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Poco después de que el Gobierno prorrogara hasta el 30 de septiembre la prohibición de despidos y suspensiones a través del decreto 624/2020 publicado este miércoles en el Boletín Oficial, los empresarios volvieron a cuestionar la decisión y advirtieron que, pese a esas medidas, «se perdieron más de 120.000 empleos«.
Lo afirmó el presidente de la Coordinadora de Empresas Alimenticias (Copal) y uno de los vicepresidentes de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, quien insistió en la necesidad de que los nuevos contratos de trabajo vayan de la mano de un seguro de desempleo.
«Es evidente que los países más desarrollados del mundo industrializado protegen a sus trabajadores mediante seguro de desempleos y no con estas salidas. El Estado tuvo que prohibir actividades pero también prohíbe despedir y suspender, pero esto no evita que lo crezca es la informalidad», sostuvo Funes de Rioja en declaraciones a El Destape.
Y agregó: «Aunque se tomaron estas medidas, hemos perdido más de 120.000 puestos de trabajo, no demasiados en la industria y sí en otros sectores, pero la expulsión se produce igual«.
Para el empresario, «la salida es pensar en el futuro que los contratos tienen que ir de la mano de un seguro de desempleo, que se pagaría con cotizaciones y que esté administrado de forma tal que garantice una protección mínima social para el trabajador y su familia».
Insistió Funes de Rioja en que «la solución no es prohibir suspensiones y despidos, no es duplicar las indemnizaciones, porque eso hace muy dificil remontar el crecimiento del empleo cuando la economía vuelva a florecer, porque va a volver a florecer».
También cuestionó la iniciativa del Gobierno de que imponga un impuesto a las grandes fortunas ya que, según consideró, «hay que generar incentivos más que desalientos».
«Qué es lo que va a agregar más valor a la Argentina, poner un impuesto más o atraer cada vez más capital e inversión, que condice con los recursos naturales y humanos que tiene el país», remarcó.
Sí se mostró de acuerdo Funes de Rioja con la iniciativa que impulsa el oficialismo y le permite a los empresarios ingresar a la ampliación de una moratoria. «Tiene que haber una moratoria amplia, reconociendo que venimos de una recesión profunda», dijo.
«En materia tributaria el Estado tiene que revisar más de 160 impuestos, de los cuales se recauda solo el 9, pero que hacen una presión tributaria en materia de alimentos del orden del 40% y de bebidas del 50%. Tenemos que ir a una presión tributaria que sea abordable por todos», concluyó.
JPE
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