Diálogo post Brexit: Johnson descartó un acuerdo de…

A tres días de la salida formal del Reino Unido de la Unión Europea
, de los buenos deseos mutuos y las promesas de paz y cooperación, empezaron los ladridos. De cara a la negociación sobre el futuro de la relación bilateral, el primer ministro británico Boris Johnson fue enfático al decir que no habría alineamiento regulatorio con la Unión Europea cuando termine el actual período de transición el 31 de diciembre, ni libre acceso para la pesca europea en aguas británicas. 

«No hay ninguna necesidad para alcanzar un acuerdo de libre comercio que el Reino Unido acepte la política europea respecto a subsidios, competencia, la protección social o medioambiental. Tendremos nuestra propia regulación, igual o mejor que la europea«, dijo Johnson.

Unos minutos antes, en una conferencia de prensa en Bruselas que terminó superpuesta con el comienzo del discurso de Johnson, el negociador europeo Michel Barnier reafirmó una posición diametralmente opuesta respecto a las reuniones que comenzarán el 3 de marzo. 

El jefe de negociadores europeos indicó que la igualdad de reglas para un futuro tratado de libre comercio estaba contemplada en la declaración política firmada por las dos partes, que esperaba que el Reino Unido respetara la tradicional pesca europea en aguas británicas y que el Peñón de Gibraltar, cuya devolución reclama España al Reino Unido, no formaría parte de las negociaciones.

La síntesis de ambas declaraciones es que el diálogo post-Brexit empezó a los gritos y con cara de perro. Suele suceder en la apertura de toda negociación comercial que las partes expresan su posición de máxima para que cualquier concesión sea valorada y debidamente reciprocada. En este caso el problema es que el principio nodal del diálogo es una dicotomía excluyente: alineamiento o divergencia regulatoria. 

La UE exige un alineamiento regulatorio dinámico que obligaría al Reino Unido a seguir el mismo esquema regulatorio a nivel laboral, social, medioambiental, de ayuda estatal y tributario, entre otros temas. La posición británica, delineada por Boris Johnson y anticipada el domingo por el canciller Dominique Raab, es que esto no va a suceder porque el Reino Unido quiere divergir de estas normas. Según el gobierno el Brexit – la separación de la UE – no tiene sentido si el Reino Unido no puede establecer sus propias reglas.

En juego están más de ocho mil productos de un intercambio que constituye la mitad del comercio británico global a nivel industrial y agrícola en una negociación que deberá también lidiar con la pesca y los servicios, en especial el sector financiero, tan central en la economía británica. Boris Johnson quiere un acuerdo que le dé pleno acceso al mercado europeo, pero que no le impida tener un marco regulatorio propio. 

La UE ha dejado en claro desde el referendo de 2016 que eso atentaría contra la unidad del mercado común europeo que se basa precisamente en que todos los miembros respetan las mismas reglas de juego: ¿qué precedente se daría si a un ex miembro se le permite exportar con los mismos derechos que a los miembros, pero con regulaciones más laxas?

Con estos puntos de partida, se dispara la posibilidad de un “hard Brexit”, es decir que el 31 de diciembre las dos partes lleguen a acuerdos sectoriales mínimos o directamente a ningún acuerdo y que los intercambios se rijan por las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Termómetro habitual, la libra esterlina reaccionó al mediodía con una caída de un punto ante las declaraciones de Johnson y Barnier. ¿Hay posibilidades de salir de este punto de partida aparentemente inconciliable?

Los especialistas consultados por PáginaI12 coinciden en que, a menos que una de las dos partes dé marcha atrás (y ambas tienen fuertes razones para no moverse de lugar), el 31 de diciembre llegará con un acuerdo ínfimo o sin acuerdo. “Hay que recordar que los acuerdos de libre comercio toman normalmente mucho tiempo. Es cierto que acá hay un punto de partida teóricamente promisorio porque tras 47 años en que el Reino Unido formó parte de la UE hay por el momento un pleno alineamiento regulatorio. La pregunta es qué margen hay para apartarse de eso y tener un acceso similar a los mercados. Mi propia percepción es que habrá un acuerdo limitadísimo, pero que también es muy posible que haya ningún acuerdo”, indicó a este diario Richard Whitman, experto en temas europeos y comerciales de Chatham House, uno de los “think- Tanks” más antiguos del Reino Unido.

