Deuda: el Sacachispas Guzmán ganó por goleada | Ens…

El silencio del poder económico ha sido atronador. La ausencia de un contundente pronunciamiento público es una señal política innegable. Entre el lunes y el viernes pasados se conoció la noticia más relevante para la economía argentina en lo que va del gobierno de Alberto Fernández. Y no hubo ni una mención, al menos de compromiso, por parte de las principales entidades patronales, con la excepción de la Cámara de Comercio y Servicios.

En medio de la fulminante pandemia y de la consiguiente crisis económica que se montó sobre la recesión macrista de dos años, se informó el notable éxito de la reestructuración de la deuda con acreedores privados del exterior y luego con bonistas locales. No hubo ni un comentario gélido de aprobación por parte de la mayoría del establishment.

Ese mutismo permite especular con que es el reconocimiento implícito de que gran parte de sus miembros fueron cómplices de ese endeudamiento desaforado y, por lo tanto, se sienten inhibidos. También que son acreedores privados, tuvieron que aceptar una quita en la renta de su capital financiero y, disgustados, no saludaron el acuerdo que los involucró. Puede ser, a la vez, que pese a que es una reestructuración que les abre el acceso al financiamiento externo a sus empresas, las anteojeras ideológicas les impiden felicitar a un gobierno que no les gusta.

El antiperonismo o antikircherismo, como prefieran identificar al gobierno de Fernández, está tan arraigado entre ellos que los termina cegando. En definitiva, prefieren apoyar proyectos políticos, como la alianza macrismo-radicalismo, que les hizo perder fortunas en los dos últimos años, con derrumbe del valor de mercado de sus compañías, retroceso del capital financiero acumulado y quebrantos en la actividad.

No sólo una parte de la clase media está colonizada en su subjetividad legitimando políticas económicas que van en contra de sus propios intereses. El mundo industrial, grandes firmas y pymes, también han convalido senderos económicos que los perjudican.

En esta instancia, se confirma la influencia dominante de la conducción política del poder económica en manos de los grupos Techint y Clarín. Esta no es tóxica sólo para obstaculizar proyectos políticos que aspiran a construir una vía de desarrollo nacional, sino que lo es también al interior del negocio del resto de las corporaciones.

Números

El saldo de la operación de reestructuración de la deuda en default de Macri en ambos tramos con acreedores privados ha sido formidable:

* El total de la deuda reestructurada (en manos de privados y organismos públicos) sumó unos 108.000 millones de dólares.

* El alivio de pagos a acreedores privados en el período 2020/2014 alcanzará los 59.600 millones de dólares.

* Los desembolsos de intereses en esos años por los nuevos bonos serán de apenas 6600 millones de dólares.

* La tasa de interés promedio de la deuda en moneda extranjera bajó de 7,0 a 3,07 por ciento anual.

* Se pagaron las comisiones a los bancos más bajas de la historia de emisión de deuda argentina. Entre 2016 y 2018, se abonó una comisión promedio de 0,144 por ciento. En esta reestructuración bajó en 80 por ciento, esto significa que se pagó apenas 0,028 por ciento.

Sacachispas

En los meses previos hubo una presión abierta del poder económico sobre el gobierno para que apure esa negociación, con comunicados públicos reclamando el acuerdo con los acreedores, acompañados por la troika de medios de comunicación de derecha actuando como amplificadores.

Era la forma de condicionar la estrategia oficial, además de buscar la subordinación del gobierno a los intereses de los acreedores.

Con hábil capacidad para eludir esas intimidaciones, el resultado de la operación fue impactante: el 93,55 por ciento de los bonistas del exterior aceptaron las condiciones del canje definidas por el equipo económico liderado por Martín Guzmán.

Esta elevadísima aprobación activó las cláusulas de acción colectiva (si una mayoría amplia acepta, el resto queda alcanzado), llevando el porcentaje final al 99 por ciento.

