Ciccone: Inician una causa judicial para investigar si Vandenbroele cobró por arrepentirse

Después de que el juez federal Ariel Lijo solicitó que se investigue si el gobierno de Mauricio Macri «compró» con el pago de un hotel boutique la confesión de Alejandro Vandenbroele, señalado como testaferro del ex vicepresidente Amado Boudou y arrepentido del caso Ciccone, la fiscal Paloma Ochoa abrió la investigación. Su requerimiento fue presentado ante el juez Marcelo Martínez De Giorgi, sin embargo planteó que el caso debería ser investigado por Lijo, donde fue aceptado el empresario como imputado colaborador.

La denuncia que formuló Lijo se fundó en una publicación periodística del sitio El Destape, que reveló detalles reservados del expediente de Vandenbroele como integrante del programa de testigos protegidos del ministerio de Justicia. La fiscal consideró que corresponde investigar si el legajo de Vandenbroele funcionó como base de un hecho ilícito, para perjudicar con su confesión a Amado Boudou. 

Fue el juez Lijo tuvo a cargo la instrucción de la causa por la que Boudou terminó siendo condenado a cinco años y diez meses de prisión por la apropiación de la imprenta Ciccone, la reducción de sus cuantiosas deudas con la AFIP y su posterior contratación con el Estado para imprimir papel moneda. El magistrado también instruyó las causas por el irregular contrato de la provincia de Formosa con la empresa con la que Boudou compró Ciccone, The Old Fund, y la organización para financiar esa compra, una causa conocida como Ciccone II y que aún está abierta.

En el marco de esas investigaciones, Lijo fue quien en 2017 homologó la confesión de Vandenbroele como «imputado colaborador» en el caso Formosa, que aún estaba bajo su responsabilidad. La confesión, el dueño de The Old Fun la había realizado ante el fiscal Jorge Di Lello.  Aunque el juicio oral por Ciccone acababa de comenzar, el testaferro del ex vice también aportó datos y documentos que se sumaron a las pruebas que ya existían contra Boudou.

En este escenario, y a raíz de la publicación periodística, se inició otro expediente en la justicia federal. La nota refería a que la confesión de Vandenbroele podría haber sido «comprada» por el gobierno de Mauricio Macri, a través del Programa de Protección de Testigos. 

La ley que rige el programa determina que el domicilio, las actividades y los nombres del personal de custodia de los testigos e imputados colaboradores son de carácter confidencial. Pero parte de esos datos fueron publicados, incluida la documentación según la cual Vandenbroele habría pedido 1,5 millón de pesos al Programa para financiar la compra de un hotel en Mendoza, y afirmaba que el arrepentido habría recibido al menos parte del dinero que pidió.

Respecto a la investigación que impulsó la fiscal Ochoa, en su dictamen planteó que para poder llevar adelante la investigación, es necesario tener acceso al legajo de Alejandro Vandenbroele, algo que, de acuerdo al artículo 9 bis de la ley de protección de testigos -introducido por DNU en noviembre del año pasado-, «solo podrán hacer quienes intervengan en las causas judiciales en las que se dispuso la protección».

La normativa impone: “Los funcionarios y demás agentes de la Agencia Nacional de Protección de Testigos mantendrán bajo estricta reserva los legajos de los casos y sólo tendrán obligación de brindar información a las autoridades que intervengan en los procesos judiciales en los que se dispuso la protección de las personas”,

Por otro lado, la fiscal señaló en su escrito que la situación planteada sobre presuntas irregularidades en la entrega de sumas de dinero para que Vandenbroele se acogiera al régimen del imputado colaborador, torna “imperativo declarar la conexidad”, es decir que esto sea investigado por el juez Lijo.

También corresponde ponderar -señaló la fiscal-, que hay un tramo de la investigación que aún tiene a su cargo el juez Ariel Lijo, donde fueron utilizados los dichos de Vandenbroele «posiblemente viciados según los testimonios que dieron inicio a la causa, y que fueron ventilados, valorados y utilizados para fundamentar condenas».

Denuncian filtración de datos

En paralelo, el Director de la Agencia de Protección a testigos e imputados radicó una denuncia en Comodoro Py a raíz de lo que consideraron una filtración de datos de carácter secreto. «Esto a raíz del Decreto que se sacó en noviembre de 2019 modificando el programa a agencia, donde se incluyó la confidencialidad de todos los legajos y la prohibición de la revelación y divulgación de los mismos, de ocurrir esto se incurre en un delito que es lo que se pidió que se investigue», señalaron fuentes judiciales a Clarín.

Desde el macrismo explicaron que «el Programa de Protección de Testigos e Imputados incluye varias medidas de seguridad y gastos para reubicar a quienes se incorporan a él, incluidos aquellos que implican un nuevo domicilio -a veces hemos enviado a familias enteras al exterior, por ejemplo- y el desarrollo de un nuevo trabajo, según las capacidades y deseos de cada persona», explicó a Clarín un ex funcionario vinculado con el ministerio de Justicia.

«Esto existía antes de que llegáramos al gobierno, y así sigue ocurriendo ahora. Desde Garavano -ex ministro de Justicia- hacia abajo, los funcionarios desconocemos el destino y los gastos que insume cada una de las personas incorporadas al programa, muchas veces por pedido de la justicia», insisten.

Por otro lado, en esta misma línea, desde el Programa explicaron: «Esos pagos se hacen con gastos reservados documentados y cuyo destino sólo conoce el administrador del programa, justamente para mantener la seguridad de los arrepentidos. Sin saber nombres, te puedo decir que a través de los años el programa pagó gastos para abrir pizzerías, florerías, remiserías, kioscos y gimnasios. Así funciona siempre, acá y en la mayoría de los países«, explicó el ex funcionario, quien además dijo que debe «la justicia investigar a fondo al situación».