Con “la guillotina” en Plaza de Mayo | El grupo ult…

“Hay que hacer una guillotina en Plaza de Mayo… y que se pongan en fila”. La frase la escribió un dirigente de la Sociedad Rural, de una seccional del interior del país, en el grupo de Whatsapp “Gurú Política”, en el que conviven empresarios, consultores y ruuralistas. El escriba reclamó el artefacto medieval para los funcionarios del Gobierno Nacional, que una parte del campo entiende están jugando en la disputa de la familia Etchevehere por un terreno en la provincia de Entre Ríos donado a un proyecto de economía sustentable. 

La frase, complementada por comentarios aún más duros que muestran un perfil destituyente abierto, grafica el fondo de la cuestión del caso: el campo más conservador y ultra, en guerra declarada contra el gobierno de Alberto Fernández. Una batalla que, aún con antecedes frescos de desaveniencias entre el agro y el peronismo, plantea una discusión por el poder, las leyes y el orden democrático. A la luz de los hechos y teniendo en cuenta lo que se conversa en el sector, una parte de la ruralidad está dispuesta a ir a fondo y establecerse como el único segmento del Círculo Rojo desinteresado en la negociación y definidamente opositor casi en términos bélicos. Un límite que se vuelve peligroso por las características mostradas hasta ahora. 

Naturalmente, el Gobierno afronta un problema político condicionado por los antecedentes y hasta por situaciones que lo comprometen sin haber puesto las manos, como la aparición en escena de Juan Grabois, abogado de Dolores Etchevehere, que el campo lee como una intromisión oficial. Pero a decir verdad, la contraparte empresaria ya se manejaba con este nivel de prejuicios bastante antes de este hecho que exacerbó los ánimos. “Tenemos que entrar en estado de deliberación y movilización del sector agropecuario. Salgamos de la zona de confort hasta el gobierno de mierda caiga, si es necesario”, se envalentonó otro dirigente en ese chat de Whatsapp. Nadie decidió ponerle freno al comentario, como ha ocurrido con otras afrentas similares. 

De hecho, fueron aún más allá y se plegaron algunos otros dirigentes con consignas similares: “que cumpla su mandato y no usurpe al ciudadano. Yo estoy de acuerdo! Que la gente los saque a patadas por inútiles! Por ladrones!”, escribió otro terrateniente de Entre Ríos, corazón de la disputa de los Etchevehere. A continuación y ante lo que entendieron como una parte de un plan de ocupación de tierras, llamaron a tomar un grupo de hectáreas que pertenecerían a la familia de Grabois. “Campo disponible para usurpar. Está en Elortondo, Santa Fe. No creo que la madre de Grabois se moleste si la privan de su propiedad…”, disparó otro ruralista y copió una foto aérea de ese campo. 

La Asociación de Criadores se sumó a la idea de un plan fomentado por el Estado para atentar contra la propiedad privada, aún cuando el propio gobierno provincial y nacional se había despegado. “Asistimos a tomas y ocupaciones ilegales de propiedades privadas en todo nuestro país, ante la pasividad de los poderes públicos competentes. Tales hechos vandálicos, en forma casi permanente, aparecen justificados por los transgresores en supuestos derechos ancestrales, o contar con una vivienda o derechos sucesorios, sin reparar que tales argumentos no pueden justificar el apartamiento de la ley. También, en muchos de estos casos, parecieran estar acompañados de la complicidad de un inexplicable silencio estatal que indudablemente, corroe la seguridad pública”, firmaron los criadores. 

En la misma línea se expresó la Mesa de Enlace, que también está en una pulseada de poder, luego de negarse a negociar mayores beneficios para sus asociados. Todo después de que el Gobierno le diera una baja de retenciones que, aunque acotada y temporaria, debería ser un gesto para iniciar una conversación con la política. El campo parece negado incluso a esa interlocución, que sí le ha dado resultados a otros sectores, como el de los autos, la agroindustria y la construcción, que ya tiene leyes y medidas para apalancarse en la crisis. Cualquier cosa que el Gobierno haga, será de nulo o escaso impacto para esa parte del agro, penetrada ideológicamente por Cambiemos y enemistada con el peronismo. 

La rebeldía de los ganaderos de la zona núcleo promete alzamientos y cortes de ruta, según avisaron en los chats. E incluye gestos concretos de pelea, como la ausencia de los Etchevehere en la audiencia de mediación por el campo en cuestión. Como ya se ha escrito en diferentes artículos de Página I12, este conglomerado de ruralistas rechazará al Gobierno aún ante medidas positivas. Y terminará forzando una nueva 125 en un caso netamente de privados. 

En la otra esquina, en el Gobierno dijeron a este diario que «el diálogo con el campo nunca estará cerrado», y recordaron los acercamientos que el propio Fernández hizo con la Mesa de Enlace, a meses de iniciada la gestión. En paralelo, seguirá el Ejecutivo con la misma tesitura respecto al caso Etchevehere. En las próximas horas habrá acción de funcionarios de Justicia en las redes sociales, recordando que ningún funcionario aleinta la toma de tierras. Y aclarando que la presencia de funcionarios en la zona fue siempre en cumplimiento de un pedido del fiscal o de una denuncia, como el caso del INADI.