Bolivia intenta dejar atrás un año de atropellos | …

El camino hacia la normalización institucional de Bolivia parece irreversible. Está basado en la legitimidad de la última victoria electoral del MAS, que ratifica y amplía a la de 2019. Solo la desconoce una derecha golpista y marginal que para avanzar en su tesis de que hubo fraude – con el 55,1 % de los votos para la fórmula Arce-Choquehuanca – necesita de un relato a medida. Ahora apoyado en una modificación legislativa de la Asamblea Plurinacional donde el Movimiento al Socialismo tiene mayoría. Lo que sucede en el país vecino es como si Biden superara mañana a Trump y las milicias armadas y racistas de EEUU no reconocieran al político del partido Demócrata. La diferencia es que a los grupos basados en Santa Cruz y Cochabamba solo les quedan los cortes de calle, la complicidad de los restos deshilachados del régimen de Jeannine Áñez y la bendición de la Iglesia Católica que se tomó la licencia de pedir una auditoría al escrutinio del 18 de octubre. La policía los gaseó cuando fueron a exigirle que se rebelara de nuevo. Ya lo había hecho contra el presidente constitucional Evo Morales, pero el economista todavía ni asumió. A su vez, el ejército que le pidió la renuncia al exjefe de Estado ahora se llamó a silencio y la OEA que propició el golpe el año pasado aceptó la transparencia del resultado. Un panorama muy desalentador para la derecha encerrada en su laberinto.

La abismal diferencia que el MAS le sacó a la segunda fuerza electoral de Comunidad Ciudadana (CC), del ex presidente Carlos Mesa (28,90%), dejó patitiesa a la oposición más reaccionaria. Aquella que jamás aceptó que un dirigente aymará gobernara el país, hoy busca desestabilizar la situación política por todos los medios a su alcance. La realidad indica que no se lo permite la relación de fuerzas. Sus cortes de rutas y piquetes no son acompañados por demasiadas presencias y están básicamente localizados en los departamentos de Santa Cruz y Cochabamba. Además, la capacidad de movilización del MAS está intacta y podría dejarla en rídiculo.

Las protestas de la Unión Juvenil Cruceñista y la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) quedaron expuestas en sus fracasos de convocatoria. El paro que organizó la primera en Santa Cruz la semana pasada fue inocuo y un grupo de la segunda intentó tomar la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) en Cochabamba pero fue repelido con gases lacrimógenos. El 26 de octubre la derecha más ultramontana llegó al sumun de la histeria cuando algunos centenares de mujeres se juntaron y arrodillaron frente a la 8° División del Ejército en Santa Cruz. Entre ruegos a los militares para que intervenieran y vuelvan a tomar el país como en la época de los dictadores Hugo Banzer y Luis García Meza, rezaron con sus crucifijos a las puertas del cuartel con pancartas que decían “El socialismo trae más pobreza y miseria” y “Oremos por Bolivia y un gobierno temeroso de Dios”. También cantaban: “Esto no es Cuba, tampoco Venezuela, esto es Bolivia y Bolivia se respeta”. El fantasma de Bolsonaro parecía recorrer esa demostración de fe un tanto marchita por la aplastante derrota electoral. Para convencerse de su propio relato, a esa paliza la llaman fraude.

En este clima de confrontación que buscan propagar las minorías que piden “auxilio militar” en sus consignas, la oposición intenta condicionar al futuro gobierno que asumirá el 8 de noviembre. Luis Fernando Camacho, tercero en las elecciones (14 % de los votos) y a 41 puntos del ganador, leyó un breve y amenazante mensaje crucifijo en mano, una vez oficializado el triunfo del MAS: “No permitiremos que nuestro pueblo sea procesado ni perseguido por levantarse contra la tiranía”. No se refería a Añez ni a su ministro de Gobierno Arturo Murillo. A estas pretensiones de desestabilizar el país, el presidente electo respondió el sábado desde su cuenta de Twitter: “Condenamos el actuar de algunos grupos minoritarios de Santa Cruz que violentamente atacan negocios y domicilios particulares de la población cruceña. Exhortamos a la reflexión para retornar al camino de la paz, la estabilidad económica y social”.

En la elección que tuvo un altísimo grado de participación superior al 88 % del padrón, el Movimiento al Socialismo casi duplicó los votos de la segunda fuerza, Comunidad Ciudadana (CC). Sus 3.393.978 sufragios del recuento final le dieron el 55,10 % contra los 1.775.943 de Mesa (casi el 29 %). Creemos, de Camacho, apenas alcanzó el 14 % con apenas 862.184 votos. En seis de los nueve departamentos de Bolivia ganó el MAS, en dos CC y en el restante, Santa Cruz, el candidato ultraderechista que invadió el Palacio de Gobierno en La Paz cuando Morales fue depuesto en noviembre de 2019.

La oposición busca avanzar con la coartada de que el MAS abolió el requisito de los dos tercios para imponer su voluntad en la Asamblea Legislativa y lo reemplazó por el de la mayoría simple, que sí tiene garantizada. Ocurre que el partido de Morales y Arce perdió su hegemonía en ambas cámaras y modificó once artículos del Reglamento General de Senadores basado en la vieja composición del Congreso. Algunos de los cambios le permitirán aprobar los ascensos a generales de las Fuerzas Armadas y la Policía, la designación de embajadores y el manejo de las reglas del propio debate legislativo. CC tiene planeada una protesta para el 8 de noviembre cuando asuma la fórmula Arce-Choquehuanca. Dos días antes de la posesión del mando, en una ceremonia de Tiwanaku -como sucedía con Evo Morales y Álvaro García Linera en el inicio de sus mandatos-, el binomio ganador pasará por ese ritual ancestral, informó el senador electo del MAS, Félix Ajpi.

La minoría perdedora no aceptó el resultado electoral más allá de lo que declama. Se siente decepcionada. Varios gobiernos que habían avalado el golpe contra Morales ahora reconocieron la victoria de su delfín político. Se cayeron las órdenes de detención contra el propio Evo y su ex ministro de Gobierno, Juan Ramón Quintana, hasta hoy asilado en la embajada de México en La Paz. El clima está enrarecido. Bolivia intenta dejar atrás casi un año de atropellos contra la voluntad popular. Aunque la derecha no se resigna así nomás a su obligación de abandonar el gobierno. Una minoría movilizada pidió ayuda a las puertas de un cuartel. Pero hasta ahora obtuvo como respuesta un silencio de radio.

[email protected]