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El juez federal Claudio Bonadio elevó a juicio oral y público la causa en la que se investigan supuestas irregularidades en la importación de Gas Natural Licuado (GNL), por la que se encuentran procesados el detenido ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido y su otrora segundo, Roberto Baratta, entre otros ex funcionarios K. La decisión la tomó el 30 de diciembre pero recién se conoció esta semana. Así la causa GNL quedó en manos del Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7), integrado por los jueces German Castelli, Enrique Signori y Fernando Canero.
Entre el 2008 y el 2015 el kirchnerismo importó sin licitación pública buques con GNL por 15 mil millones de dólares. En el 2008 hubo una ola de frío y se justificó la compra directa a través de la empresa estatal ENARSA pero luego se siguió con la misma modalidad y a pesar de que la Argentina es un país productor de gas. La causa elevada a juicio solo abarca solo una parte de esos embarques. La compra de GNL fue tan importante que para algunos economistas fue una de las causas del cepo al dólar durante la segunda presidencia de Cristina Kirchner.
La decisión procesal tiene, también, un costado político, el kirchnerismo luego de fracasar con su intento de contaminar la causa de los cuadernos de las coimas a través del “Operativo Puf”, ahora ensaya hacerlo con la causa GNL en el juzgado de Dolores a cargo de Alejo Ramos Padilla. La semana pasada, se conoció otra pulseada de Ramos Padilla y Bonadio cuando éste contestó que el testimonio del falso abogado Marcelo D’Alessio “no fue usado como prueba de cargo, ni valorado” a la hora de dictar procesamientos.
Bonadio mandó la causa a juicio oral luego de rechazar una serie de apelaciones de los procesados pero para el magistrado “no se advierte prejuicio… dado que la etapa de juicio será la adecuada para introducir tales agravios, siendo que en un eventual sentencia del tribunal oral será donde podrán conocerse con mayor detalle las conductas efectivamente realizadas por cada uno de los encausados”. Así Bonadio elevó ya a juicio oral la mayoría de las causas vinculadas directamente o indirectamente con los cuadernos de las coimas.
A principios de noviembre pasado, el fiscal federal Carlos Stornelli había formulado el respectivo requerimiento de elevación a juicio a Bonadio e incluye también el caso de los procesados Exequiel Espinosa (ex presidente de ENARSA), entre otros, involucrados en la causa.
El fiscal Stornelli sostuvo en su presentación que la investigación permitió determinar que en las investigadas importaciones de GNL «se procuró un lucro indebido para los terceros intervinientes, lo que generó un claro perjuicio a las arcas del Estado Nacional». Según el fiscal, De Vido y Baratta «violaron e incumplieron los deberes de los cargos que detentaban, ello al menos en algunas de las contrataciones para la adquisición de Gas Natural Licuado (GNL) llevadas a cabo en el marco del Programa gubernamental citado (PET), defraudando así los bienes e intereses que le fueron confiados».
En esa línea, sostuvo que los delitos fueron evidenciados en «seis contrataciones llevadas a cabo para la importación de gas natural licuado -GNL- en el marco del Programa de Energía Total, instrumentadas a través de la empresa Energía Argentina SA (ENARSA), la que a su vez, delegó en la empresa YPF S.A. la gestión, adjudicación y pago de los cargamentos de GNL que fueron adquiridos a la empresa Repsol Comercializadora de Gas SA y entregados en el Puerto de Bahía Blanca».
El representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que hubo irregularidades «en la contratación llevada a cabo el 12 de diciembre de 2008 por parte de Enarsa de las firmas DYSAN y DILIGENTIA SA (vinculadas al ex ministro de Obras Públicas de Carlos Menem, Roberto Dromi), las que intervinieron como intermediarios en las operaciones de GNL, entre ENARSA y Gas Natural Aprovisionamientos SDG SA, Gas Natural Fenosa y Morgan Stanley».
Según el fiscal, las firmas intermediarias operaron el 12 de diciembre de 2008 y el 12 de agosto de 2009 para la provisión de cinco cargamentos de GNL, «operaciones todas ellas realizadas sin apego a las normas de contratación públicas vigentes».
«Se ha demostrado con el alcance aquí requerido que Exequiel Omar Espinosa ex Presidente de la empresa Energía Argentina S.A. (ENARSA) e integrante del Directorio de tal empresa-, tomó parte en la ejecución de las maniobras descriptas, prestando una colaboración sin la cual no habrían podido cometerse», sostuvo Stornelli.
El caso GNL fue aquel que invocaron Stornelli y Bonadio en el 2018 para quedarse con la causa de los cuadernos sin enviarla a sorteo. Sucede que la ex mujer del chofer de Baratta, Angel Centeno, Hilda Horovitz, quien denunció a su ex pareja y a su jefe por supuestas irregularidades y enriquecimiento ilícito con el GNL y otros negocios. Por esta causa, Bonadio había dispuesto en el 2019 la detención de Baratta, quien fue excarcelado el mes pasado en medio de la ola de liberaciones de detenidos con prisión preventiva, tras el cambio de Gobierno. Baratta está imputado como uno de los supuestos organizadores del «Operativo Puf» desde la cárcel de Ezeiza, donde había estado detenido.
En noviembre, la Cámara Federal porteña, cuando desvinculó del caso a la ex presidenta Cristina Fernández. La causa de GNL había sido abierto en el 2015 por una denuncia del ex senador de Cambiemos Federico Pinedo y el abogado peronista Juan Mussa.
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