https://images.clarin.com/2020/04/27/el-motin-en-la-carcel___NXNu8Jc1l_1200x630__1.jpg
Un nuevo foco de tensión empieza a crecer entre el Gobierno nacional y la Ciudad de Buenos Aires. Mientras aún sigue la disputa por el recorte de la coparticipación que anunció el presidente Alberto Fernández a la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, desde la Ciudad advierten que el Estado nacional les cerró las puertas de las cárceles para alojar a los detenidos y condenados por la Justicia porteña en el Servicio Penitenciario Federal (SPF) que hoy está intervenido y es controlado por la ex jueza e integrante de Justicia Legítima María Laura Garrigós de Rébori.
En total, según fuentes judiciales, hoy hay unos 400 condenados y detenidos con prisiones preventivas que deberían ir a las cárceles federales, según varios convenios que están vigentes, ya que la Ciudad no cuenta con cárceles propias. Pero por la negativa a recibirlos tienen que quedar alojados en comisarías y alcaldías porteñas que no están preparadas para tenerlos por largos períodos de tiempo.
La situación coquetea con la ilegalidad, ya que por ley está prohibido tener presos condenados en comisarías. «No tenemos opción, si el Servicio Penitenciario Federal no nos habilita los cupos para enviar a los presos, tenemos que tenerlos en algún lugar», dicen en la Ciudad quienes trabajan en el área de Seguridad y Justicia.
De hecho, aseguran que en los últimos meses tuvieron que reconvertir varias comisarías, comprar colchones y contratar un sistema de comidas ya que no podían alimentar a los detenidos con viandas. Incluso, en la comisaría comunal 12, ubicada sobre la calle Ramallo cerca de la General Paz, montaron una especie de hospital penitenciario para tratar a los detenidos que se contagiaban de coronavirus, entre otras dolencias. Al día de hoy, hay 30 infectados con cuadros leves.
Además, deben disponer de efectivos de la Policía de la Ciudad para custodiar a los presos que no van a a las cárceles. En total, hay unos 600 efectivos destinados a esas tareas. «Deberían estar en las calles, pero por las trabas del SPF tenemos que ponerlos a custodiar», reconocen las autoridades porteñas.
Los problemas, aseguran en la Ciudad, arrancaron en marzo pasado cuando se decretó la cuarentena por la pandemia de coronavirus. Desde el SPF, empezaron a trabar los traslados de los presos con el argumento de que podía contagiar de Covid-19 a los otros reclusos y la Ciudad empezó a acumular detenidos. En paralelo, por esos días, se habilitaron -por iniciativa judicial pero con apoyo de algunos sectores del Gobierno- las salidas de presos que tenían riesgo de coronavirus lo que generó un fuerte rechazo de sectores de la oposición y hasta cacerolazos en diversos puntos del país.
En abril hubo un motín en la cárcel de Devoto en medio del coronavirus.
Hubo varias idas y vueltas entre la Ciudad y el Gobierno nacional, hasta que el Ministerio Público de la Defensa porteño a cargo de Horacio Corti y Marcela Millán presentó en julio pasado un habeas corpus que fue aceptado por el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°3, a cargo de Carla Cavaliere.
Ya había un antecedente que advertía los problemas entre Nación y Ciudad por las detenciones. En abril, el Comité de Prevención de la Tortura de la Ciudad había sacado un duro comunicado en el que le recomendaba al SPF que brinde «los cupos necesarios y concrete los traslados a las cárceles» de los detenidos condenados que estaban alojados en alcaldías de la Ciudad.
La interventora del Servicio Penitenciario Federal la ex camarista penal María Laura Garrigós de Rébori junto a Alberto Ferbnández
Cuando aceptó el habeas corpus en julio pasado, la jueza Cavaliere instó a que se formara una mesa de trabajo conjunta entre los ministerios de Justicia nacional y de la Ciudad, el Servicio Penitenciario Federal y la Policía porteña, entre otros organismo. Tras la decisión judicial, el SPF abrió el grifo y comenzó un goteo de presos que alivió la situación de las comisarías porteñas. Pero duro poco. Desde hace más de un mes, aseguran en la Ciudad, volvieron las trabas y se acumulan presos en todos lados.
Hay comisarías sin espacio y las alcaldías están casi repletas. De hecho, el jueves pasado, el ministerio de Justicia porteño dejó asentado en el expediente que lleva adelante la jueza Cavaliere que por la falta de lugares hay detenidos que deben pasar largas horas dentro de los patrulleros. Una situación completamente irregular. Y otros deben ser trasladados para poder ducharse.
En el Gobierno reconocen las «demoras» para recibir presos de la Ciudad, pero lo adjudican a la situación de «emergencia» en la que están el Servicio Penitenciario Federal y al coronavirus. «Los que ingresan tienen que hacer una cuarentena, por eso cambió la modalidad de ingresos. Entrar de a grupos y puede haber demoras. Es una modalidad distinta para que entren», aseguran en el SPF.
La lectura que hacen en la Ciudad es diferente. Sospechan que las trabas para alojar a los condenados en el Servicio Penitenciario apuntan a desgastar a la gestión de Rodríguez Larreta con la idea de hacer colapsar el sistema de seguridad de la Ciudad. El recorte en la coparticipación alimenta esas sospechas porteñas. La nueva tensión política entre los distritos promete más capítulos.
[ad_2]
Fuente