El tramo local convocó al 98,8 por ciento de los dueños de títulos públicos en dólares que integraban el default de Macri, porcentaje que puede subir todavía más en los próximos días.

Semejante resultado realizado por un «pasante», como calificó en forma despectiva el elenco de economistas dedicado a pronósticos fallidos y a provocar desastres macroeconómicos, despeja el horizonte financiero de mediano plazo de los sectores público y privado.

En uno de los paneles de televisión donde se hace gala de la soberbia de la ignorancia se afirmó que el ministro Guzmán sería el equipo de fútbol Sacachispas queriendo ganar un partido a Barcelona o al Real Madrid.

El 1%

Guzmán ganó el partido. Para la prensa opositora, sin embargo, el elemento más relevante de la operación fue ese 1 por ciento que no ingresó al canje en el tramo externo, incluso especulando o deseando que ese porcentaje quedara en manos de fondos buitre.

El equipo económico explicó que no es importante ese 1 por ciento, que no hay riesgo de default y que sólo es cuestión de tiempo y de trabajo de los bancos organizadores para incorporar a esos bonistas al total.

Ese desvarío informativo se podría plantear del siguiente modo: un equipo de fútbol gana el torneo local, luego la Libertadores y, finalmente, la Copa Mundial de clubes frente a un poderoso equipo europeo y lo hace con un score fabuloso: 7 a 1. Termina el partido y en medio de los festejos gran parte de la prensa le pregunta al director técnico por el único gol que recibió el equipo campeón.

Sin pudor

La Asociación Empresaria Argentina (AEA), que reúne a los titulares de las corporaciones, IDEA que concentra al establishment local y multinacional, la Unión Industrial Argentina (UIA), las diferentes entidades que representan al sector agropecuario y el resto de cámaras empresariales (con la mencionada excepción de la CAC), no expresaron satisfacción por el cierre de otro capítulo negro del endeudamiento escrito durante otro ciclo político neoliberal.

El presidente de la UIA, Miguel Acevedo, tuvo la oportunidad de hacer una mención en el discurso del Día de la Industria ante el presidente Alberto Fernández, en el acto celebrado en la planta de Ezeiza de Sinteplast. Ni una palabra.

No sólo no hubo pronunciamientos públicos de las cámaras empresarias, sino que algunos de los economistas del establishment minimizaron hasta despreciaron el acuerdo de la deuda. Lideró esa posición el charlista Juan Carlos de Pablo, quien afirmó en declaraciones radiales, sin pudor al ridículo, que «el acuerdo no es ningún alivio».

Como se mencionó, el alivio en el flujo de fondos por pagos a acreedores privados en los próximos cuatro años suma 59.600 millones de dólares. Ese dinero no se podrá destinar a otros fines porque no está disponible, pues por ese motivo era urgente la reestructuración de la deuda, sino que el fisco ahora adquiere mayor libertad sin el condicionamiento de esa pesada carga de pagos de capital e intereses de pasivos en moneda extranjera.

El acuerdo de la deuda, a la vez, le permite a las corporaciones refinanciar con más comodidad sus deudas en dólares con bancos internacionales y buscar financiamiento para eventuales inversiones.

A los dueños de las empresas además les permite empezar a recuperar el valor de mercado de sus compañías ante un probable escenario de mejora de las cotizaciones de las acciones por dejar atrás el default de Macri.

Ni eso, que sería en propio beneficio, los motivó a saludar el éxito del gobierno de Fernández en el frente complicado de la deuda.

Narices

El día después de completar la reestructuración de la deuda con acreedores privados, a media tarde de este sábado, AEA difundió un comunicado. Pero no estaba referido a la salida del default de Macri, sino a quejarse por el aporte solidario extraordinario a las 12 mil grandes fortunas, que involucra a los integrantes de esa agrupación, y a cuestionar, fundamentalmente, el decreto que regula tarifas y define servicio público esencial a las telecomunicaciones.

