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El acuerdo verbal cocinado a puertas cerradas entre ministros del Ejecutivo y los gobernadores de Juntos por el Cambio a última hora del martes se refrendó este miércoles públicamente en la Cámara de diputados, con la aprobación de un proyecto de resolución que crea “una mesa de trabajo” mixta para atender la situación de las provincias endeudadas con la Nación.
A través del texto, votado a mano alzada sobre el final de la sesión, el Gobierno se comprometió con el bloque mayoritario de la oposición a armar una “mesa de trabajo para analizar y proponer acciones para tender a la sostenibilidad de las deudas que las provincias y la Ciudad de Buenos Aires mantienen con el sector público nacional”.
Según fija el escrito, va a estar conformada por la presidencia de la Cámara de Diputados, la presidencia del bloque del Frente de Todos, las autoridades del interbloque de Juntos por el Cambio, la Jefatura de Gabinete, el Ministerio del Interior y el de Economía.
El documento no fija fechas de reuniones ni plazos. La promesa del Gobierno es activarla “de inmediato”, aunque la efectividad, reconocen los propios legisladores opositores, no se conocerá hasta que se ponga en marcha.
La resolución fue la salida política que el Ejecutivo propuso para destrabar la ley “de sostenibilidad de la deuda bajo ley extranjera” enviada por el ministro de Economía, Martín Guzmán.
Apenas se conoció el envío del proyecto, los tres gobernadores radicales –Rodolfo Suárez (Mendoza), Gerardo Morales (Jujuy) y Gustavo Valdes (Corrientes)- y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta pidieron que incluyera en ese texto la situación de las provincias y se prorrogue hasta diciembre de 2024 los vencimientos de las deudas que tengan las provincias con Nación, incluidas las contraídas con el Fondo de Garantía y Sustentabilidad de la ANSeS.
Condicionaban su apoyo de la ley a este reclamo, y pedían, al menos, una «exteriorización pública» de que el tema de las deudas provinciales con los organismos nacionales se iba a abordar.
«No queremos discrecionalidades, porque hay señales que nos preocupan. Algunas provincias tienen acceso a renegociaciones ATN, a algunas se les facilita prórrogas de deudas con la ANSeS y a otras no. Y a algunas provincias no se las deja tomar deuda en pesos. La idea es que no sea un guerra de discriminación de las provincias de látigo y chequera«, había planteado en la previa el jefe de la bancada de Juntos por el Cambio, Mario Negri.
Con las dificultades para conseguir asistencia perfecta de los legisladores en pleno verano y la necesidad de aprobar la ley de deuda con el mayor respaldo político posible, el Gobierno terminó enviando el martes a última hora al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y al ministro de Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, a negociar con los mandatarios y legisladores de Juntos por el Cambio en las oficinas de Sergio Massa en el Congreso, donde también acudió Máximo Kirchner.
“Sin nosotros no podrían haber aprobado la ley de deuda. Les dimos 99 de los 224 legisladores que estuvieron presentes”, se jactaban terminada la sesión en Juntos por el Cambio.
La idea de la «mesa de trabajo» fue de «Wado» de Pedro y tuvo rápida recepción en Juntos por el Cambio, aunque despertó recelos cuando se trató en el recinto.
Los dos interbloques federales -el del mendocino José Luis Ramón y el del bonaerense Eduardo «Bali» Bucca- se quejaron porque los «dejaron afuera» y presentaron proyectos de resoluciones propios para que se arme una comisión que trate las deudas de las provincias. El Frente de Todos también apoyó esas resoluciones pero como Juntos por el Cambio no acompañó, y necesitaban 2/3, la moción no prosperó.
“Durante 48 horas toda la iniciativa giró alrededor nuestro y ahora se dan cuenta y quieren armar una comisión. No nos íbamos a atribuir la representación de otras provincias. Nosotros no vamos a mezclar las cosas, queremos que se respeten los acuerdos políticos”, planteó Negri.
Por lo bajo, en Juntos por el Cambio recuerdan, además, que algunos de los mandatarios radicales se comunicaron con sus pares peronistas para hacer un pedido en conjunto. «No dijeron una palabra y ahora se quieren sumar», plantearon.
El proyecto de resolución también abre la puerta a elaborar un proyecto de reforma de la ley 25.917 (del régimen federal de responsabilidad fiscal) «con el objetivo de propender a la sostenibilidad de la deuda pública provincial, facilitando -en particular- el acceso de las jurisdicciones locales a mejores condiciones financieras y al endeudamiento con organismos internacionales de crédito y con programas nacionales».
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