Otro experto, Thomas Sampson, de la London School of Economics, alerta sobre el impacto económico. “Un acuerdo muy elemental es possible porque hay sectores en los que la Unión Europea no tiene ni aranceles ni cuotas para la cantidad a importar, caso de los productos farmacéuticos y libros. En cambio hay sectores fuertemente regulados donde el impacto será muy fuerte como agricultura y finanzas. Y en caso de que no haya acuerdo, hay sectores como la industria automotriz que pasarían a regirse con las reglas de la OMC con aranceles de hasta el 10% mientras que con los productos agrícolas los aranceles podrían llegar a un 80%. Esto les quitaría competitividad a estos sectores y encarecería la producción interna ya que el Reino Unido importa gran parte de sus alimentos”, señaló a PáginaI12.

Una síntesis de este dilema sería buscar una fórmula sector por sector que combine alineamiento regulatorio y divergencia. Mientras que la industria automotriz, la aeroespacial, la farmacéutica y la de productos químicos han manifestado su deseo de mantener el alineamiento regulatorio, desde el viernes surgieron voces tanto pro-europeas como pro-Brexit que reivindicaron áreas como Inteligencia Artificial o high tech en los que la divergencia regulatoria podría ser beneficiosa para el Reino Unido .

El semanario “The Economist”, el ex primer ministro laborista Tony Blair en el campo pro-europeo y Larry Elliot, un pro-brexit de centro izquierda, editor económico del pro-europeo matutino “The Guardian, están de acuerdo sobre ese punto a pesar de que parten de premisas ideológicas muy diferentes. “El Reino Unido es uno de los líderes mundiales en Inteligencia Artificial. El primer ministro sugirió que el gobierno puede usar su libertad regulatoria para dar más ayuda estatal a este sector, algo que no estaría permitido en la regulación europea que es muy estricta respecto a la asistencia estatal. De hecho este fue en los 70 uno de los argumentos más importantes de la izquierda laborista para oponerse al ingreso a la UE. Pero además la creación del mercado común europeo no llevó a un crecimiento económico sostenido porque está muy centrado en dos obsesiones germanas: el control de la inflación y el déficit fiscal”, escribió Ellliot en su columna en el «The Guardian».

En caso de «Hard Brexit» o de acuerdos muy elementales, el modelo económico-social británico, que reformateó el Thatcherismo en los 80, podría terminar con una variante más extrema que convertirá al Reino Unido en un gigantesco paraíso fiscal con el objetivo de competir con bajos costos frente a los productos de la UE. 

La City de Londres, con su red asociada de paraísos fiscales, ya es uno de los grandes responsables de la evasión fiscal y el lavado de dinero a nivel mundial, pero ahora Boris Johnson planea la creación de 10 «freeports» que estarán en términos tributarios fuera del Reino Unido y servirán como imán para la inversión extranjera y la nacional. “El proyecto de Johnson es lo que él ha llamado un Singapur en el Támesis. Lo que quiere decir con esta frase es un lugar donde haya bajos o nulos impuestos y una degradación de la regulación laboral, medioambiental y social existente, todo lo que impactará muy fuerte en el Estado de Bienestar Social británico. Los beneficiarios serán un núcleo oligárquico nacional y extranjero. Los grandes perjudicados el resto de la población y la posibilidad de supervivencia del Estado de Bienestar. La única posibilidad que tiene Europa de evitar el impacto de esta política es adoptar una posición dura respecto al alineamiento regulatorio”, dijo a este diario John Christensen director y fundador de la organización líder de la lucha contra los paraísos fiscales Tax Justice Network.