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El encuentro entre el Gobierno y la Mesa de Enlace pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo lunes. Según la versión que entregaron los ruralistas tras la extensa entrevista de este jueves con el ministro de Agricultura, Luis Basterra, «todavía no hay una decisión tomada» respecto de la suba de retenciones al sector. Por lo tanto, los dirigentes agropecuarios esperan que el presidente Alberto Fernández no haga un anuncio con definiciones concretas el próximo domingo en la Asamblea Legislativa, en el inicio de las sesiones ordinarias del Congreso. Los ruralistas tienen expectativas de conversar con el Presidente en la entrevista del lunes.
El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Cheme, fue uno de los voceros empresarios al salir de la cartera de Agricultura: «No hay ninguna decisión tomada y no va a haber ningún anuncio hasta que no terminemos de concretar el análisis de los números producto por producto», aseguró, luego de estar casi tres horas en esa dependencia.
De todos modos, el Gobierno tendría decidido subir las retenciones a la soja y derivados del 30 al 33 por ciento con un esquema de compensaciones para los pequeños productores. Con ese esquema de contención para los pequeños productores, la Casa Rosada buscaría desconcentrar el rechazo a la suba de los derechos de exportación que mostraron las entidades y productores autoconvocados. Se calcula que el aumento de las retenciones, que sería solo para la soja y derivados, permitiría una recaudación extra de unos 350 millones de dólares al año en favor del Tesoro nacional. Más allá de la compensación, el clima entre la dirigencia agropecuaria sigue siendo tenso. El próximo lunes habrá un nuevo encuentro entre Basterra y la Mesa de Enlace.
El Gobierno avanza en la presión sobre el campo en la previa de la última etapa de la negociación con los acreedores externos y antes de la visita del FMI por el artículo IV, para negociar un nuevo préstamo. Uno de los insumos de la negociación de la deuda es la proyección de déficit fiscal, que mejora con la suba de las retenciones. La contracara es el impacto sobre el humor y el bolsillo del sector del agro. El “campo” es un universo muy heterogéneo, ya que abarca a terratenientes dueños de cientos de miles de hectáreas hasta a pequeños productores que arriendan un puñado de hectáreas en el norte del país. Uno de los problemas de las retenciones es que afectan por igual a todos los actores del sector agropecuario y su ventaja es que resulta una fuente adicional casi inmediata de recaudación.
La suba de 30 a 33 por ciento en las retenciones a la soja estaba prevista en la Ley de Emergencia y Solidaridad que votó el Congreso en diciembre pasado. Previo a la sanción de esa megaley, el gobierno había actualizado el esquema de retenciones lanzado por el gobierno anterior en septiembre de 2018, lo cual implicó en los hechos un incremento de los derechos de exportación en varios puntos porcentuales. La pausa en la suba del 30 al 33 por ciento venía con la promesa de dialogar con las entidades para definir un esquema con compensaciones para pequeños productores y rebaja en retenciones de productos con mayor valor agregado.
Según los cálculos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA), el impacto en la recaudación de la suba de las retenciones a la soja sería de unos 300 a 350 millones de dólares. Es un impacto relativamente bajo que se explica a partir de que alrededor del 30 por ciento de la soja ya se declaró como vendida. En los principales seis cultivos (maíz, girasol, sorgo, cebada, trigo y soja), la recaudación total por derechos de exportación es de unos 5300 millones de dólares. Desde esa entidad advierten que la suba de retenciones en soja puede impactar a la baja sobre decisiones de producción en las zonas más alejadas del núcleo pampeano, a la hora de decidir la siembra para la próxima campaña.
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