Coronavirus: el Gobierno quiere reabrir el Congreso para sacar leyes clave y consulta a especialistas

Entre tantas preocupaciones y focos de conflicto que atender, hay dos temas que inquietan especialmente al presidente Alberto Fernández porque exceden a la capacidad que tiene desde el Ejecutivo para resolverlo. Se trata del remate de las casas hipotecadas y el desalojo de alquileres de viviendas y negocios. En medio del freno de la economía, producto de la cuarentena obligatoria, el jefe de Estado es consciente de la necesidad de que se acuerde la suspensión de ambos por ley y le pidió colaboración a la oposición para reabrir el Congreso.

Mientras el Gobierno analiza, como adelantó Clarín, prolongar el aislamiento social preventivo y obligatorio hasta después de Semana Santa, la intención es agilizar los tiempos y que el Congreso sesione la próxima semana para atenuar el impacto social de una economía en receso. «No podemos sacarlos por DNU, porque es intervenir sobre acuerdos entre privados y corremos el riesgo de que los impugnen ante la Justicia y en este momento de emergencia necesitamos darle una solución», explicó un alto funcionario sobre el apuro oficial.

Entusiasmados porque en las últimas 48 horas detectaron una marcada mejoría en el nivel de cumplimiento de la cuarentena, en el Gobierno admiten que deberán encontrar una solución al tema para lograr contener las demandas sociales que habrá durante los primeros días de abril. Y el foco está puesto en principio en evitar el desalojo de familias que no pueden hacer frente al pago de alquileres y de comerciantes morosos que no pueden abrir sus puertas por la pandemia.

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No es, aclaran en el Gobierno, una suspensión generalizada de pagos de alquileres como dispuso el presidente de Francia, Emmanuel Macron, sino una herramienta para evitar situaciones extremas. «El que lo puede pagar, lo va a tener que pagar como siempre. Al resto se le evitará ser desalojado», dicen.

Algo similar ocurre con las hipotecas. No se condonarán deudas, sino que se suspenderán los plazos de ejecución y los remates de casas. 

Si bien no estuvo en la agenda del día, el plan sobrevoló la reunión que el Presidente mantuvo con los intendentes en la Quinta de Olivos. En rigor, aunque no se trata de un asunto que los involucre políticamente, porque la decisión es de Nación; los jefes comunales son quienes tienen que lidiar con los conflictos entre privados en sus jurisdicciones.

Incluso, varios de ellos aseguraron a Clarín que ya recibieron consultas de vecinos preocupados porque no podrán hacer frente al pago de los alquileres durante el mes de abril. Algunos, aseguran, llegaron a transmitirlas a las más altas esferas del Gobierno. 

Con todo, el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, salió de esa reunión y se comunicó con los jefes de bloque opositores en busca de consenso. 

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Aunque todo dependerá de las recomendaciones que hagan los epidemiólogos a los que se le realizaron consultas sobre la factibilidad de reunir a 257 diputados, y casi un tercio, considerados por distintas razones como grupo de riesgo.

El Senado, en tanto, es un caso aparte. No sólo por la mayoría que le responde directamente a la vicepresidenta Cristina Kirchner, sino porque hay menos legisladores en edad de riesgo: apenas cinco. 

A la espera de los consejos del ministro de Salud, Ginés González García -y su equipo_ y el infectólogo Pedro Cahn, director de la fundación Huésped, entre otros especialistas, el Gobierno trabaja en los consensos para aprobar la ley en forma exprés y que los proyectos sean firmados por todos los bloques. 

Más allá de delegar en Massa -y en el jefe del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner-, el Presidente tiene previsto reunirse este miércoles con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien tiene amplia influencia en el bloque de diputados de Juntos por el Cambio. Será una charla más de las «varias por día» que tienen -como reconoce el alcalde porteño- desde que se desató la crisis por el coronavirus. 

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