Después de cuatro años, Lázaro Báez deja la cárcel y cumplirá arresto domiciliario

Después de cuatro años y medio en el penal de Ezeiza, Lázaro Báez obtuvo el arresto domiciliario. Fue después de pedir ante la Cámara de Casación la morigeración de su prisión, señalando que no puede hacer frente a la fianza de 386 millones de pesos que le había fijado el Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) que lo juzga por lavado de dinero. La Sala IV del máximo tribunal penal resolvió concederle el beneficio del arresto en uno de sus domicilios, algo que ya le había sido otorgado en marzo de este año en uno de los expedientes donde se lo procesó por blanqueo.

Con un arresto domiciliario concedido por la Casación y una excarcelación dictada pero con una caución millonaria para que se haga efectiva, fue el Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) -responsable de juzgar al empresario K-, el que dirimió la situación. Sus jueces resolvieron que Báez continúe cumpliendo el arresto en su domicilio, monitoreado por una tobillera electrónica.

El dueño del Grupo Austral obtuvo hace dos meses la excarcelación en una de las causas conexas a la Ruta del Dinero K, pero se le había fijado una caución primero de 632,5 millones de pesos. Después del reclamo de la defensa y de una orden de la Cámara de Casación, la misma quedó en 368 millones de pesos. Aún así, los abogados de Báez sostuvieron que no tenía fondos para hacer frente a esa fianza.

Entonces requirieron que, tal como había sugerido el fiscal del jucio Abel Córdoba, se cumpliera con el arresto domiciliario dictado en marzo de este año en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus. Dicha morigeración se dictó en otra causa, donde se lo acusó por lavado de dinero por la compra del campo El Entrevero, operación por U$S 14 millones.

La situación de Lázaro Báez se tornó por demás particular: en la causa «madre» (la Ruta del Dinero K) había sido excarcelado, en El Entrevero se le había concedido un arresto domiciliario y en otra conexa conocida como M&P -una firma usada como cueva financiera-, se encontraba hasta este lunes con prisión preventiva.

Por otro lado, en este caso dos fiscales habían solicitado conceder la morigeración de su arresto, y con los plazos excedidos de la prisión preventiva también se indicó que aún no cuenta con una sentencia en el juicio que inició en octubre de 2018.

Con este telón de fondo, la Sala IV de la Casación integrada por los jueces Mariano Borinsky y Javier Carbajo resolvió revocar la resolución del TOF 4 y conceder el arresto domiciliario a Lázaro Báez. Para obtener su excarcelación, deberá pagar la fianza fijada, pero avalaron la morigeración de su prisión preventiva: el empresario K saldrá del penal de Ezeiza.

Báez había fijado como domicilio una de sus 1.214 propiedades. Se trata de una casa en un barrio privado de Pilar, escriturada a nombre de Badial SA -una de sus empresas investigadas por lavado de dinero-. La casa con pileta climatizada, está valuada en unos 500.000 dólares.

La Casación también tuvo en cuenta el informe de la Dirección de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, que se pronunció favorablemente respecto de las “condiciones propuestas por Lázaro Báez para su residencia y el acompañamiento de la persona ofrecida como garante”.

Por otro lado, se ponderó un informe médico elaborado por el personal especializado del Servicio Penitenciario Federal, en el que explica que, por las patologías de Báez y su negativa a realizarse controles cardiovasculares, no puede asegurarse que el contratista no contraiga coronavirus.

El estudio socio ambiental practicado el 22 de julio de 2020,  fue otro elemento que pesó en la decisión, según el cual “se encuentran dadas las condiciones psicosociales para que Báez ingrese a la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica”.

Los juicios contra Báez

Si bien el empresario K cuenta con un patrimonio -según el Tribunal de Tasación de la Nación (TTN)-, de U$S 205 millones, el mismo se encuentra embargado en al menos siete causas radicadas en Comodoro Py. En la mayoría de ellas, está procesado por lavado de activos. Por ello, al estar todos sus bienes cautelados y sus empresas intervenidas, no los pudo utilizar para pagar una fianza.

El ex socio comercial de Cristina Kirchner ingresó a la cárcel en abril de 2016, y a la fecha afronta dos juicios orales. El primero, por la Ruta del Dinero K, donde las querellas y el fiscal solicitaron penas que van desde los ocho a los doce años, y ahora se encuentran en etapa de alegatos las defensas. Por otro lado, desde mayo de 2019 comparte con la vicepresidenta el debate oral por el presunto direccionamiento de la obra pública, por parte del gobierno kirchnerista, a favor de su grupo empresarial: 51 licitaciones por $ 46.000 millones.