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El aporte solidario votado en el Congreso alcanzaría a 11.865 contribuyentes, según la estimación actualizada que le hizo llegar la AFIP a la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado. Se calcula que podría alcanzar una recaudación potencial de 420 mil millones de pesos, equivalente a 1,5 puntos del PBI. El aporte promedio de los contribuyentes rondaría los 36 millones de pesos, pero para los 4685 con bienes declarados por menos de 300 millones, el promedio de aporte sería de solamente 6 millones. En cambio, los 380 contribuyentes con patrimonios superiores a los 3000 millones de pesos deberían afrontar el 55% del aporte total que se espera recaudar.
Gran parte de ese patrimonio de las grandes fortunas, el 40,6%, son activos dolarizados. Precisamente, es por esa razón que la nueva estimación de la AFIP da que es mayor el número de contribuyentes potenciales y mayor la recaudación esperada: por la valorización en pesos de los activos en dólares entre la fecha de la estimación anterior y la de entrada en vigencia de la ley ya votada, que será el día siguiente al de su publicación.
Las amenazas de que, como consecuencia de esta contribución extraordinaria del 3,5% sobre los bienes radicados en el país y del 5,25% sobre los colocados en el exterior, muchos empresarios se verían obligados a «malvender campos, hacienda y maquinaria» no parece ajustarse a la verdad. Más del 36 por ciento de los activos de quienes declaran Bienes Personales lo tienen en propiedades y colocaciones financieras en el exterior. Y se sospecha que entre los 380 de mayor fortuna, esa proporción es todavía mayor. Con sacar unos cientos de miles de dólares de sus cuentas en el exterior, o en el peor de los casos vender alguna de sus inversiones inmobiliarias en otros países, les alcanzaría de sobra para cumplir con la ayuda solicitada en la emergencia sanitaria, sin tener que «malvender» ni un solo activo productivo en el país.
Daniel Pelegrina, presidente de la Sociedad Rural, se quejó en una entrevista con el canal de cable de La Nación del aporte, al que calificó como «un impuesto más», que que «tal como está concebido», el campo «ya lo pagó» con el impuesto a los bienes personales. Al no tener mínimos no imponibles, consideró que «entra todo el paquete tecnológico, de inversión, además de los campos, las haciendas, las maquinarias». En ese hilo de razonamiento, señaló que «el pago de ese impuesto va a afectar los bienes de producción porque va a haber que malvenderlos».
Los irrefutables datos oficiales muestran que, en base a las declaraciones juradas en Bienes Personales por el ejercicio 2019, se puede estimar que el aporte solidario y extraordinario alcanzaría a 11.865 personas. En total, son casi 970 mil personas las que presentaron declaración jurada en dicho impuesto, de los cuales los alcanzados por el nuevo Aporte Solidario son apenas el 1,2%. El valor de los bienes totales declarados por los 970 mil contribuyentes llega a 17,5 billones de pesos, pero ese 1,2% de potenciales contribuyentes del Aporte extraordinario concentran la propiedad del 69% de los bienes declarados por el conjunto.
El informe de la AFIP al Senado, en el que vuelca las estimaciones preliminares realizadas por la Subdirección de Fiscalización del organismo, señala además que «la distribución del Aporte solidario y extraordinario prevista para cada
uno de los 11.865 contribuyentes que deberían pagarlo no es homogénea». Así, el aporte promedio estimado para los contribuyentes con patrimonios de más de 200 millones de pesos pero menos de 300 millones, 4685 personas, rondaría los 6 millones de pesos. En cambio, entre las 380 personas que declaran tener bienes, en el país y el exterior, por más de 3000 millones de pesos, el aporte promedio alcanzaría a 617 millones de pesos.
Esto no significa que por 3000 millones de patrimonio se paguen 600 millones de aporte (el 20%), sino que los patrimonios declarados por gran parte de esas 380 grandes fortunas supera largamente ese piso. El informe de la AFIP refleja que el patrimonio declarado en conjunto por los 380 más grandes contribuyentes de Bienes Personales asciende a 6 billones 89.834 millones de pesos: un promedio de 16.026 millones de pesos cada uno. Si estos multimillonarios hicieran su aporte de acuerdo a lo esperado –a lo que correspondería según su declaración de Bienes Personales–, contribuirían con 234 mil millones de pesos, el 55% del total estimado, siendo apenas el 3,2% de los contribuyentes potenciales.
Por otra parte, el 40,6% del total de los bienes
de aquellos 11.865 contribuyentes potenciales son activos “dolarizados”, de acuerdo a la declaración patrimonial de Bienes Personales del año pasado. Y la mayor parte de dichos
patrimonios, el 92,4%, son activos y bienes declarados en el exterior. Es un alivio: no van a tener que vender maquinarias, empresas, su vivienda ni la casaquinta ni el yate para pagar el aporte solidario. Más del 36% de su fortuna la tienen en activos en el exterior.
«Si el impuesto grava a los bienes productivos, muchas empresas van a tener que vender inmuebles o sacar un préstamo», se había expresado el empresario cafetero Martín Cabrales en noviembre, advirtiendo que «la gente no va a querer pagar y va a judicializar el tema, es confiscatorio». En similares términos se había pronunciado el banquero Jorge Brito, recientemente fallecido, cuando anticipaba que el aporte iba a «crear una rebelión fiscal». Manifestaciones del mismo tenor surgieron de las entidades rurales.
Las cifras oficiales, surgidas de las propias declaraciones juradas de los multimillonarios, no reflejan esa situación. No son bienes productivos los que se afectan, sino excedentes que, en su mayoría, los dueños de las grandes fortunas han derivado al exterior. Su transferencia al Estado no sólo permitirá reparar los daños sociales que provocó la pandemia, sino que además supondría reponer recursos a la economía de la que fueron extraídos y fugados.
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