Coronavirus en Argentina: los intendentes, incluso varios macristas, a favor de que se les permita controlar los precios

“En todo el Conurbano no se consiguen maples de huevos”. El tono parece doméstico, de escasez en medio de la pandemia de coronavirus, pero al contrario resume la bronca de los intendentes con la especulación por la suba de precios. Este domingo, varios de ellos explicaron a Clarín que el faltante es “porque el lunes esperaban el listado con los aumentos en ese rubro”.

Otros, como productos de verdulería y la carne, ya se habían disparado en la semana.

Esta necesidad de control, y la limitación logística, determinaron el anuncio del presidente Alberto Fernández sobre el nuevo DNU para traspasar a los jefes comunales la aplicación de la ley de la competencia. Se lo habían planteado los intendentes al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero​, en la videoconferencia del 31 de marzo. Esa diligencia, que incluye clausuras, excedía las posibilidades del Gobierno en los 2.200 municipios que hay en el país.

Por eso, el traspaso de facultades para los negocios de cercanía.

¿Por qué es necesario el decreto? Los municipios tienen potestad de habilitación y de control de bromatología. Un caso concreto es la clausura que realizó, en La Matanza, el intendente Fernando Espinoza sobre el supermercado Coto porque, según el Municipio, tenía productos de repostería junto a pollos. Pueden cerrar los comercios por no respetar la cadena de frío. Por incrementar precios, no. En caso de esa verificación, en los Precios Máximos, los municipios comunican a la Secretaria de Comercio de Nación.

Ahora dispondrán de una herramienta.

“Es muy importante este control de las góndolas en un momento excepcional. Nos encontramos con situaciones abusivas con los precios de productos de primera necesidad. Con la nueva norma vamos a poner a nuestros inspectores a defender el bolsillo de los vecinos”, comprometió Fernando Gray​ (Esteban Echeverría). En este caso son veinte agentes entrenados.

No lo dicen, pero los alcaldes requerían del decreto para no quedar en la intemperie legal. Sin el DNU que firmará Fernández, los dueños de los negocios clausurados podían recurrir la medida en el fuero Contencioso Administrativo con seguridad de éxito.

“Este DNU nos otorga herramientas para trabajar en ese esquema, para que los comerciantes no tengan la excusa de decir que no estamos habilitados para poder controlarlos. Nos da un marco de legalidad. Necesario para limitar las avivadas y las picardía de los comerciantes o los distribuidores de alimentos, que a veces son más picaros que los propios comerciantes”, dijo Jorge Macri​ (Vicente López).

El foco, con presagio de polémica, está en los almacenes de barrio. Allí donde no puede llegar la vigilancia de los precios de la Secretaría de Comercio. «De verdad no es que yo, como Estado nacional, no quiera encontrarlos. Son difíciles de encontrar. A veces son negocios muy chiquitos que están a nombres de un monotributista, que ni siquiera sabés que ahí hay un comercio», según el diagnóstico del propio Fernández.

A través de la resolución N° 100, el Gobierno había dispuesto retrotraer los precios de 2.300 productos a los valores del 6 de marzo. Las grandes cadenas observaron un comportamiento moderado. En los comercios de cercanía se comprobaron aumentos de hasta el 30 por ciento.

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Aún así, en el Mercado Regional de Frutas y Verduras de La Plata, algunos puestos inspeccionados registraron subas de hasta el 100 por ciento. Este domingo, el intendente local, Julio Garro, manifestó conformidad con el DNU que firmará el presidente, porque –según explicó- “nos sentimos respaldados legalmente para actuar”.

Uno que sí salió a criticar el anuncio fue el macrista Javier Iguacel, intendente de Capitán Sarmiento y ex secretario de Energía. “Sr @alferdez es su responsabilidad cuidar los precios. Si imprime papelitos no hay manera de poder ayudarlo. No le quite el hombro a la jeringa”, tuiteó este domingo.