Esta norma alcanza al Grupo Clarín y, por ese motivo, AEA emitió la proclama «Instituciones para el desarrollo». De 316 palabras en ese texto utilizaron 11 para el tema deuda: «un paso muy positivo el acuerdo reciente con los acreedores externos».

El resto constituye el pliego de condiciones que la conducción política del poder económica reitera al gobierno de Alberto Fernández:

* «El camino más eficaz para generar empleos, ingresos y reducir la pobreza es la movilización plena de las energías del sector privado».

* «La condición necesaria para ello es contar con instituciones fuertes en el marco de la Constitución; asegurar la plena vigencia de la República; la división de poderes; una justicia verdaderamente independiente y la libertad de prensa».

* «Es fundamental evitar los controles de precios, así como el congelamiento de tarifas que tensionan la ecuación económica de las empresas».

* «Debe además garantizarse el derecho de propiedad y evitarse la aplicación de impuestos confiscatorios que alejen de la Argentina a empresas y personas».

AEA está integrada por los principales líderes corporativos de la economía local. Si bien la mayoría comparte la ideología conservadora no deja de sorprender que sea llevada de las narices a una batalla que no es propia y perjudica las perspectivas de sus negocios en el país.

Política

La conducción política del poder económico prefiere otro tipo de fuerza política en el manejo del Estado y, por ese motivo, no festejó la salida del default de Macri. Concentra  fuerzas, en cambio, en manifestar la oposición a cualquier iniciativa oficial que evalúa como un riesgo para sus privilegios, aunque ese temor sea una alucinación fomentada por el periodismo de guerra.

En bloque salieron rápido a cuestionar al gobierno por el intento de salvataje de Vicentin, grupo económico acusado judicialmente de vaciamiento y fraude financiero; por la protesta de intendentes del conurbano sur por el deficiente servicio de Edesur, que una y otra vez deja a oscuras a decenas de hogares en sus distritos; por la ley sancionada que regula el teletrabajo, que pretende evitar la sobreexplotación laboral; por una inofensiva reforma judicial, que ordena el fuero federal nacional; y por el decreto que regula las tarifas y define servicio público esencial las telecomunicaciones, empresas que lideran las quejas de los consumidores.

Frente a ese comportamiento político del establishment se requiere también acción política del oficialismo sobre sus miembros. La consistencia de la política macroeconómica para el crecimiento y la expansión de la inversión pública son elementos importantes de una estrategia para ordenar al poder económico. 

Pero también se requiere intervención en el territorio del debate público. Ante la consulta de las razones de la reticencia del mundo empresario a apoyar el arreglo del desquicio financiero de Macri, un profesional cercano al Frente de Todos fue muy gráfico de lo que tenía que haber realizado la Casa Rosada: «Los tenés que llamar y decirles ‘escuchá, lloraste al punto que casi no podes mear porque te deshidrataste llorando, ahora salí a bancar'».

Correr el arco

Una de las principales características de la derecha cuando no es gobierno es correr el arco del debate económico. Mientras se estaba desarrollando la negociación con los acreedores externos, cerrar ese acuerdo era clave para el futuro de la economía.

Cuando se concreta, minimiza hasta ignorarlo pese a que fue un éxito rotundo, para apuntar que lo más importante es el nuevo programa a negociar con el FMI o definir el plan económico.

Ese plan existe, aunque no está estructurado como la ortodoxia del fracaso en términos del bienestar social lo ha estado ofreciendo a la sociedad en las últimas décadas.

Los objetivos del plan económico del gobierno son explícitos pero no les gusta, como el que insiste en mencionar Alberto Fernández: «los últimos serán los primeros».

Para cumplir con esa meta se necesita implementar una serie de medidas que van definiendo la orientación de variables macroeconómicas básicas, como las fiscal, monetaria y cambiaria.

Esta secuencia es inversa a la de la ortodoxia económica en fuerzas políticas conservadoras. El plan económico no define la política general de un gobierno; sino que el proyecto político define el plan económico para alcanzar los objetivos del bienestar general.

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