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El proyecto de ley de reforma judicial, que fue presentado la semana pasada por el presidente Alberto Fernández, comenzará a ser debatido este martes en el Senado con la presencia de la ministra de Justicia, Marcela Losardo.
La intención del oficialismo es escuchar los detalles que la funcionaria desplegará desde las 16 en una videoconferencia que se llevará a cabo durante el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales y luego avanzar en una ronda de preguntas en las que se esperan algunos cuestionamientos de parte de los integrantes de la oposición.
Losardo abrirá las audiencias en el Senado, que continuarán durante las próximas semanas.
La intención del oficialismo y de la oposición es agrandar el debate con la presencia de especialistas convocados por ambas bancadas para llegar a la firma del dictamen que podría hacerse en la tercera semana de agosto.
La idea, entonces, sería que el proyecto llegue al recinto de sesiones antes de septiembre, para que a partir de ese mes pueda ser debatido en la Cámara de Diputados. La lista de invitados para las próximas audiencias se dará a conocer este martes.
El proyecto de Ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal crea la nueva «justicia federal penal, mediante la consolidación de los fueros criminal y correccional penal y penal económica».
Cada uno de los juzgados actuará con una de las dos secretarías que actualmente tienen. La restante se convertirá en secretaría de otros 23 nuevos tribunales que se sumarán.
Habrá un sistema de subrogancias con máxima transparencia en la designación de los jueces, en la que intervendrán la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, el Consejo de la Magistratura y el Senado de la Nación.
Más allá del proyecto en sí, la creación de un consejo consultivo de expertos que analizará eventuales iniciativas de reforma de la Corte Suprema de Justicia y de la Procuración General de la Nación generó el mayor rechazo en la oposición y en ámbitos judiciales.
Sin embargo, cerca del jefe de Estado se encargaron de remarcar que la intención «no es atropellar a nadie», como plantea un sector de Juntos por el Cambio; y exponen que están «abiertos a hacer todas las correcciones que sean necesarias», siempre que «no cambien el espíritu del proyecto».
«Estamos absolutamente abiertos a cambios porque lo único que queremos es que la Justicia funcione de otro modo. No firmamos un decreto cambiando la Justicia», razonó el propio Alberto Fernández días atrás.
JPE
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