Cristina Kirchner pidió que los abogados de la Oficina Anticorrupción y la UIF dejen de acusarla en los juicios

En la última audiencia del año del juicio contra Cristina Kirchner por el direccionamiento de la obra pública, los abogados de la vicepresidenta y varias defensas adhirieron al pedido de Mariano Fragueiro Frías, quien solicitó que los abogados de la Oficina Anticorrupción (OA) y la Unidad de Información Financiera (UIF) no sigan siendo querellantes en el juicio contra la vicepresidenta y otros 15 acusados, entre ellos Julio De Vido, Lázaro Báez o José López.

¿Puede Alberto Fernández acusar a Cristina? El escenario judicial de la vicepresidenta de la Nación es complejo, y el Presidente lo sabe. El discurso del Gobierno de hoy es claro: Cristina es inocente de los diez procesamientos y cinco pedidos de prisión preventiva con los que cuenta. Todo respondió al lawfare, es decir, a una «persecución política» para desprestigiarla.

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La cuestión es que hoy el Gobierno sigue siendo querellante porque heredó las decisiones de la administración de Mauricio Macri. Con el nombramiento de Félix Croux, de Justicia Legítima, frente a la OA, y a la espera de la designación del nuevo titular de la UIF, el Gobierno de Fernández sigue sentado en los juicios por corrupción contra la actual vicepresidenta y también contra Lázaro Báez, Julio De Vido y Cristóbal López.

Después del crítico discurso sobre el accionar de la Justicia que hizo el Presidente ante la Asamblea Legislativa, en la última audiencia de 2019 del juicio por presunta corrupción en la obra pública, Frageiro Frias, representante de Héctor Garro, ex funcionario de Vialidad, solicitó ante el TOF 2 -integrado por los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu-, que los abogados que representan a la UIF y la OA dejen de ser querellantes en este caso.

Las demás defensas, incluida la de Julio De Vido, Cristina Kirchner y otros, adhirieron al planteo. «La OA no puede seguir en el juicio, por un lado en función del decreto 54/2019 que se publicó el sábado en el boletín oficial que dice que será requisito para desempeñarse en el cargo ser abogado y haber ejercido por más de 6 años la profesión. Además, al haber renunciado la Licenciada Alonso se da una de las causales que el código civil entiende como extinción del mandato de representación«, explicó a Clarín el abogado que realizó el pedido.

Según su argumento, se cuestionó la legitimación de los representantes actuales, de los abogados que hasta hoy se sentaron en el juicio en representación de los dos organismos estatales «ya que los mismos fueron designados por personas que han cesado en su mandato y que son patrocinantes de esos funcionarios salientes», señalaron fuentes judiciales a Clarín.

En cuanto a la UIF, puntualmente, Fraguerio Frías indicó que los abogados que están presentes en el juicio «son patrocinantes y para intervenir debería presentarse Mariano Federicci«, en referencia al funcionario saliente de ese organismo.

La totalidad de las defensas presentes adhirieron a estos argumentos y al requerimiento central, que es que no intervengan más la UIF y la OA bajo la representación actual, en el juicio por el direccionamiento de la obra pública a favor de Lázaro Báez.

Ahora, el TOF 2 pedirá una serie de informes para analizar la situación, que quedará para después de la feria judicial de verano.

Lo cierto es que hay al menos tres organismos del Estado que tendrán incidencia directa sobre la suerte de Cristina Kirchner en la justicia federal. Se trata de la Oficina Anticorrupción (OA), la Unidad de Información Financiera (UIF) y la AFIP.

Hasta la fecha, esas tres dependencias públicas son querellantes en muchas causas de corrupción contra la ex presidenta y ex funcionarios kirchneristas. Es decir que en los juicios orales se sientan como partes acusadoras, y al igual que los fiscales son responsables de pedir condenas El pedido de este lunes fue en el único juicio que tiene en curso la vicepresodenta, acusada como jefa de una asociación ilícita que habría defraudado al Estado al otorgarle 51 contratos viales al Grupo Austral por 46.000 millones de pesos.

En este juicio la OA, la UIF y la Dirección Nacional de Vialidad son los organismos estatales que acusan a la senadora y otros doce imputados, entre ellos Julio De Vido, José López, Carlos Kirchner y Báez. Después del 10 de diciembre, los nuevos representantes de esas instituciones reemplazarán a quienes cada lunes estuvieron en el juicio que inició en mayo de año en curso.

Hay otros casos que pueden generar situaciones similares. En abril de 2020 se espera que el TOF 4 dicte la sentencia contra Báez en el juicio por «La ruta del dinero K», donde se lo acusa de haber lavado 60 millones de dólares entre 2010 y 2013. Allí, los acusadores son la OA, la UIF y la AFIP. El organismo recaudador también es querella en el juicio contra Cristóbal López por haber defraudado al Estado en 8.000 millones de pesos por no pagar con su empresa petrolera el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC).

Son sólo algunos ejemplos de causas resonantes en los que ocurrirá el singular fenómeno. En el primer semestre de 2020, el TOF 5 espera iniciar el juicio contra Cristina, Máximo y Florencia Kirchner por lavado de dinero en las causas Hotesur y Los Sauces, y una vez más el Estado es acusador en ese expediente. Algo similar sucederá con los juicios contra Julio De Vido, como el de la malversación de fondos que debían dirigirse a la mina de carbón de Río Turbio, donde la OA es una de las querellas.

En la causa conocida como los cuadernos de las coimas, la UIF es querellante. En esa investigación, elevada a juicio oral por el juez Claudio Bonadio, la vicepresidenta está acusada también de ser jefa de una supuesta asociación ilícita, que durante doce años se habría dedicado a recaudar sobornos.

El presidente Alberto Fernández puede mantener las acusaciones a través de los funcionarios que designe en los organismos querellantes. Pero también tiene otra alternativa: desistir del pedido de penas durante los alegatos, algo que hizo Mauricio Macri, cuando retiró la acusación a los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia en la causa por el supuesto encubrimiento del atentado contra la AMIA. Los abogados de la Unidad AMIA, que depende del Ministerio de Justicia de Germán Garavano, fueron quienes tomaron esta decisión.