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Desde el 17 de marzo, según la publicación en la red de jueces penales de la Provincia, “pese a las restricciones de la cuarentena firmaron 2.227 libertades domiciliarias”.
“Niego categóricamente que en Buenos Aires exista un plan (del gobierno) para liberar detenidos”, dijo el ministro de Justicia, Julio Alak.. Es la primera vez que desde la administración provincial, a cargo de Axel Kicillof, se pronuncian oficialmente sobre el conflicto en las cárceles, consideradas una bomba de tiempo por la violencia de los últimos días y la amenaza sanitaria del coronavirus. La oposición se había manifestado crítico con un presunto “plan estratégico” del oficialismo para excarcelar presos.
La polémica se establece en el plano de los presuntos condicionamientos del poder político sobre esa discrecionalidad que tiene los jueces afectados a cada causa.. La secuencia del problema tiene inicio cuando en noviembre 2019 la Suprema Corte advirtió sobre el hacinamiento y la superpoblación de las cárceles bonaerenses. Luego, con la pandemia del COVID-19, los Defensores Oficiales presentaron un habeas corpus colectivo para liberaciones en favor de reclusos considerados en riesgo. La presentación fue ante el Tribunal de Casación, que finalmente convalidó el pedido.
El segmento de habilitados para las excarcelaciones compone población mayor de 65 años, con procesos judiciales por delitos leves no violentos, mujeres embarazadas o con hijos en lactancia y con enfermedades prevalentes.
Con alguna evidencia de liberación de presos fuera de esas categorías penales, incluido abusadores, aparecieron los primeros cuestionamientos formales. Entre ellos el del fiscal de Casación Carlos Altuve, quien solicitó al Tribunal que se establezca cuáles delitos tienen carácter de “leves”, porque de la falta de especificidad pueden surgir “liberaciones masivas”.
Pero, lejos de agotarse en una cuestión jurídica se incorporó el factor político. Funcionarios del gobierno nacional, como Horacio Pietragalla, de la secretaría de Derechos Humanos, quien promueve la liberación temporaria de Ricardo Jaime, ex ministro de Transporte condenado por la tragedia de Once. Para mayor nivel de controversia, el presidente Alberto Fernández, sostuvo la conducta de Pietragalla, argumentó que no es una intromisión del Ejecutivo y defendió las excarcelaciones de delincuentes comunes.
Para más abundamiento en la brumosidad de este tema, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, lejos de alinearse con el pensamiento oficial, declaró casi con la voz presidencial, que si fuera por él “no liberaría a ningún preso”.
Todo el desbarajuste en medio de toma de cárceles y huelgas de hambre dentro de algunos penales. Con muerto incluido en la unidad de Florencio Varela. En un universo de 45 mil presidiarios, para una capacidad de 23 mil plazas, con el coronavirus en plena evolución, la discusión se potencia. Y los intereses sectoriales y hasta ideológicos también.
En la Provincia determinó el pedido del bloque de diputados de Juntos por el Cambio para que el propio Alak aporte el detalle del momento en las cárceles, jurisdicción del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).
¿Cuál es el verdadero registro de excarcelados en el último mes?. Siempre de acuerdo con la red de los jueces penales, había un primer listado de 647 “habilitados” por Casación. De ellos habrían egresado dos tandas de 120. El resto, hasta completar 2.247 casos, corresponde a la impronta anterior de los jueces en cada causa.
Representa un aumento considerable de las excarcelaciones mensuales promedio. La oposición parlamentaria en Buenos Aires intenta determinar con los funcionarios cuánto de condicionalidad imponen los fallos de Casación, firmados por el vicepresidente Víctor Violini, y del presidente del cuerpo, Ricardo Borisnky.
Alak se desmarca: “La Constitución y las leyes sólo facultan al Poder Judicial a detener, liberar o conceder libertades domiciliarias”.
El funcionario menciona que “los pedidos de prisiones domiciliarias son solicitados mayoritariamente por los Defensores Públicos bajo la órbita de la Procuración General de la Suprema Corte”. De ese órgano dependen los fiscales que están habilitados para conseguir o apelar las resoluciones judiciales”, insiste.
Precisamente, según la información suministrada a Clarín, el fiscal Altuve concurrirá el lunes próximo en queja a la Suprema Corte para que se investigue el fondo de la cuestión de las liberaciones. Se sabe, el Procurador, Julio Conte Grande, tiene los mismos prejuicios sobre eventuales desviaciones en la aplicación de las excarcelaciones. En aparente contradicción con el presidente de la Suprema Corte, Eduardo de Lázzari, quien en líneas generales discurre con los criterios del Procurador.
No son los únicos caracteres en oposición. Dentro del gabinete provincial, Berni está directamente en contra de las excarcelaciones. Alak, en cambio, concede amplitud a partir de la competencia de los jueces. Pone en resguardo la intervención, aunque sea, de la opinión al gobierno.
¿Cuándo fijará postura Kicillof?.
Fernández, en Nación, ya incursionó decididamente.
Los jueces penales también se dispusieron a mensajear: “Nosotros no diseñamos la política criminal” en la Provincia. “La pandemia requiere de acción mancomunada y sin mezquindades”, requirieron de los otros dos poderes.
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