El fiscal de Instrucción Juan Pablo Klinger elevó a juicio a siete miembros de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) de Córdoba, acusados de integrar una asociación ilícita que realizaba procedimientos antidrogas fraudulentos en el departamento Punilla y otras localidades del norte provincial. Los agentes están imputados por quedarse con parte de la droga secuestrada durante los operativos y utilizarla para pagar a dateros, civiles que les proporcionaban información sobre puntos de venta de estupefacientes.
La investigación comprobó que la maniobra ilegal se extendió, al menos, desde 2020 hasta el año pasado. Entre los acusados figuran Luis Rubén Benavidez, Diego Omar Bertino, Néstor Javier Márquez, Raúl Eduardo Moreno, Isidro David Rivero, Eduardo Ruiz y Sergio Ruiz, alias “Soarcito”, quienes operaban principalmente en Cruz del Eje, Deán Funes y Cosquín.
Además de la imputación por asociación ilícita, Moreno y Sergio Ruiz enfrentan cargos por entrega ocasional de estupefacientes agravada por su calidad de funcionarios públicos. Junto a ellos, también serán juzgados tres civiles que actuaban como informantes, conocidos en el ambiente policial como “deltas”. Todos los imputados permanecen detenidos.
Durante la instrucción, Moreno confesó su participación y solicitó ser sometido a un juicio abreviado, posibilidad que podría ser adoptada por otros acusados. Las pruebas reunidas incluyen comunicaciones telefónicas entre los implicados, consideradas contundentes por el fiscal Klinger.
Un revés judicial para el fiscal Ramírez
En paralelo, el fiscal Raúl Ramírez —actualmente en uso de licencia— también fue elevado a juicio en una causa conexa. Junto a él, están imputados su secretario Patricio Bazán y el exjefe de la Brigada de la FPA de Cruz del Eje, Mauricio Oyola. Los tres enfrentarán cargos por encubrimiento agravado y abuso de autoridad.
La defensa de Ramírez, encabezada por Gustavo Núñez, solicitó trasladar la causa a los tribunales de Cruz del Eje, alegando incompetencia del juez capitalino. Sin embargo, la Cámara de Acusación rechazó el pedido. La vocal Patricia Farías, en su voto, destacó la necesidad de preservar la “imparcialidad y objetividad” del proceso, dada la gravedad institucional del caso y la implicancia de funcionarios judiciales de esa localidad.
Con estos avances judiciales, el escándalo en torno a la FPA sigue creciendo, sacudiendo a las fuerzas de seguridad y a la estructura judicial del norte cordobés.
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