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Más de quince años pasaron desde que la Justicia federal ordenó una pericia sobre el patrimonio de Carlos Menem, su ex esposa Zulema Yoma y su hija Zulemita en el marco de la causa que lleva ese tiempo en Comodoro Py, por presunto enriquecimiento ilícito. La juez María Eugenia Capuchetti, que se hizo cargo hace pocos meses del juzgado que tuvo por años Norberto Oyarbide, finalmente ejecutó aquella orden. Los avances del trabajo se conocerían en el transcurso de este mes.
En 2013, la Cámara Federal porteña rechazó el pedido de la defensa de Menem para archivar la causa, que investigaba al ex presidente por presunto enriquecimiento ilícito derivado del contrabando de material bélico a Croacia y Ecuador por el que fue condenado a siete años de prisión aunque, recordemos, la Cámara de Casación terminó absolviéndolo el año pasado bajo el argumento de que se había vencido el «plazo razonable» para ejecutar esa pena. El proceso judicial llevaba para entonces 23 años.
Bajo la premisa de que parte del dinero que se pagó por aquella venta ilegal de armas a Ecuador, Croacia y Bosnia habría ido engrosar el patrimonio de Menem o de su entorno, ahora la jueza Capuchetti ordenó la pericia que esclarecería aquella sospecha. La fiscal del caso es Paloma Ochoa.
Cuando se hizo cargo del juzgado, en mayo del año pasado, Capuchetti se encontró con causas que llevaban años sin resolverse, y en el caso del ex presidente ordenó una pericia con «carácter urgente».
De fuentes judiciales, Clarín pudo saber que en función del tiempo estipulado que la magistrada le ordenó al cuerpo especializado que analiza el patrimonio de Menem, su ex esposa y su hija Zulemita, la pericia tiene un avance significativo y que los primeros resultados podrían ingresar en el juzgado durante el transcurso del mes.
El análisis patrimonial quedó a cargo de la DAJUDECO (Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación) que depende de la Corte Suprema. y abarca el período desde 2004 hasta ahora.
En estos años, el expediente transitó por un laberíntico camino. Estuvo mucho tiempo en la Cámara de Casación Federal para analizar varios pedidos de prescripción de la causa presentados por las defensas, como también de otros planteos procesales.
Los abogados Pedro Baldi y Omar Daer, entonces defensores de Carlos Menem, habían reclamado que la investigación del supuesto enriquecimiento ya había formado parte de las causas por contrabando y por presunta omisión maliciosa en declaraciones juradas de bienes del ex presidente, y que no debía ser analizada en otro expediente. Esto fue rechazado y la causa siguió su curso
Todo había comenzado en 1996, cuando el fiscal Carlos Stornelli le pidió al juez federal Jorge Urso (entonces instructor del caso por la venta ilegal de armas) que abra una nueva causa para investigar si por esa operación existió además un presunto enriquecimiento ilícito de Menem, sus familiares y allegados.
Ese nuevo expediente quedó radicado desde sus inicios en el Juzgado 5, que estaba a cargo del juez federal Norberto Oyarbide. Su única medida fue citar a indagatoria a los imputados, el 16 de febrero de 2005.
Entonces hubo un reclamo de las defensas. Aquella citación se produjo sólo seis días antes de que se cumpliera el plazo de prescripción de la causa, y los abogados adujeron que las indagatorias sólo se realizaron para impedir ese vencimiento y que el expediente pudiera seguir abierto. El planteo fue recurrente: «se violaba la garantía constitucional de defensa y el derecho de los imputados a ser juzgados en un plazo razonable”. Estas quejas fueron rechazadas y la causa no prescribió, además, porque Menem ingresó al Senado. Eso congelaba la situación.
Hasta ahora, así sigue.
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