo de carácter reservado. «Las declaraciones públicas de funcionarios del gobierno señalando que compraron su confesión, fue el detonante», dijeron allegados a su defensa. Además, según pudo saber este medio la decisión también la tomó para «Protección y resguardo se su hija».

En las últimas horas, Alberto Fernández ya firmó un decreto y el Gobierno volverá a controlar el programa de Protección de Testigos. «La verdad que es una amenaza a la integridad y derechos de Vandenbroele», agregaron a Clarín desde su defensa. Es por ello que mañana a la mañana los defensores oficiales van a oficializar la decisión del dueño de The Old Fund.

Días atrás, la Justicia inició una investigación para determinar si, en el marco del programa de Protección de Testigos, Vandenbroele recibió pagos por 1,5 millones de pesos para abrir un hotel boutique en Mendoza y si ese eventual desembolso influyó en su declaración contra el ex vicepresidente Amado Boudou.

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El Destape había revelado detalles reservados del expediente de Vandenbroele como integrante del programa de testigos protegidos del ministerio de Justicia. La fiscal consideró que corresponde investigar si el legajo de Vandenbroele funcionó como base de un hecho ilícito, para perjudicar con su confesión a Boudou.

El ex vicepresidente fue investigado por Lijo, y tras un juicio oral terminó siendo condenado a cinco años y diez meses de prisión por la apropiación de la imprenta Ciccone, la reducción de sus cuantiosas deudas con la AFIP y su posterior contratación con el Estado para imprimir papel moneda. El magistrado también instruyó las causas por el irregular contrato de la provincia de Formosa con la empresa con la que Boudou compró Ciccone, The Old Fund, y la organización para financiar esa compra, una causa conocida como Ciccone II y que aún está abierta.

En el marco de esas investigaciones, Lijo fue quien en 2017 homologó la confesión de Vandenbroele como «imputado colaborador» en el caso Formosa, que aún estaba bajo su responsabilidad. El titular de The Old Fun había confesado ante el fiscal Jorge Di Lello. Aunque el juicio oral por Ciccone acababa de comenzar, el testaferro del ex vice también aportó datos y documentos que se sumaron a las pruebas que ya existían contra Boudou.

En este contexto, en el que se investiga a Vandenbroele para saber si recibió dinero para convertirse en imputado colaborador, es que el dueño de The Old Fund decidió dejar el programa.

«Nadie me pagó ni me ofreció dinero para declarar contra Amado Boudou», había dicho Vandenbroele un día antes. Agregó: «Yo puedo entender que desde un sector político digan que soy un arrepentido trucho, pero no puedo entender que ciertos sectores del poder judicial digan que soy un arrepentido trucho».

La investigación por presuntas irregularidades en la declaración de Vandenbroele se inició en febrero de este año, en relación a una nota publicada por el portal de noticias El Destape titulada «El macrismo le puso un hotel boutique a Alejandro Vandenbroele, arrepentido clave para condenar a Amado Boudou».​

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Vandenbroele dijo a La Nación cuando se le consultó por el hotel: «No es un hotel, es una posada. No es lo mismo. No puedo dar precisiones porque estoy sujeto al régimen de confidencialidad como testigo protegido, pero sí puedo decirle que al entrar a ese programa, tuve que dejar de trabajar por razones de seguridad y está previsto por ley que a cada protegido se le asigne una suerte de ‘mensualidad’ para mantenerse, primero, y para reinsertarse en la sociedad cuando el régimen se flexibiliza. ¿Y quiere saber algo más? Desde mediados de 2019 dejaron incluso de girarme ese dinero».

Este misma semana, Amado Boudou había dicho desde la cárcel: «El Gobierno de Macri le pagaba a testigos y también a jueces con cargos. Al juez que me condenó lo ascendió por decreto a la Cámara Federal, ni siguiera fue que ganó un concurso. Acá hubo testigos, peritos y jueces truchos».

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A fines de noviembre, el arrepentido Leonardo Fariña había renunciado al Programa de Protección de Testigos. El ex valijero, que había denunciado parte en una estructura de lavado de dinero que involucraba a Lázaro Báez, planteó que no quiere ser «cuidado por el próximo gobierno».

Entre otras cosas, señaló en ese momento que tenía  «conflicto de intereses» con la gestión que iba a asumir el 10 de diciembre (en referencia al gobierno de Alberto Fernández) por el contenido de sus confesiones.

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El Programa de Testigos e Imputados cuenta con más de 200 personas bajo este régimen, pero apenas unos 15 testigos que ingresaron en el marco de investigaciones de corrupción como Ciccone o la causa de los cuadernos.

En este último grupo se encuentran el ex secretario de Obras Públicas José López, detenido infraganti cuando trasladaba 9 millones de dólares a un convento de General Rodríguez; Oscar Centeno, chofer de Roberto Baratta, número 2 de Julio de Vido en Planificación Federal y cuyo cuaderno de las coimas fue la hoja de ruta que utilizó la Justicia para avanzar en la investigación; y, hasta hoy, Alejandro Vandenbroele, cuyo testimonio fue clave en el expediente por la compra de la ex Calcográfica Ciccone.

Denuncian filtración de datos

En paralelo, el Director de la Agencia de Protección a testigos e imputadosradicó una denuncia en Comodoro Py a raíz de lo que consideraron una filtración de datos de carácter secreto. «Esto a raíz del Decreto que se sacó en noviembre de 2019 modificando el programa a agencia, donde se incluyó la confidencialidad de todos los legajos y la prohibición de la revelación y divulgación de los mismos, de ocurrir esto se incurre en un delito que es lo que se pidió que se investigue», señalaron fuentes judiciales aClarín.

Desde el macrismo explicaron que «el Programa de Protección de Testigos e Imputados incluye varias medidas de seguridad y gastos para reubicar a quienes se incorporan a él, incluidos aquellos que implican un nuevo domicilio -a veces hemos enviado a familias enteras al exterior, por ejemplo- y el desarrollo de un nuevo trabajo, según las capacidades y deseos de cada persona», explicóaClarínun ex funcionario vinculado con el ministerio de Justicia.

«Esto existía antes de que llegáramos al gobierno, y así sigue ocurriendo ahora. Desde Garavano -ex ministro de Justicia- hacia abajo, los funcionarios desconocemos el destino y los gastos que insume cada una de las personas incorporadas al programa, muchas veces por pedido de la justicia», insisten.

Por otro lado, en esta misma línea, desde el Programa explicaron: «Esos pagos se hacen con gastos reservados documentados y cuyo destino sólo conoce el administrador del programa, justamente para mantener la seguridad de los arrepentidos. Sin saber nombres, te puedo decir que a través de los añosel programa pagó gastos para abrir pizzerías, florerías, remiserías, kioscos y gimnasios. Así funciona siempre, acá y en la mayoría de los países», explicóel ex funcionario, quien además dijo que debe «la justicia investigar a fondo al situación».