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El Gobierno impuso restricciones a las designaciones en el Sector Público por un plazo de 180 días. La decisión llegó a través del decreto 132/2020 publicado este martes en el Boletín Oficial.
La medida alcanza a las designaciones y contrataciones que afecten fuentes de financiamiento presupuestarias en la Administración Nacional y los Entes Públicos en que el Estado tenga control mayoritario.
Quedan excluidos la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el Servicio Penitenciario Federal, las Universidades Nacionales y las Fuerzas Armadas y de Seguridad.
Se encuentran afectadas: las designaciones a término en las Plantas Transitorias; las contrataciones por tiempo indeterminado, a plazo fijo, a tiempo parcial y de trabajo eventual; las contrataciones para la prestación de servicios profesionales autónomos; las designaciones transitorias en cargos simples de planta; las contrataciones de personal con o sin relación de dependencia, bajo cualquier modalidad previstas en estatutos especiales.
A la hora de justificar la iniciativa, el texto recuerda que la conformación de los ministerios -por el decreto 7 de diciembre de 2019- conlleva «la necesidad de establecer criterios para la asignación de los recursos necesarios para una efectiva gestión, funcionamiento y cumplimiento de las políticas públicas asignadas a dichas Carteras Ministeriales».
Y afirma que la «necesidad de utilizar estratégicamente los recursos públicos y su asignación para hacer efectiva la gestión, así como para conformar adecuadamente las plantas de personal, debe priorizar, a su vez, la prestación de los servicios a cargo del Estado Nacional, en especial, de los necesarios para la atención de los sectores más vulnerados de nuestro país, lo cual debe tenerse presente al adoptarse medidas que establecen procedimientos y límites para efectuar designaciones y contrataciones de personal».
Además de los casos ya mencionados, hay otras excepciones: las designaciones en la planta permanente de las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Central, «como resultado de procesos de selección ya iniciados o que se inicien en el futuro»; las prórrogas de designaciones transitorias y de contratos; las designaciones y contrataciones que se efectúen como consecuencia de cambios del régimen de prestación de servicios aplicable al personal de una jurisdicción o ente descentralizado, mientras no se afecte el presupuesto para tales fines; las designaciones en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, del Servicio Exterior de la Nación, del Cuerpo de Guardaparques Nacionales y del personal comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal Profesional de los Establecimientos Hospitalarios y Asistenciales e Institutos de Investigación y Producción; entre otros casos específicos.
Además, el decreto ordena que dentro de los próximos seis meses la Secretaría de Gestión y Empleo Público, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, realice un informe sobre las dotaciones de personal de planta permanente y transitoria y del personal contratado, para «contar con la información adecuada para optimizar la gestión de gobierno».
El decreto lleva las firmas de Alberto Fernández, Santiago Cafiero y Martín Guzmán.
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