Dueños de las cadenas y las amenazas | PáginaI12 en…

“¡Juira perro!”, “¡Zurdo!”, “!No vuelvan más, ratas!”, gritaban los ruralistas al servicio de los Etchevehere varones en el ingreso a Casa Nueva, mientras unos pocos autos intentaba salir entre un cordón policial dispuesto por la fiscalía de la causa en la que se dirime el pedido de desalojo al campo. La manifestación del miércoles al mediodía en la entrada a la estancia se transformó en un piquete comandado por el ex ministro de Agroindustria de Mauricio Macri, Luis Etchevehere, junto a sus hermanos Juan Diego y Sebastián, quienes supervisaban en persona las inspecciones a los vehículos que salían del lugar. Entrar o salir al campo se ha vuelto complejo, incluso para funcionarios y periodistas, por este accionar intimidatorio.

El tono bonachón con el que los mensajeros de los hermanos Etchevehere se acercaron hasta el ingreso al casco de estancia, el miércoles por la noche, para proponer un salvoconducto de desalojo a los integrantes del Proyecto Artigas, contrastó notablemente con la violencia verbal y simbólica ejercida en la tranquera de acceso. Este cronista fue testigo de un intento de salida el jueves por la madrugada, que pudo concretarse recién por la mañana.

Una noche tensa

Entre las personas que están en el campo hay referentes de cooperativas y de organizaciones que llegaron a expresar solidaridad y acompañamiento durante el día, que intentaron volver a sus localidades por la noche. La primera tentativa de partida, una vez concluida la asamblea en la que se evaluaron los hechos de la jornada, ocurrió cerca de la una de la mañana. Tres autos transitaron los ochocientos metros hasta el acceso a la ruta, pero allí se encontraron con una novedosa cadena plateada cerrada con un candado que impedía el paso. Los que se posicionaron frente a la puerta no eran efectivos de la Policía de Entre Ríos, sino manifestantes del agronegocio, con un par de tractores y otros vehículos. La fuerza de seguridad, por su parte, observaba en silencio desde un costado del alambrado.

Ante la consulta por la cadena, alguno contestó que “es de Luis Etchevehere”, mientras otro bromeaba “no sabemos dónde está la llave”. El ex presidente de la Sociedad Rural Argentina se acercó con sus hermanos preguntando quiénes eran los que querían salir, y aclaró que el elemento que impedía el paso pertenecía a Las Margaritas S.A. y que había sido puesto “por la administración”.

Luis actuaba como mediador, poniendo paños fríos, al menos cuando se sabía grabado y filmado. Juan Diego (ex delegado del Enacom en Entre Ríos) permanecía silencioso; y Sebastián, por momentos, era el más impetuoso, hasta que Luis lo hacía callar. “Soy funcionario público de Santa Fe, tengo que cumplir funciones mañana”, dijo Sebastián Correa. “¿Cuál es tu cargo?”, interrogó el hombre que en 2014 tuvo denuncia por trabajo esclavo en campos de su propiedad. “Soy director de Economía Popular”, afirmó Correa, y los ruralistas que acompañan a los Etchevehere estallaron en risas al escuchar la denominación del cargo. 

“¿Ustedes están cumpliendo el rol de policías?”, preguntó entonces Guillermo Reynalds, referente del Movimiento Popular La Dignidad de Paraná. “No, nosotros somos los dueños”, contestó Luis, tajante; “vos estás en propiedad nuestra, no sabemos si estás robando cosas”.

«De sangre pura»

“Quedaron encerrados, no tendrían que haber venido para este lado, acá en Entre Ríos somos de sangre pura”, deslizó con voz tranquila una mujer que formaba parte del piquete nocturno. Ante la pregunta sobre a qué se refería, prefirió desviar el tema y hacer alusión a un análisis por Covid.

“Tengo algo para decir muchachos, no están privados de su libertad, pueden salir caminando, ir a donde quieran. Pasen por acá, por abajo o por arriba del alambrado. Bueno, si no salta es porque no quiere salir”, invitó, sarcástico, Luis Etchevehere. Analizado rápidamente el clima tenso que podría expandirse más allá de la entrada y ante la posibilidad de que por la ausencia de testigos y con dominio del paso por parte de los hermanos Etchevehere se pudiera plantar alguna prueba en los vehículos, el grupo decidió regresar al casco y esperar el día.

En la mañana siguiente, la cadena seguía allí y los que cortaban la entrada no eran tantos. La abogada Gabriela Carpineti y el equipo de la defensa debían salir para poder atender el caso judicial que había quedado en cuarto intermedio. Con un llamado a la fiscalía, la abogada garantizó que, previa revista por parte de los efectivos y mediante un cordón policial que contuviera a los empresarios piqueteros, pudieran pasar algunos autos.

“Voy a mirar, acompañame”, invitó Luis, que esa mañana vestía boina negra, campera marrón y sin barbijo, a uno de sus hermanos. “Buen día, vamos abriendo los bolsos por favor”, agregó dirigiéndose a la abogada. “No, usted no puede hacer eso, está la Justicia interviniendo. Manda la ley, no manda más el señorito del cortijo”, le respondieron. Carpineti, Directora Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, le explicó “Me quedé por los episodios de violencia de ayer, para certificar y garantizar que haya paz, porque el grupo que conducís expresa mucha violencia y ponen en riesgo al conjunto de personas que están acá, adentro y afuera. Vos no podés revisar los bolsos, vos no sos el estado”.

Mientras tanto, Sebastián Etchevehere exigía “abran los bolsos, quiero ver si está la tetera”. La policía terminó el debate solicitando que todos queden a una prudente distancia, observando. Mientras, quienes permanecían debajo del pórtico de entrada vociferaban “¡Zurdo!”, “Juera perro”.

Cumplido el control policial, los vehículos pasaron por el cordón de efectivos, entre los cuales se asomaban los ruralistas insultando: “¡váyanse ratas, no vuelvan más!”, “hasta un tatuaje tenés, la c… de tu madre”, “fuera de Entre Ríos, fuera de acá”.

La violencia verbal del grupo que comandan los Etchevehere varones ya había sido puesta se manifiesto tanto en los discursos de la concentración del miércoles, como en los audios intimidatorios que circularon ese día desde temprano. Desde el Proyecto Artigas se señala a Sergio Winitzky, cuya familia adquirió terrenos en el remate del Frigorífico Santa Elena; a Fabio Alfredo Schneider, de la Federación Agraria Argentina seccional Crespo; y a Hector Reniero, presidente de la Sociedad Rural Chajari, entre las voces de tono amenazante que convocaban para «echar a los usurpadores».