Coronavirus: la justicia bonaerense concedió a casi 800 detenidos la prisión domiciliaria

Alrededor de 800 presos bonaerenses que se encuentran en los grupos de riesgo frente a la pandemia del coronavirus fueron beneficiados con la excarcelación o el arresto domiciliario desde que fue decretado el aislamiento social, preventivo y obligatorio, según los pedidos que realizaron los defensores oficiales ante la justicia penal de la provincia.

El procurador general de la provincia, Julio Conte Grand, confirmó que «se estimó oportuno adoptar medidas tendientes a colaborar en el objetivo primordial de reducción del riesgo de propagación del coronavirus en la población privada de la libertad en comisarías, alcaidías y unidades del Servicio Penitenciario».

De acuerdo a los datos obtenidos, en lo que va de la cuarentena que fue decretada el 20 de marzo pasado, se realizaron casi 2.000 pedidos de prisiones domiciliarias y excarcelaciones, de los cuales el 40 por ciento fue otorgado y el resto se encuentra aún en análisis en los 19 departamentos judiciales que tiene la provincia de Buenos Aires.

Del total de presos que fueron beneficiados con la prisión domiciliaria, más de 500 corresponden personas que se hallaban alojadas en las superpobladas cárceles de la provincia y el resto detenidos en comisarías de la policía provincial.

Fuentes judiciales aseguraron que solo algunos de los más de 500 presos que ahora gozan de ese beneficio salieron con algún tipo de restricción, como una tobillera electrónica, mientras que el resto solo se constató su domicilio.

De acuerdo con los datos que aportaron las autoridades del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) a la justicia, en las cárceles de la provincia hay 644 presos con más de 65 años y casi 2.500 con patologías de alto riesgo, algunos de ellos con tuberculosis, SIDA o diabetes, aunque también hay con enfermedades respiratorias, algún tipo de tumor o afecciones que requieren diálisis.

Respecto de los presos que fueron beneficiados con los arrestos domiciliarios, en el 85 por ciento de los casos las solicitudes fueron presentadas por defensores oficiales que representan a los detenidos, tanto en primera instancia como ante las cámaras de apelaciones y el Tribunal de Casación.

Las fuentes consultadas detallaron que cada pedido realizado por los defensores oficiales es recibido por el juzgado natural del caso que, a su vez, le conceden al fiscal el espacio para que opine y finalmente el juez resuelve si concede o no los beneficios.

El 16 de marzo pasado, el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires instruyó a los defensores oficiales a evaluar inmediatamente la posibilidad de requerir la prisión domiciliaria u otras formas alternativas al encierro respecto de sus defendidos privados de la libertad que conformen grupos de riesgo frente ante el coronavirus.

A través de la resolución 158/20, el procurador Conte Grand pidió en ese entonces que se consideraran especialmente «la particularidades fácticas y normativas de cada caso».

De acuerdo a los mismos criterios epidemiológicos y razones de salud pública, se les encomendó también a los fiscales evaluar esas circunstancias al momento de expedirse sobre pedidos de prisión domiciliaria o sus alternativas respecto de personas detenidas.

En ese momento, Conte Grand había expresado que frente a la pandemia del coronavirus «hay que evaluar las prisiones domiciliarias para presos en grupos de riesgo», pero aclaró que hay «delitos que, por su gravedad, no ameritan ni justifican adoptar» esa medida.

Detalló que en la resolución, en la que «se instruye a los defensores para que en forma inmediata evalúe la situación de las personas en el universo de riesgo definido por la Organización Mundial de la Salud y considerar si se puede transformar la detención en un arresto domiciliario u otra situación».

La iniciativa «también instruye a los fiscales para cuando reciban el pedido de los defensores, públicos o particulares; y el otro objetivo va dirigido a los asesores de niños, niñas y adolescentes evalúen la situación y que puedan acompañan a sus madres detenidas», explicó.

«Hay muchas personas que cumplen pena privativa de la libertad que han cometido delitos que no ameritan ni justifican adoptar estas medidas por la gravedad de los delitos concretados. De modo que lo que hacen nuestros fiscales y defensores es evaluar cada caso», indicó.