El avance K sobre la designación del nuevo Procurador se complica en Diputados

La República Argentina aun no había entrado en Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) debido a la pandemia del Covid-19 cuando el presidente Alberto Fernández envió al Senado el pliego de su postulante a la Procuración General de la Nación, Daniel Rafecas. Fue el 10 de marzo pasado. Pasaron más de ocho meses. Doscientos cincuenta y siete días. Un millón trescientas sesenta y seis mil ciento ochenta y dos personas se contagiaron de coronavirus. Treinta y seis mil novecientas dos personas murieron por la peste.

Por supuesto, ocurrieron infinidad de otros acontecimientos en el año en la que el país y el mundo aprendieron a vivir bajo crisis debido al acecho de una enfermedad todavía incurable. A escala, y vinculado a la política, un conflicto continúa como empezó bajo la «vieja» normalidad, o más bien, se profundiza durante el «nuevo» modo de vida.

El pliego de Rafecas sigue allí adonde llegó el 10 de marzo. En un cajón del Senado de la Nación. El oficialismo, que maneja con mayoría automática la Cámara alta bajo la tutela de la vicepresidenta Cristina Fernández, no convocó al candidato Rafecas ni siquiera a la primera audiencia pública para que responda preguntas referidas a su idoneidad para transformarse en el jefe de todos los fiscales. El Presidente ratificó dos veces que quiere al actual juez federal como Procurador.

La última vez que confirmó su posición fue el jueves pasado en una entrevista con la radio Futurock. En las últimas semanas, por impulso y estrategia de Elisa Carrió, parte de la oposición aceptó un diálogo con el Gobierno para sumarse a una mayoría que tal vez permitiría aprobar la postulación de Rafecas. Para elegirlo como jefe de los fiscales se necesitan los dos tercios de los votos de los senadores. Fernández (Cristina) esquiva ese consenso. Y avanza con un plan paralelo al del Presidente. El viernes pasado, la Comisión de Justicia del Senado emitió un dictamen de un proyecto de Ley que busca instaurar una especie de «revolución en las normas que rigen al Ministerio Público Fiscal. Incluida la regla que dictamina con cuántos votos se designa al Procurador General de la Nación.

En lugar de dos tercios de los legisladores de la Cámara alta, el flamante proyecto K estipula que la elección del funcionario a ocupar ese cargo se obtendría con lo la mitad más uno de lo votos de los senadores. Es decir, treinta y siete votos. El Frente de Todos tiene esa mayoría novedosa. El escenario se complejiza. Si nuevo proyecto obtiene media sanción en el Senado como desea la vicepresidenta, el plan igualmente se trabará en la Cámara de Diputados. Clarín pudo confirmar que varios jefes parlamentarios de la oposición en Diputados ya consensuaron frenar el proyecto K para la Procuración General de la Nación. A eso se suma que el propio Rafecas, en diálogo con colegas del mundo jurídico y del poder político, dejó trascender su negativa a asumir como Procurador General de la Nación si no es elegido como tal por dos tercios de los votos de los senadores. Incluso lo ratificó en mensajes en sus redes sociales. Un amplio grupo de fiscales también emitió un comunicado en contra del nuevo proyecto de Ley K para el Ministerio Público. Y la estratega de la oposición que impulsó el acercamiento con la Casa Rosada para buscar la mayoría para elegir a Rafecas, Elisa Carrió, se sumó a esta masa crítica y adelantó que continuará con su objetivo: el Procurador debe ser Rafecas, insiste.

¿Cuál es la razón por la que la vicepresidenta resiste iniciar el trámite de elección de Rafecas mientras podría buscar y seguramente encontrar los votos que le faltan para llegar a los dos tercios entre legisladores de la oposición?

¿Es una pelea personal con el Presidente?

El jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, que cuenta con la mayoría de legisladores opositores en la Cámara baja es el radical de Córdoba Mario Negri. El legislador le aseguró a Clarín que «nuestro bloque está absolutamente en contra de ese cambio de modificar la mayoría para nombrar al Procurador. El Presidente ha ratificado que quiere la candidatura de Rafecas. El Gobierno incluso ha dicho que no quiere cambiar los dos tercios. Entonces es el propio Gobierno el que debe demostrar que tiene un bloque de senadores que lo apoya. Esto es un problema más del oficialismo que de la oposición«.

Otra jefa parlamentaria de peso en Diputados, ademas experta en temas jurídicos, Graciela Camaño, también le afirmó a Clarín que «los dos tercios de los votos de los senadores para elegir al Procurador General de la Nación es lo que le garantiza la independencia necesaria. Si se votara un cambio en esa punto se estaría rompiendo una regla que rigió desde que la Constitución Nacional creó al Ministerio Público Fiscal».

Existe una duda, aun imposible de dilucidar, respecto a cómo podrían votar otros legisladores que responden al ex ministro de Economía Roberto Lavagna. Si bien en la votación del llamado «impuesto a la riqueza» apoyaron al oficialismo, ya demostraron que en otras votaciones tenían autonomía respecto a los deseos del Frente de Todos.

Camaño es una legisladora influyente en temas judiciales.

A la oposición parlamentaria se suma en esta cuestión la ideóloga del inicio del diálogo entre la Casa Rosada y la oposición para apoyar la votación de Rafecas. Es Elisa Carrió. En declaraciones a Clarín, aseguró que existe una diferencia obvia entre el Presidente y su vice respecto a Rafecas. Fernández (Cristina), según Carrió, se resiste a votar al actual juez como Procurador y por eso terminó por crear un nuevo proyecto de Ley para el Ministerio Público Fiscal.

Carrió explicó a este diario que «la ley orgánica en el Ministerio Público fue redactada y construida entre todos los legisladores en su momento. Y creo que la votación en Diputados fue casi unánime. Justamente, porque entendimos que para que el Procurador tenga estabilidad en su puesto debe ser elegido con consenso entre oficialismo y oposición«.

La ex diputada y fundadora de Cambiemos, como suele hacer, azuzó al resto de los opositores: «La oposición no sabe anticipar las jugadas predecibles de Cristina Kirchner. Es por eso que hace seis meses digo que el Procurador debe ser Rafecas: es porque no es el candidato de Cristina«. Y agregó: «Lo que pasó es que ahora se le dio tiempo a ella (por Cristina) para intentar cambiar la Ley del Ministerio Público Fiscal. Pero esto, en el fondo, no modifica en nada a la posible elección de Rafecas. Si la oposición le da el acuerdo, y la propuesta sigue, lo importante es que el Procurador sea elegido por consenso. Aun con mayoría simple se podría lograr juntar los votos en favor de Rafecas con el consenso de la oposición. Los senadores deben aceptar esta propuesta porque es del Presidente de la República».

Tanto Carrió como Camaño coinciden en señalar una coherencia histórica.

Según el artículo quinto de la Ley Orgánica del Ministerio Público, número 24.946, votada en 1998, tanto el defensor General de la Nación como el Procurador General de la Nación «serán designados por el Poder Ejecutivo nacional con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes«.

La Ley 27.148 del año 2015, también referida al Ministerio Público, también estipula que el Procurador «será designado por el Poder Ejecutivo nacional con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes».

La probable votación del posible proyecto de Ley K para la Procuración General, que aun no sancionada por el Senado, podría debatirse en una Cámara de Diputados en período de sesiones extraordinarias (en ese caso, con temario propuesto por el Poder Ejecutivo), o en una prórroga de las ordinarias. La Casa Rosada ya anunció que su prioridad es el debate por la legalización de la interrupción voluntaria del embarazado.

Todo puede pasar en política, pero no parecería ser el tiempo de discusión, al menos en Diputados, sobre cómo debe elegirse un Procurador General.

Alberto Fernández ya postuló a Rafecas.

Parte de la oposición lo avala.

La vice, según se desprende de sus actos, no.

Extraño 2020, año de la peste y de enigmas irresueltos y muy singulares en la política nacional.