Con tres procesamientos, Aníbal Fernández enfrenta un complicado frente judicial

Con la reciente entrega de informes patrimoniales de la AFIP, avanza la causa por supuesto enriquecimiento ilícito en contra del flamante interventor de la empresa Yacimiento Carbonífero Río Turbio (YCRT), Aníbal Fernández, quien ya tiene tres procesamientos en las causas Fútbol para Todos, Qunita y el plan para el manejo de la basura.

Dos de esas causas ya fueron elevadas a juicio oral y esperan fecha de inicio, en una complicada situación judicial.

En cambio, en la causa del Triple Crimen de General Rodríguez nunca se probó que Fernández haya sido “La Morsa”, uno de los jefes de la mafia de la efedrina como afirmó el condenado por el asesinato de Sebastián Forza, Martín Lanatta​.

Aníbal por estas causas mantiene una vieja pelea de fondo con la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió,​ que incluyó el intercambio de acusaciones judiciales y fuertes ironías.

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A fines del año pasado, la AFIP había enviado informes sobre la evolución patrimonial de Aníbal, sus familiares directos, y de su ex jefe de gabinete y mano derecha, José Gaincerain, en la causa por enriquecimiento que le abrieron las diputadas Carrió y Mónica Frade.

El juez federal 1 de Lomas de Zamora, cuando termine la feria, seguramente podrá decidir la situación procesal de los imputados.

La otra causa más reciente es del año pasado, cuando el juez Claudio Bonadio procesó a Aníbal, a su antecesor Jorge Capitanich y a tres ex secretarios de Medio Ambiente, en la causa que investiga irregularidades en los Programas Municipales para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, entre 2013-2015.

Se les imputa el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. La maniobra habría sido por 604 millones de pesos. A cada uno de los ex jefe de Gabinete de Cristina se les trabó un embargo de 3 millones de pesos.

Una de sus primeras complicaciones judiciales fue en Junio 2016 cuando la jueza federal María Servini procesó a Aníbal y a otros ex jefes de Gabinetes el delito de violación de los deberes de funcionario público y los embargó en $10 millones.

Servini les imputó no haber controlado los fondos del programa Fútbol para Todos. Es por el manejo irregular de los fondos del Fútbol para Todos, unos $ 5600 millones entre 2009 y 2015. El año pasado, Servini mandó esta causa a juicio oral.

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En noviembre de 2017, en la causa conocida como Fifagate (la ramificación del caso abierto en Estados Unidos), el fiscal Gerardo Pollicita había pedido la indagatoria Aníbal, entre otros, a raíz de las confesiones en EE.UU. del ex gerente general de Torneos y Competencias, Alejandro Burzaco​. Pero el pedido no se concretó.

Sin embargo, en la causa»Fútbol para Todos», Servini amplió la acusación contra Aníbal por «irregularidades en la contratación con el único auspiciante, la firma de camiones Iveco», de la televisación de los partidos y se lo embargó en 50 millones de pesos.

En el 2017, se conoció casi una anécdota de su relación con el fútbol. El empresario mexicano Carlos Ahumada le reclamó 100 mil dólares por la supuesta compra del sobrino del político K, Fernando Pagés, que pagó y dijo nunca recibió los derechos de la transferencia, en un dato inédito de la relación entre ambos.

Casi en forma paralela al caso FPT, el juez federal Claudio Bonadio procesó a Aníbal en el Plan Qunita que significó una inversión de más de $ 1.100 millones y según la denunciante, la diputada de Cambiemos Graciela Ocaña, hubo “sobreprecios de hasta 100 por ciento”.

La denuncia inicial apunta a una sobrevaluación de los 140 mil kits comprados a varias empresas. A mediados de 2016, la Sala II de la Cámara Federal confirmó los procesamientos de Aníbal Fernández y otros en esta causa que fue a juicio oral.

Consultada por Clarín la diputada Ocaña por el nombramiento de Aníbal con tres procesamientos, dijo que “este Alberto Fernández no es el Alberto del 2007 hizo renunciar a los funcionarios procesados en el caso Skanska, como el ex interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), Fulvio Mario Madaro”.

La designación de Aníbal «tiene que ver con la decision de que vuelva lo peor. Es la impunidad que quiere mostrar Cristina Kirchner”, sostuvo en diálogo con Radio Mitre. «Parece que lo mejor para tener un cargo público es tener antecedentes penales”, agregó con ironía.

Por su parte, Mónica Frade teme que con el cambio de Gobierno “la AFIP empiece a retrasar los pedidos de información de la justicia sobre Aníbal y con el tiempo consigan la prescripción y la impunidad”.

Para la diputada, «tener un cargo público es una forma de refugiarse frente a estas causas judiciales que tiene abiertas».

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En cambio, Aníbal afirmó que «yo no me como esa gilada de que tengo una mala imagen. Si tengo una mala imagen en este país fue por defender a mi Gobierno”.

“Nadie me puede decir que fui un corrupto, si no me hubieran metido preso en estos cuatro años que les encantaba meter presa a la gente», remarcó.

Seguido, Aníbal Fernández desestimó los procesamientos que afronta en varias causas judiciales. «Son algo sin sentido. Van a terminar, como tienen que terminar, en el archivo definitivo porque no tiene ninguna solución eso», dijo.

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Lejos está Aníbal de aquel que en el 2001, como jefe de Gabinete, había sostenido los procesamientos judiciales que sufrió el ex superintendente de Servicios de Salud Héctor Capaccioli en la causa de la mafia de los medicamentos y el financiamiento de la campaña de Cristina en el 2007 no representan ninguna «complicación» para el Gobierno de la ex presidenta y recordó que el ex funcionario «era la mano derecha» de Alberto Fernández.

«La campaña (electoral de 2007) tenía un jefe de campaña que era Alberto Fernández, y Capaccioli era un hombre de su confianza, la mano derecha«, dijo Fernández.

El flamante interventor, también está siendo investigado en una causa por el acuerdo extrajudicial que permitió licuar una deuda de casi 250 millones de pesos de la empresa Alcalis de la Patagonia, de Cristóbal López.

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En su historia política, también registró una dura pelea con el ex titular de la secretaría de Lucha contra el Narcotráfico, José Granero por el control del registro de precursores químicos. En esa época, también tuvo roces con el ex director de la SIDE Antonio Stiuso por el manejo de la inteligencia.

Aníbal como ministro del Interior o jefe de Gabinete retuvo el control de las fuerzas de seguridad federal y, por ende, sus aparatos de inteligencia criminal que protagonizaron cortocircuitos con la SIDE. Su reivindicación con Cristina, fue tras la muerte violenta de Alberto Nisman, a quien criticó por sus relaciones con modelos mientras las paredes de Buenos Aires se cubrían con afiches ilustrados con fotos tomadas del celular del fiscal de la AMIA, en sintonía con la estrategia de la ex presidenta.